Editorial 226: Las urnas le pasaron la cuenta a Trump. ¿Y quién se la pasa a ADLE?

Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)

La democracia estadounidense tiene una virtud que fastidia a sus presidentes: cada dos años vuelve a abrir las urnas y les recuerda que ganar la Casa Blanca no significa comprar el Congreso a perpetuidad. Donald Trump regresó al poder en 2024 con 312 votos del Colegio Electoral, 220 representantes republicanos contra 215 demócratas y un Senado de 53 republicanos frente a 47 integrantes del bloque demócrata; 27 gobernaciones, frente a 23 de los demócratas. El 3 de noviembre de 2026, apenas dos años después, la oposición, es decir, el P. Demócrata, obtuvo el control de ambas cámaras. En Senado: 44 Republicanos; 52 Demócratas; 2 otros partidos; 2 curules pendientes de adjudicación. En la Cámara de Representantes: 164 Republicanos; 254 Demócratas, faltan 17 curules por decidir, según las adjudicaciones de Associated Press, aún distintas de la certificación oficial de todos los escrutinios.

No cayó el presidente: cambió la distribución del poder. Y esa diferencia, que parece de elemental educación constitucional, suele perderse entre los triunfalismos de unos y los lamentos de otros.

La historia enseña que las elecciones de mitad de mandato no son un capricho estadístico. Son la oportunidad de que una ciudadanía, sin destituir al gobernante, modifique los límites de su actuación. También son un recordatorio menos solemne: a los electores se les puede convencer una vez con promesas, pero después llegan los recibos del supermercado, el precio de la gasolina, las facturas de salud y los costos de la guerra. Entonces la retórica descubre que no tiene descuento en la caja registradora.

Las cifras oficiales de la Comisión de Asistencia Electoral (EAC) revelan que la participación ha sido tan cambiante como las mayorías. En las presidenciales de Barack Obama votó el 62,8 % de los ciudadanos en edad de sufragar en 2008 y el 59,7 % en 2012; en las legislativas intermedias de 2010 participó el 42,6 % y en 2014 apenas el 37,2 %. Bajo Trump, la presidencial de 2016 registró el 61,0 % y la legislativa de 2018 el 52,0 %. En 2020, cuando fue elegido Joe Biden, la participación llegó al 67,7 %; dos años después retrocedió al 46,8 %. Finalmente, en 2024 votó el 64,7 %. La tasa nacional definitiva y homogénea de 2026 aún no está certificada. La serie utiliza población ciudadana en edad de votar y presenta advertencias metodológicas en algunos años.

Participación electoral federal, 2008–2026 (EAC, % de CVAP)

El salto de 37,2 % en 2014 a 52,0 % en 2018 —14,8 puntos— demuestra que una elección intermedia puede movilizar millones de personas adicionales cuando la controversia política se vuelve significativa. Pero también desmonta una interpretación fácil: menos participación no significa necesariamente más indiferencia, así como más participación no certifica adhesión ideológica permanente. En Estados Unidos votar no es obligatorio. Los partidos compiten tanto por persuadir como por llevar a sus simpatizantes a la urna. Y una victoria entre quienes votaron no equivale a conquistar la confianza de quienes se quedaron en casa.

El resultado de 2026 admite, al menos, cuatro lecturas que deben caminar juntas. La descriptiva registra el desplazamiento de las mayorías congresionales y los cambios en gobernaciones de estados antes republicanos; no los convierte, sin pruebas, en una mudanza definitiva de la identidad nacional. La interpretativa observa la evaluación retrospectiva del gobierno: Reuters documenta el malestar por el costo de vida, los aranceles y la guerra con Irán. La subjetiva reconoce que castigar a los republicanos no equivale a enamorarse de los demócratas: un voto puede ser adhesión, resignación, protesta o exigencia de contrapesos. La contextual recuerda que no vota una nación uniforme: compiten regiones industriales, grandes metrópolis, suburbios, territorios agrícolas y comunidades con intereses diferentes. Las cifras agregadas no permiten saber por sí solas cuántos ciudadanos cambiaron de partido y cuántos simplemente dejaron de participar.

El impacto alcanza a Trump, aunque no lo expulsa de la Casa Blanca. El Congreso decide sobre leyes y apropiaciones presupuestales, puede investigar a funcionarios y, en el Senado, intervenir en nombramientos y tratados según sus reglas constitucionales. Trump conserva, no obstante, el veto y amplias atribuciones ejecutivas, especialmente en política exterior. Una mayoría demócrata no puede borrar por decreto una Presidencia republicana, pero sí puede obligarla a justificar costos, negociar recursos y rendir cuentas. Las urnas no cambiaron al comandante en jefe; cambiaron a quienes revisarán parte de sus cuentas.

En Europa, ese nuevo equilibrio será observado desde la guerra de Ucrania, la OTAN y la seguridad energética. En Asia, desde la rivalidad comercial y tecnológica con China y las garantías a los aliados. En Oriente Medio, desde Israel, los países del Golfo y una guerra con Irán cuyo costo financiero y humano reclama controles verificables. Reuters advierte que el nuevo Congreso tendrá mayor capacidad de fiscalización y presupuestación, no la dirección automática de la diplomacia ni de las operaciones militares. Confundir esas competencias sería tan cómodo como falso.

América Latina tampoco recibe un giro diplomático por arte de magia. México seguirá dependiendo de un entramado económico y fronterizo cuya complejidad no cabe en la consigna de ningún partido; Centroamérica seguirá enfrentando las disputas migratorias; el Caribe y Suramérica, las sanciones, la seguridad y los negocios. Pero los gobiernos que confundieron la relación con Estados Unidos con una fotografía junto a Trump tendrán un problema adicional: la Casa Blanca no es todo Washington. La política exterior es también Congreso, comités, presupuestos, agencias y normas.

Colombia, y particularmente el gobierno de ADLE, ofrece la prueba más cercana de esa confusión posible. Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia en agosto con el respaldo político de Trump y con una agenda explícita de acercamiento en seguridad. El Servicio de Investigación del Congreso registra que la administración estadounidense anunció su intención de trabajar con el Capitolio para proporcionar US$1.000 millones de cooperación. Anunciar no es aprobar; aprobar no es desembolsar. El mismo informe registra una solicitud presupuestal de al menos US$87 millones para Colombia en el ejercicio 2027, distinta de aquel anuncio general. Quien confunda las dos cifras habrá comenzado por contabilizar recursos que todavía no tiene.

La relación bilateral no es pequeña ni decorativa. Según la Oficina del Representante Comercial estadounidense, los intercambios de bienes y servicios entre los dos países sumaron alrededor de US$54.400 millones en 2025, un 5,5 % más que en 2024. Son exportadores, trabajadores, empresas, familias y cadenas productivas que existen más allá del temperamento de los presidentes. Precisamente por eso, su cuidado exige diplomacia de Estado y no militancia de ocasión.

El riesgo para ADLE no consiste en que los congresistas demócratas profesen otra ideología. Consiste en haber apostado buena parte de su capital diplomático a una amistad presidencial cuando los presupuestos, las condiciones de asistencia y la supervisión pasan por una institución ahora dirigida por la oposición. La cercanía con Trump no es en sí una falta diplomática; convertirla en sustituto de la interlocución bipartidista sería un error. Y si el gobierno espera cooperación para combatir organizaciones criminales y atender las obligaciones derivadas de la reconstrucción tras el terremoto de agosto, más razón tiene para hablar con todos los centros de decisión, no solamente con los huéspedes de turno de la Casa Blanca.

Hay una ironía mayor. En Estados Unidos, el elector volvió a las urnas para recordar que ningún poder dispone de un cheque en blanco. En Colombia, algunos podrían interpretar la política internacional como si bastara con tener el teléfono del presidente amigo. Pero las democracias no se administran por amistad ni los tratados comerciales sobreviven por simpatía personal. Se sostienen con instituciones, acuerdos verificables y capacidad de negociar incluso con quienes piensan distinto.

Las elecciones de 2026 no prueban que Estados Unidos haya dejado de ser conservador, ni que los demócratas hayan conquistado una adhesión definitiva. Demuestran algo más preciso: dos años después de una victoria presidencial republicana, una parte suficiente del electorado modificó el equilibrio del Congreso. Esa es la fuerza y también el límite del dato. Para Trump significa gobernar con contrapesos más exigentes; para el mundo, negociar con una superpotencia de poder dividido; para América Latina, abandonar la fantasía de una Washington de una sola voz.

Al final, las urnas tienen una virtud que los poderosos suelen olvidar: no se arrodillan ante el gobernante de turno ni conceden escrituras de propiedad sobre el poder. En Estados Unidos, los ciudadanos le pasaron la cuenta de cobro a Trump cuando apenas llevaba dos años de su segundo mandato. Y aquí, en Colombia, ADLE parece empeñado en imitar sus posturas autoritarias, sus desplantes, su personalismo y esa manera de ejercer la autoridad como si el Estado fuera una prolongación del propio ego. Mientras tanto, su gobierno propone elevar al 19 % el IVA de numerosos productos de consumo cotidiano, una decisión que amenaza con encarecer la vida de las clases medias y los hogares más vulnerables, pese a las compensaciones anunciadas. Y a quienes perdieron sus viviendas, sus negocios y buena parte de su existencia en el terremoto de agosto de 2026, las cifras millonarias de la reconstrucción todavía les exigen una pregunta elemental: ¿cuánto dinero ha llegado realmente, dónde se ha invertido y cuándo se traducirá en soluciones concretas? Porque, las familias damnificadas no reconstruyen sus casas con discursos, ni pagan el mercado con promesas, ni levantan sus negocios con fotografías presidenciales.

Si en 2026 los estadounidenses le pasaron la cuenta de cobro a Trump, ¿qué juicio político harán los colombianos sobre ADLE en las urnas de 2027?

Tal vez entonces se recuerde que los aplausos no alimentan, la soberbia no reemplaza la inteligencia de gobernar y los milagros anunciados no reconstruyen las vidas, las casas, y los negocios que el terremoto dejó entre los escombros.

(*) Magister en Ciencias Políticas

• Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
• Investigador en historia política y comportamiento electoral