Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)
VII. La construcción de una cultura del poder
Las democracias no cambian únicamente cuando se reforman sus constituciones o se modifican las leyes que regulan el funcionamiento del Estado. También cambian cuando se transforma la manera como el poder es comprendido, representado y ejercido por quienes participan en las instituciones públicas. Entre la arquitectura jurídica de una república y la práctica cotidiana de sus organizaciones existe un espacio ocupado por la cultura política. Es allí donde se configuran los hábitos, los lenguajes, los códigos de autoridad y las formas de relación que terminan dando contenido efectivo a las normas constitucionales.
Esta dimensión cultural explica por qué los símbolos poseen una importancia que excede ampliamente la comunicación política. Considerados aisladamente, un gesto, una consigna, una ceremonia o una imagen constituyen recursos de representación. Sin embargo, cuando esos elementos comienzan a repetirse de manera sistemática, a ser compartidos por los integrantes del gobierno y a orientar la vida cotidiana de las instituciones, dejan de ser simples instrumentos expresivos. Se convierten en componentes de una cultura del poder.
La cultura del poder puede entenderse como el conjunto de prácticas, valores, lenguajes, expectativas y representaciones mediante los cuales una organización política define qué significa ejercer autoridad, cómo deben relacionarse gobernantes y funcionarios, cuáles comportamientos expresan pertenencia institucional y qué formas de liderazgo son consideradas legítimas. Ninguna administración comienza desde cero. Toda estructura estatal posee tradiciones administrativas, procedimientos consolidados y hábitos de funcionamiento que proporcionan continuidad al ejercicio del poder. Cada nuevo gobierno interactúa con esa herencia institucional, modifica algunos de sus componentes y deja, a su vez, una impronta para quienes lo sucederán.
En consecuencia, el verdadero alcance de un liderazgo no debe medirse exclusivamente por las decisiones adoptadas durante su mandato. Debe evaluarse también por su capacidad para influir sobre la cultura institucional que sobrevive a esas decisiones. Las reformas legales pueden ser derogadas; las políticas públicas pueden ser sustituidas; incluso las mayorías electorales cambian con el tiempo. Las transformaciones culturales, en cambio, suelen desplegar efectos mucho más prolongados porque modifican la manera como las instituciones comprenden su propia función y la forma como la sociedad interpreta el ejercicio de la autoridad.
Douglass North sostuvo que las instituciones no están constituidas únicamente por reglas formales, sino también por restricciones informales, convenciones y pautas culturales que orientan el comportamiento colectivo. Desde esta perspectiva, la estabilidad de un sistema político depende tanto de sus normas escritas como de los hábitos mediante los cuales esas normas son interpretadas y aplicadas. El cambio institucional, por tanto, suele comenzar mucho antes de que se produzcan reformas constitucionales: aparece cuando cambian las prácticas que dan vida a las instituciones.
Esta comprensión coincide con la tradición del nuevo institucionalismo, según la cual las organizaciones no solo reproducen reglas formales, sino también lógicas de comportamiento, rutinas, identidades y culturas compartidas que terminan definiendo su propia naturaleza institucional (March y Olsen, 1989; Selznick, 1957). ¹ ²
Aplicado al objeto de este ensayo, este enfoque permite comprender que la construcción simbólica del liderazgo no termina cuando una campaña concluye ni cuando un presidente toma posesión del cargo. El proceso adquiere una nueva dimensión cuando los códigos asociados a ese liderazgo comienzan a incorporarse a la cultura cotidiana del Ejecutivo. La reiteración de determinadas expresiones, la adopción de gestos comunes, la uniformidad en la comunicación pública y la reproducción de una misma narrativa generan una identidad organizacional que trasciende la figura individual del gobernante.
No se trata de un fenómeno necesariamente excepcional. Todos los gobiernos desarrollan culturas organizacionales propias. Lo relevante es identificar el momento en que esa cultura deja de operar exclusivamente como mecanismo interno de coordinación administrativa y comienza a proyectarse sobre el conjunto de las instituciones estatales. La intensidad de esa proyección dependerá de múltiples factores: la duración del gobierno, la fortaleza de los contrapesos, la autonomía de la burocracia profesional, la independencia judicial y la capacidad de la sociedad civil para preservar espacios de deliberación autónoma.
En este punto resulta igualmente pertinente recordar que la calidad de una democracia depende no solo de la fortaleza de sus instituciones formales, sino también de la cultura política compartida por quienes gobiernan y por quienes son gobernados. Como demostraron Gabriel Almond y Sidney Verba, las orientaciones culturales de una sociedad condicionan profundamente el funcionamiento efectivo de sus instituciones democráticas.³
Notas al pie propuestas
- James G. March y Johan P. Olsen distinguen entre la lógica de las consecuencias y la lógica de la adecuación. Mientras la primera explica las decisiones como resultado de cálculos estratégicos, la segunda muestra que los actores suelen comportarse conforme a identidades, rutinas y expectativas institucionales previamente interiorizadas. Esta perspectiva resulta especialmente útil para comprender cómo un liderazgo puede proyectarse sobre la cultura organizacional sin necesidad de modificar el orden jurídico.
- Philip Selznick introdujo el concepto de institucionalización para explicar el proceso mediante el cual las organizaciones adquieren identidad propia a través de valores, prácticas y compromisos compartidos. Desde esta perspectiva, una organización deja de ser un simple instrumento administrativo para convertirse en una institución dotada de cultura, continuidad y sentido propios.
- Gabriel Almond y Sidney Verba demostraron que el funcionamiento de la democracia depende tanto de las instituciones formales como de la cultura política compartida por gobernantes y ciudadanos. Su concepto de cultura cívica permite comprender que los cambios simbólicos y organizacionales pueden producir transformaciones institucionales significativas sin necesidad de reformas constitucionales.
(*) Magister en Ciencias Políticas
- Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
- Investigador en historia política y comportamiento electoral
