Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)
En Colombia hemos descubierto una nueva modalidad de salvación nacional: para proteger la historia, primero hay que retirarla de las vitrinas. No se trata de corregir una fecha equivocada, restaurar un lienzo deteriorado o discutir un relato histórico. Se trata de decidir qué recuerdos merecen permanecer a la vista del público y cuáles deben pasar al cuarto de los trastos ideológicos. Al parecer, la patria corre peligro cuando un museo exhibe sus contradicciones; quizá por eso algunos prefieren una nación sin preguntas, limpia como una sala recién pintada y tan silenciosa como un archivo cerrado por inventario.
El 15 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella anunció, desde el Ministerio de Cultura, una «contrarrevolución cultural». No es un calificativo inventado por sus críticos: es el nombre que el propio Gobierno escogió para su empresa. La misión, según la explicación oficial, consistiría en recuperar valores tradicionales, proteger el patrimonio y librar los espacios culturales de la ideología. Muy bien. Pero, ¿quién expide el certificado de tradición? ¿A qué año debemos regresar para encontrar una Colombia químicamente pura de diferencias? ¿A 1886, cuando los derechos cabían en un molde estrecho? ¿A 1957, cuando las mujeres apenas estrenaban en las urnas una ciudadanía largamente negada? ¿O a un pasado imaginario donde todos pensaban igual porque muchos no podían hablar?
El enemigo escogido tiene nombre extranjero y elasticidad de chicle: el «wokismo». En su origen, woke significaba mantenerse alerta frente al racismo y la injusticia; hoy, en la refriega política, sirve para meter en un mismo costal al feminismo, las políticas de diversidad, el lenguaje inclusivo, ciertas teorías universitarias y cualquier ocurrencia que irrite al guardián de los valores. Hay, por supuesto, excesos merecedores de crítica: la censura social, la condena sin debido proceso, la pretensión de convertir el desacuerdo en delito moral, el narcisismo de algunas identidades políticas. Pero una cosa es discutir esos excesos y otra muy distinta declarar sospechosos los derechos de quienes reclaman un lugar en la mesa. El bisturí intelectual sirve para distinguir; el garrote ideológico, para amontonar.
La primera gran lección práctica llegó del Museo Nacional. Más de treinta piezas fueron retiradas de varias salas: materiales relacionados con las luchas feministas y LGBTIQ+, la violencia política, los asesinatos de dirigentes y la memoria del proceso de paz. Entre los objetos cuya salida se documentó figuran referencias a la Séptima Papeleta y el llamado balígrafo asociado a la firma del Acuerdo de Paz de 2016. La ministra Paola Holguín defendió los retiros porque, en su criterio, ciertos contenidos suponían adoctrinamiento y ofrecían versiones sesgadas de la historia. Los críticos denunciaron una operación de borrado de la memoria colectiva. Dos interpretaciones enfrentadas, sí; pero una realidad material que ninguna interpretación puede esconder: había objetos expuestos y dejaron de estarlo.
¿Mostrar a Carlos Pizarro en la historia nacional significa canonizar a la guerrilla? ¿Exhibir un testimonio de la Unión Patriótica equivale a convertir un museo en comité político? ¿Recordar las movilizaciones de las mujeres significa obligar al visitante a hacerse feminista? ¿Un balígrafo tiene militancia? La historia no es un concurso de simpatías. Una vitrina puede mostrar simultáneamente el crimen, la reconciliación, la violencia y la disputa por su interpretación. Precisamente por eso existen historiadores, curadores, archivos y debate público: para que el pasado no dependa de los reflejos ideológicos del gobernante de turno. Un museo donde solo se exhibe lo que el poder aprueba corre el riesgo de dejar de ser museo y convertirse en oficina de relaciones públicas con piezas antiguas.
El asunto fue más allá de la indignación de las redes. El 19 de octubre, el Juzgado 24 de Familia de Bogotá, al admitir una tutela, ordenó preservar las piezas retiradas y abstenerse de nuevos desmontajes por su contenido sin justificación administrativa mientras se decide de fondo. No es una sentencia definitiva de censura ni una absolución de nadie: es una medida cautelar. Pero basta para plantear un interrogante: ¿por qué una controversia museográfica terminó necesitando la intervención preventiva de un juez? ¿Dónde quedaron los procedimientos técnicos, la deliberación curatorial y la autonomía de las instituciones? ¿No resulta llamativo que una cruzada anunciada en nombre de la libertad cultural tenga que ser contenida, provisionalmente, para proteger esa misma libertad?
El Gobierno también anunció que quiere llamar nuevamente a la cartera Ministerio de Cultura y Patrimonio y otorgar especial atención a iglesias, conventos, archivos eclesiásticos, música sacra y manifestaciones religiosas. Es justo reconocerlo: ese patrimonio es parte esencial de la historia colombiana y merece conservación. El problema comienza cuando el reconocimiento de una herencia se confunde con el monopolio de una identidad. La nación católica existe; también existen la indígena, la afrodescendiente, la evangélica, la judía, la musulmana, la agnóstica y la que no necesita invocar a Dios para ejercer su ciudadanía. ¿Puede el Estado cuidar un convento sin convertirlo en brújula obligatoria de todas las conciencias? Desde luego. ¿Puede defender una procesión y una expresión artística crítica de la religión con el mismo celo? Esa es la verdadera prueba.
Porque Colombia no es una finca doctrinaria, aunque algunos sueñen con administrarla como si tuviera un solo dueño y una sola capilla. La Constitución de 1991 reconoce el pluralismo, protege la igualdad, la libertad de conciencia, la libertad religiosa y la expresión, y obliga al Estado a promover el acceso a la cultura. No dice que los ciudadanos deban compartir el credo, la moral íntima o la sensibilidad estética de quien ganó las elecciones. Gobernar es obtener autoridad para administrar instituciones dentro de límites constitucionales, no recibir una escritura pública sobre el alma de los colombianos. ¿En qué momento defender la familia pasó a significar que solo una forma de familia merece ser escuchada? ¿Quién designó a un ministerio como notario de la moral nacional?
La composición del Gobierno ayuda a entender que esto no es apenas un exabrupto de discurso. Viviane Morales, primera ministra de Educación de esta administración, cuestionó en agosto lo que llamó una campaña woke en la educación sexual y anunció revisiones de materiales escolares. Tras su salida del Ministerio, asumió Ilva Myriam Hoyos Castañeda, designada en septiembre. La actual ministra solicitó iniciar el trámite para derogar la Resolución Conjunta 1350 de 2026, que estableció la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026–2035. La derogación no se ha consumado por el solo hecho de pedirla. La cartera alega objeciones jurídicas y preocupaciones sobre la autonomía escolar y el papel de los padres. Esas objeciones merecen debate. Pero también lo merece la pregunta que se ha querido dejar en la última fila: ¿qué derechos y qué información recibirán los estudiantes mientras se libra esta batalla?
¿Debe una familia participar en la educación de sus hijos? Sin duda. ¿Puede una escuela imponer una catequesis progresista, conservadora o de cualquier otro color? No debería. ¿Puede, en cambio, renunciar a prevenir el abuso sexual, la violencia de género, los embarazos no deseados o el acoso porque el tema resulta incómodo? Tampoco. El derecho de los padres no borra los derechos de los niños y adolescentes, así como la responsabilidad del Estado no autoriza la pedagogía del sermón único. Si una política tiene defectos jurídicos, que se corrijan con argumentos y garantías. Lo que no puede hacer una reforma educativa es confundir el silencio con inocencia. La ignorancia nunca ha sido un método anticonceptivo ni una estrategia contra la violencia.
Hay aquí una ironía que merecería concurso nacional. El propio Ministerio de Educación informó el 13 de octubre, como diagnóstico de lo que recibió, que 1.587.248 niños y jóvenes de cinco a dieciséis años estaban fuera del sistema educativo y que la matrícula había disminuido en 421.142 estudiantes frente a 2025. Son cifras presentadas por el Gobierno, cuyas causas y responsabilidades deben investigarse, no distribuirse por decreto entre culpables cómodos. Pero precisamente por su gravedad obligan a ordenar las prioridades. Si tantos menores están por fuera de la escuela, ¿la urgencia es disputar cada pronombre o llevarlos nuevamente a un pupitre? ¿Habrá contrarrevolución pedagógica contra la deserción, la pobreza rural y las aulas vacías? ¿O la batalla cultural tiene más megáfonos que maestros?
Tampoco conviene absolver retrospectivamente a los gobiernos anteriores. Durante el mandato de Gustavo Petro hubo una voluntad expresa de reorganizar el lenguaje institucional y ampliar la representación de sectores históricamente invisibilizados. Reconocer la diversidad es una finalidad defendible; creer que cambiar un rótulo equivale a transformar una realidad, bastante menos. Una palabra añadida al nombre de un ministerio no construye por sí sola una biblioteca rural, no paga una escuela de música ni preserva un archivo municipal. Si el progresismo confundió a veces el reconocimiento simbólico con la solución material, debe responder por esa distancia. Pero la réplica conservadora tampoco adquiere profundidad por retirar palabras, cuadros o memorias que le resultan molestas. Cambiar un dogma por otro no es pluralismo: es alternancia en el púlpito.
La política de opinión conoce bien este negocio. Un escándalo cultural cabe entero en un video de veinte segundos; una evaluación educativa exige leer cientos de páginas. Una frase sobre ideología de género viaja con la velocidad del chisme; un diagnóstico sobre desigualdad territorial necesita paciencia, series históricas y presupuesto. En las redes, la indignación es combustible gratuito y la complejidad paga peaje. A un lado le resulta rentable presentar a todos los conservadores como enemigos de los derechos; al otro, retratar a cada defensor de la diversidad como conspirador contra los niños. ¿Quién gana cuando el ciudadano deja de ser interlocutor y pasa a convertirse en miembro de una tribu indignada? ¿Quién hace caja política con la furia ajena?
Conviene recordar una cifra que ningún entusiasmo presidencial debería borrar. Según los escrutinios divulgados tras la segunda vuelta de junio, De la Espriella obtuvo 12.960.166 votos e Iván Cepeda 12.708.312: una diferencia de 251.854 sufragios. La victoria otorga legitimidad democrática para gobernar. No concede, sin embargo, un mandato unánime sobre la memoria histórica ni autoriza a considerar extranjera a la otra mitad política del país. ¿Desde cuándo ganar una elección significa ganar también el derecho a definir lo que puede pensar quien no votó por el vencedor? Los museos, las escuelas y las bibliotecas públicas no son botín electoral. Son espacios donde también deben caber las preguntas del derrotado.
Y hay otra paradoja: mientras se anuncia una batalla decisiva por la cultura, el proyecto de presupuesto sectorial radicado para 2027 preveía 706.196 millones de pesos para el Ministerio, frente a 1.001.388 millones aprobados en 2026, una disminución propuesta del 29,5 %. El dato corresponde al proyecto presentado y no debe confundirse automáticamente con una apropiación definitiva. Aun así, deja una pregunta digna de calendario ministerial: ¿la cultura es tan importante que merece una contrarrevolución, pero tan secundaria que puede enfrentar menos recursos? ¿Se pretende salvar el patrimonio con discursos de sobremesa, arengas y la escoba que retira exposiciones? ¿Cuánto cuesta una restauración y cuánto rinde, electoralmente, una prohibición?
El debate, en últimas, no enfrenta a los que tienen valores contra quienes carecen de ellos. Enfrenta concepciones rivales de la libertad, la identidad y el papel del Estado. Una democracia no tiene por qué aceptar el chantaje de que criticar una política identitaria equivale a odiar a las minorías. Tampoco debe aceptar el chantaje inverso: que defender la pluralidad sea una enfermedad ideológica o una amenaza contra la patria. Los excesos del wokismo merecen discusión sin inquisidores de ocasión; los excesos del antiwokismo, también. ¿Quién vigila al vigilante de la corrección política? ¿Y quién vigila al nuevo vigilante de la incorrección, que parece reclamar para sí la facultad de corregir hasta los recuerdos?
Lo verdaderamente inquietante no es que un gobierno tenga una orientación cultural. Todos la tienen, incluso cuando presumen de no tenerla. Lo inquietante sería que la orientación se convirtiera en criterio único para decidir qué merece fondos, exhibición, estudio o reconocimiento. La historia de Colombia contiene conquistadores y resistencias indígenas, iglesias y anticlericales, guerrillas y víctimas de guerrillas, militares y víctimas de agentes estatales, familias tradicionales y familias diferentes. Nada de eso desaparece porque una oficina retire una fotografía. La realidad tiene la mala costumbre de sobrevivir a los decretos y la memoria, por fortuna, suele escaparse de los depósitos.
De modo que sería oportuno cambiar por un instante el tono de la homilía patriótica por el del examen ciudadano. ¿Cuál es el diagnóstico concreto de esa presunta colonización woke de Colombia? ¿Qué investigación demuestra sus efectos? ¿Qué procedimientos públicos sustentan cada retiro museográfico? ¿Qué proyectos reemplazarán las políticas educativas que se pretenden desmontar? ¿Con qué indicadores mediremos la libertad cultural dentro de cuatro años? ¿Y quién garantiza que la siguiente administración no ordene otra mudanza de vitrinas, esta vez en sentido contrario?
Tal vez la verdadera contrarrevolución pendiente no sea contra una palabra inglesa, sino contra una vieja costumbre colombiana: la de confundir el Estado con el patrimonio personal del vencedor, el debate con la excomunión y la cultura con el decorado ideológico de una administración. Se puede proteger la tradición sin petrificar la sociedad. Se puede defender a las minorías sin prohibir el desacuerdo. Se puede respetar la fe sin convertirla en reglamento universal. Y se puede amar la patria sin exigirle que olvide sus heridas.
Porque, al final, la pregunta no es quién tiene las llaves del Museo Nacional. La pregunta es quién se cree dueño de la memoria de una nación. Y hay una respuesta que convendría colocar, con letras grandes, en la entrada de cada ministerio: Colombia no cabe en una sola vitrina. Mucho menos en la cabeza de un solo gobierno.
(*) Magister en Ciencias Políticas
- Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
- Investigador en historia política y comportamiento electoral
