La corrupción es el principal problema que afronta el país, porque los gobernantes y funcionarios públicos se acostumbraron a saquear los recursos públicos, sin asumir consecuencias. Este flagelo no se detiene, porque la Contraloría y la Procuraduría que fueron instituidas para vigilar y controlar a los funcionarios públicos y la ejecución presupuestal, no cumplen con sus obligaciones, prevaricando por omisión en el cumplimiento de sus funciones. Estas entidades fueron politizadas y tanto contralores como procuradores son elegidos por políticos y gobernantes deshonestos, que se blindan contra cualquier investigación y así poder obtener impunidad para sus ilícitos.
A nivel nacional son innumerables los casos donde se apropiaron ilícitamente de billones o miles de pesos del erario, sin castigo para los delincuentes. Saludcoop, Reficar, Odebrecht, Hidroituango y Mintic por solo mencionar los más recientes, corroboran la afirmación anterior.
A nivel departamental, desde hace más de 20 años los gobernantes de Armenia y el Quindío, se dedicaron al lucro personal. El enriquecimiento ilícito de Amparo Arbeláez Escalante, Sandra Paola Hurtado y el latrocinio de valorización de Luz Piedad Valencia, son los casos más relevantes; donde los contralores y procuradores fueron cómplices de estos graves delitos.
Casi siempre los hechos de corrupción son descubiertos y denunciados por ciudadanos o periodistas valerosos, como acaba de pasar con el caso de los $70.000 millones del Ministerio de Comunicaciones. Porque los organismos de control pasan de agache y se tapan los ojos, los oídos y la nariz, para no ver, oír y oler tanta podredumbre.
Para distraer la atención algunas veces hacen shows mediáticos inocuos, como el que hicieron hace más de un año Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, contra 10 alcaldes del país por gravísimos hechos de corrupción, a los que suspendieron y supuestamente dictarían medida de aseguramiento, -entre ellos al alcalde de Armenia, al que le imputaron 4 delitos-; pero que terminaron en un chorro de babas, porque a la fecha no hay resultados.
La Contralora de Armenia hace 6 meses hizo anuncios de graves hallazgos sobre daño al patrimonio público en la Administración de Oscar Castellanos, por una refinanciación de la deuda del municipio en el 2019, que la lleva a pagar casi el doble de lo que debía pagar sin refinanciación. Tampoco ha sido capaz de establecer claridad sobre las cuentas de valorización y determinar el faltante total. Todo porque no hace cumplir la obligación legal de realizar de manera permanente y oportuna las conciliaciones bancarias y presupuestales. Por eso el desorden financiero, que impide saber cuánto ingresó y egresó y porqué concepto, y cuanto es el debido cobrar. Sin que se conozcan las sanciones por estas omisiones y onerosas decisiones.
Finalmente, la Superintendencia de Salud presentó 54 hallazgos fiscales, administrativos y financieros, que demuestran el caos y el desorden administrativo por la ineptitud e incompetencia del gerente del Hospital La Misericordia de Calarcá, que provocaron su cierre. Sin que el Contralor del Quindío, el caldense Luis Fernando Márquez, que parece un fantasma porque no se ve, ni su gestión, haya hecho algo para corregir este descomunal desgreño administrativo y financiero. Le gusta practicar el lesseferismo (dejar hacer dejar pasar). Se comenta que está haciendo méritos para que su jefe político el senador Mario Castaño lo haga elegir Contralor de Armenia en enero del año entrante.
La corrupción solo podrá ser atacada y combatida eficazmente, cuando un congreso diferente, independiente y autónomo, apruebe la elección de contralores y procuradores sin la intervención de la clase politiquera; mediante un estricto concurso de meritos realizado por universidades privadas de reconocida solvencia moral, que no entreguen o vendan los exámenes a alcaldes, gobernadores o políticos inescrupulosos.
Por: Gilberto Zaraza Arcila
Foto: eje21.com.co/
