Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)
En Colombia hemos perfeccionado una forma superior de alquimia institucional: convertir
herramientas diseñadas para el desarrollo en mecanismos extraordinariamente eficaces
para recaudar sin transformar. El catastro multipropósito —esa pieza elegante de la teoría
estatal, concebida para ordenar el territorio, equilibrar cargas y dignificar la planificación— ha encontrado en ciertos territorios su verdadera vocación: producir mapas impecables que respalden cobros cada vez más impagables. La teoría habla de desarrollo; la práctica, de facturación.
En el Quindío, con Armenia como vitrina involuntaria, la modernización llegó con la
precisión de un bisturí y el efecto de un martillo. Avalúos que saltan 500%, 800%, 1000%.
Una hazaña técnica, sin duda. Un pequeño detalle: esos porcentajes no caben en la
economía real de quienes habitan el territorio, pero encajan perfectamente en la lógica
del recaudo. La ecuación es tan simple que resulta sospechosamente pedagógica: sube el
avalúo, sube el predial, crece el presupuesto. El desarrollo —ese invitado recurrente en los
discursos— puede esperar sentado.
En esta coreografía aparece un actor que merece mención: MASORA, entidad encargada
de adelantar los estudios del catastro multipropósito en varios municipios del
departamento, cuya presencia se extiende por territorios como Calarcá, Quimbaya,
Montenegro y Filandia, entre otros. La virtud más visible de este proceso no es solo su
cobertura, sino su velocidad. Porque nada expresa mejor la profundidad de un estudio
territorial que su ejecución en tiempo récord. Se mapea, se actualiza y se factura con una
eficiencia admirable. El territorio queda perfectamente dibujado; la vida de quienes lo
habitan, no necesariamente mejorada.
El resultado no es técnico, es social. Aumentos desbordados del avalúo, incrementos
exagerados del impuesto predial, presión directa sobre pequeños y medianos
propietarios. Familias que han vivido generaciones en su tierra descubren que ahora
habitan una mina de oro… para efectos del Estado. El problema es que esa mina no
produce liquidez, sino obligaciones. El fenómeno tiene un nombre elegante:
desplazamiento económico indirecto. En términos más sencillos: si no puede pagar,
venda; o endéudese hasta desaparecer. Mientras tanto, el turismo hace lo suyo: valoriza
la tierra, encarece el territorio y convierte el suelo en activo financiero. El resultado es un
desfase brutal entre el valor del predio y la capacidad de pago de quien lo habita. Pero
tranquilos: todo está técnicamente sustentado.
Aquí aparece la gran paradoja. Los municipios recaudan más, mucho más, pero la realidad
urbana y social no mejora en la misma proporción. Más presupuesto, más desorden, más
inseguridad, más desigualdad, más inequidad. Una innovación notable: expansión fiscal sin desarrollo. El catastro prometía ordenar el territorio; lo que vemos es que ordenó el
cobro. La ciudad puede recaudar como metrópoli sin ofrecer servicios de metrópoli, y el
ordenamiento territorial logra el milagro inverso: más orden en las cifras y más desorden
en las calles.
Y entonces la escena se completa. Los contratistas, diligentes, convierten el presupuesto
en flujo. Los intermediarios, creativos, convierten decisiones en oportunidades. Y el
gobernante en la sombra —ese que no necesita firma ni cargo— dirige la obra con la
serenidad de quien sabe que el poder no siempre se ejerce desde el escritorio visible. El
alcalde firma; el sistema decide. El resultado es un modelo funcional donde el recaudo
crece, la contratación se expande, los recursos circulan y el desarrollo se pospone
indefinidamente. Porque, al final, el territorio no es el beneficiario central: es el escenario.
Se dirá que exageramos, que es necesario actualizar, que el Estado necesita recursos.
Todo cierto. Pero la pregunta sigue intacta: ¿dónde está el retorno social de ese recaudo?
Porque si la ciudad sigue igual —o peor—, si el campesino no puede sostener su tierra, si
la desigualdad se profundiza, entonces el problema no es técnico. Es político. El catastro
multipropósito no fracasó; funciona perfectamente. Recauda, presiona, reconfigura y
alimenta un sistema donde los apropiadores de lo público encuentran en la modernización
una oportunidad extraordinaria.
No estamos ante un error del modelo. Estamos ante su uso más eficiente… para fines
distintos a los que promete. Y por eso, la pregunta final no es ingenua, es urgente:
¿estamos ordenando el territorio para el desarrollo… o estamos organizando el desarrollo
para el festín?
(*) Magister en Ciencias Políticas
Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
Investigador en historia política y comportamiento electoral.
