Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)
En Colombia los terremotos tienen una curiosa virtud: derrumban edificios y levantan escritorios. Apenas deja de temblar la tierra, empieza a temblar la burocracia. Aparecen decretos, comités, gerencias, fiducias, manuales, protocolos y una procesión de chalecos oficiales. El damnificado pregunta por su casa; el funcionario responde con el organigrama. Uno necesita techo. El otro, acta de reunión. Y ambos, según parece, están esperando un milagro.
El del 10 de agosto dejó ruinas, muertos, familias desplazadas y una factura que ningún discurso puede pagar. El Gobierno ha hablado de unos 30 billones de pesos para la reconstrucción; una evaluación rápida del PNUD y la UNGRD calculó en 42,1 billones los daños directos a las estructuras. No son cifras intercambiables: una mide daños físicos y la otra expresa una estimación inicial de necesidades de reconstrucción. Pero tienen algo en común: son cantidades gigantescas para quien perdió hasta el último ladrillo. Y, mientras los miles de millones pasean por las declaraciones, y los enunciados de los gobernantes a todo nivel, hay familias que no saben dónde van a dormir el próximo mes.
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella creó el Fondo Milagro. El nombre es una joya de la imaginación administrativa. En un país devoto de las soluciones providenciales, resultaba inevitable bautizar el mecanismo con una palabra capaz de sanar, de un golpe, la geología y la hacienda pública. La creación tiene una explicación seria: coordinar recursos, organizar proyectos y evitar que dieciséis departamentos terminen tocando puertas distintas. Lo que no tiene explicación suficiente es que se anuncie la salida del tren mientras todavía están redactando el reglamento de la estación.
El 15 de octubre, ante la comisión bicameral del Congreso, el gerente Jaime Andrés Uribe explicó que el Plan de Acción Específico de la UNGRD acababa de aprobarse y que ese día se reuniría por primera vez el Consejo Directivo para revisar el manual operativo, el de contratación y su reglamento. Es decir, el milagro ya tenía gerente, pero aún estaba estrenando instrucciones de uso. Uribe defendió la necesidad de procedimientos y prometió cuidar cada peso, evitar intermediaciones y comenzar por las demoliciones de riesgo. Tiene razón en algo esencial: reconstruir sin estudios ni controles sería sembrar la próxima calamidad. Pero también es razonable preguntar por qué la promesa de arrancar llegó antes que los instrumentos para hacerlo.
Varios congresistas entre ellos, Duvalier Sánchez y Catherine Juvinao pusieron el dedo en esa grieta, en esa llaga putrefacta de la tramitomanía. Cuestionaron que, diez días después de suscribirse el contrato fiduciario, el nuevo mecanismo siguiera pendiente de reglas para operar. Su expresión sobre un Fondo que continuaba «en el papel» no demuestra que toda la atención humanitaria estuviera paralizada: la emergencia también se atiende desde otras entidades. Señala, eso sí, una diferencia que el lenguaje oficial suele esconder bajo una alfombra de comunicados: crear no es ejecutar; aprobar no es girar; girar no es entregar. Un decreto puede nacer a medianoche. Una casa, por desgracia, no.
El rompecabezas financiero tampoco se arma a fuerza de optimismo. El gerente habló de aproximadamente 624.000 millones de pesos procedentes de crédito multilateral y mencionó unos 360.000 millones utilizados previamente en la emergencia. No se pueden sumar como si ambos montos estuvieran intactos en una alcancía para nuevas obras. El dinero que ya se gastó no resucita por cambiar de columna contable. Y el crédito, por más generoso que parezca, no es donación: algún día alguien tendrá que pagarlo. Antes de celebrar el billón, sería conveniente mostrar cuánto está apropiado, comprometido, girado y disponible. Cuatro verbos. Cuatro cuentas. Cero prestidigitación.
Fernando Arias llevó al debate un ejemplo incómodo: afirmó que en Risaralda habían llegado 14.000 millones de pesos para auxilios de vivienda y que no se habían entregado por falta de procedimientos de la UNGRD. Es una denuncia que necesita cotejarse con giros y registros de beneficiarios; no una sentencia anticipada. Pero, de confirmarse, retrataría una extravagancia nacional: el dinero habría logrado cruzar las oficinas mientras la ayuda no consigue cruzar la puerta del damnificado. Jorge Palacio pidió una ruta y recursos claramente identificados. Juan Manuel Londoño reclamó acelerar la atención y revisar el registro de personas que podrían haber quedado por fuera. Preguntas elementales en un país donde a veces hasta la desgracia necesita contraseña.
Duvalier Sánchez Arango también ha llevado al Congreso la discusión sobre los resultados concretos de la reconstrucción. En septiembre cuestionó la gestión del ministro de Vivienda; en octubre circuló un registro audiovisual de su intervención sobre el Fondo. Sin una transcripción íntegra, sería deshonesto inventarle frases para que esta columna gane pólvora. Bastan las preguntas verificables que atraviesan el debate: ¿qué se prometió, cuánto llegó, quién decidió y qué recibió la gente? El control político no consiste en gritar más fuerte que un ministro, sino en impedir que las respuestas se evaporen al cerrar la sesión.
Una alerta adicional viene de Transparencia por Colombia. Entre el 11 de agosto y el 12 de octubre identificó 768 contratos relacionados con la emergencia y recuperación, por unos 201.800 millones de pesos; 630 se celebraron mediante contratación directa. La cifra no prueba corrupción, ni convierte en culpable a cada alcalde que debió actuar con urgencia. Pero sí reclama publicidad, justificación de precios, vigilancia y resultados. Las emergencias autorizan procedimientos excepcionales; no vacaciones de la rendición de cuentas; no manos libres para los corruptos. El terremoto puede derribar muros, no las reglas que protegen el dinero de todos.
En el Quindío, el Plan de Acción Específico departamental estimó necesidades por 3,293 billones de pesos para sus doce municipios, con una expectativa de 3,086 billones provenientes de la Nación. Conviene subrayarlo antes de que algún avispado inaugure los recursos con banda municipal: necesidad calculada no es transferencia recibida. Y la tragedia no pesa igual en Armenia que en una vereda de Génova, Pijao o Córdoba. Un puente pequeño puede significar la diferencia entre llegar al hospital y quedar aislado. Una escuela cerrada puede borrar meses de aprendizaje. Reconstruir exige conocer esas diferencias; repartir cifras con cucharón electoral sería otra manera de dejar gente entre las ruinas.
El Congreso anunció audiencias en los territorios. Bienvenidas, siempre que no terminen convertidas en turismo parlamentario por los escombros: foto con casco, declaración consternada y regreso a Bogotá. El Gobierno merece que se reconozca lo efectivamente realizado; los congresistas, que se les exija seguimiento a lo que denunciaron. Ni el aplauso reemplaza la obra ni la indignación reemplaza la prueba. A unos y otros habría que entregarles la misma libreta: municipio, familia, necesidad, fuente de financiación, contratista, avance y fecha de entrega. Sin adjetivos. Sin fanfarrias. Con firmas y resultados.
Porque el problema no es que el Fondo se llame Milagro. El problema sería que nos pidieran fe donde debemos exigir contabilidad. La tierra tembló en agosto; la paciencia de los damnificados sigue en movimiento. Y cuando algún funcionario anuncie que la reconstrucción marcha sobre ruedas, bastará hacerle una pregunta que no cabe en una tarima, pero sí en la vida de cualquier familia: ¿dónde están las llaves de la casa? Hasta que pueda entregarlas, con puerta, techo y escritura cuando corresponda, el milagro seguirá en trámite. Y los damnificados, pagando el arriendo de la esperanza.
(*) Magister en Ciencias Políticas
- Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
- Investigador en historia política y comportamiento electoral
