domingo, noviembre 22, 2026

Opinión de Colombia y el Mundo

Editorial 228: DEL PACTO HISTÓRICO AL FRENTE AMPLIO: LAS PARROQUIAS DEL PODER

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Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)

La idea nació con vocación de historia, no de sacristía. En julio de 2020, entre la convocatoria de Humberto de la Calle a una convergencia de centroizquierda y la propuesta de Gustavo Petro de un acuerdo de transformación nacional, comenzó a perfilarse el Pacto Histórico. El 11 de febrero de 2021, siete organizaciones lo presentaron públicamente. En 2022, la alianza alcanzó veinte curules ordinarias en el Senado y llevó a Petro y Francia Márquez a la Presidencia con 11.292.758 votos. No fue poca cosa: quienes durante décadas habían llamado a la puerta del poder terminaron entrando por la principal. El problema vino después. Algunos confundieron haber llegado al palacio con haber conquistado el país. Y el país, por si alguien lo ha olvidado, no termina donde se acaba la alfombra roja.

La política tiene esa maña: deja celebrar la victoria por la noche y presenta la cuenta por la mañana. En Bogotá se ganó la Presidencia; en los territorios continuaron gobernando estructuras, tradiciones y redes que no desaparecen porque cambie la fotografía del jefe del Estado.

El poder de todos los días habita en las gobernaciones, las alcaldías, los concejos y las asambleas, pero también en los barrios, las veredas y las organizaciones que deciden quién consigue interlocución y quién ni siquiera entra a la oficina. En 2023 correspondía comprender esa realidad y construir liderazgos, programas y reglas municipales. No bastaba colgar el retrato del presidente en la sede de campaña, como si fuera una estampita milagrosa. Las elecciones no funcionan por intercesión divina.

La dirección nacional y las dirigencias regionales tampoco hicieron siempre fácil el aprendizaje. Cada diferencia sobre avales, candidaturas o jerarquías encontraba padrinos, promotores y adversarios en distintos niveles. Y donde faltan reglas reconocidas, sobran bendiciones: la de un congresista, la de una corriente, la de quien asegura hablar a nombre del verdadero espíritu del movimiento. Los problemas no nacieron todos en Bogotá; en las regiones también hay vanidades con vocación de prócer y cacicazgos de bolsillo. Pero si el árbitro viste la camiseta de una facción, el partido deja de deliberar y comienza a contar devotos.

He aquí la paradoja de hoy. El Pacto Histórico tiene existencia jurídica como partido, pero su funcionamiento exhibe rasgos de confederación: las organizaciones fundacionales conservan nichos propios y a ellas se añaden tendencias articuladas alrededor de liderazgos parlamentarios, con equipos, consignas y referentes territoriales.

Las corrientes son legítimas; ninguna organización democrática está obligada a pensar con una sola cabeza. El problema comienza cuando cada corriente confunde su espacio de debate con una propiedad privada y organiza la próxima elección antes de preguntarse por la próxima necesidad ciudadana. No es pluralismo: es parcelación del poder.

La figura es casi eclesiástica. Un mismo templo, varias parroquias; cada capilla con su santo de devoción, su monaguillo electoral, su cepillo para recoger adhesiones y, naturalmente, su candidato a obispo. Todos predican la unidad desde el púlpito; al salir de misa compiten por las llaves de la sacristía. La ironía no está en que existan diferencias, sino en que se las convierta en dogmas. Cuando el militante debe escoger primero a qué senador pertenece y después qué propone para su municipio, el partido corre el riesgo de dejar de ser organización pública y parecerse a una federación de lealtades personales.

Así resulta difícil invitar a otras fuerzas a una alianza: nadie quiere ser huésped de una casa donde hasta los dueños discuten por las habitaciones.

El Quindío conoce el precio de esas fracturas. En 2021 hubo asambleas, desacuerdos sobre avales y una lista para la Cámara que terminó reducida a una candidatura única. En 2022 el Pacto obtuvo 28.245 votos y quedó por debajo del umbral. No faltó una ciudadanía que votara: faltó representación. Sería tentador repartir culpas y adjudicarle a cada ruptura un número de sufragios; sería también mala ciencia. Los votos son de los ciudadanos, no ganado que se arrea de un corral partidista a otro. La derrota permite formular preguntas severas, pero no autoriza fabricar respuestas.

El gobierno de Petro dejó reformas y deudas, como ocurre cuando la historia abandona la tarima y entra al despacho. Se aprobaron la reforma tributaria de 2022 y la laboral de 2025; la pensional enfrentó controversias constitucionales y la de salud no se convirtió en ley. Congreso Visible registró 57 iniciativas convertidas en leyes o actos legislativos de 147 radicadas por el Gobierno, mientras 82 fueron archivadas o retiradas. Son cifras que no caben ni en el himno de los aduladores ni en el responso de los detractores. Gobernar no consiste en anunciar el paraíso cada lunes; tampoco en exigir que toda reforma llegue de rodillas ante quienes preferirían que nada cambiara.

Marzo de 2026 dejó una señal más compleja de lo que admiten los eslóganes. El Pacto obtuvo 25 curules ordinarias en el Senado y el Quindío le dio una curul en la Cámara con 44.631 votos: 16.386 más que en 2022, cerca de 58 % de crecimiento. La coalición Centro Democrático–Conservador obtuvo 64.340 votos y Cambio Radical, 50.439; cada fuerza se quedó con una curul. Hay mérito electoral en esa conquista. También quedó a la vista la dispersión: otras listas de movimientos alternativos, más la denominada Pacto Frente Amplio, recibió 2.968 votos. Eran listas distintas. Sumarlas en una servilleta no demuestra que se hubiera ganado una segunda curul; las curules no se multiplican como panes y peces. Para calcular oportunidades perdidas hay que examinar circunscripciones, umbrales y cifra repartidora, no hacer milagros aritméticos.

Y llegó junio. Abelardo de la Espriella obtuvo 12.960.166 votos e Iván Cepeda, 12.708.312: apenas 251.854 de diferencia en la segunda vuelta presidencial de 2026. La Presidencia cambió de manos. Atribuir ese resultado entero a una pelea interna sería ofrecer una explicación tan cómoda como falsa. Hubo una derrota estrecha y una votación muy grande que merece ser estudiada, no convertida en excusa para la próxima disputa de facciones. En política, el que solo busca culpables suele terminar encontrando espejos.

En el Quindío, varios sectores de poder territorial se acercaron al abelardismo. Cabe preguntarse cuánto pesó la afinidad ideológica y cuánto el desafecto al gobierno saliente; sin pruebas individuales, los motivos no pueden dictarse por decreto. Tras la victoria abundaron los gestos de cercanía y el afán de aparecer en la fotografía. También el llamado “financiador de campañas”, el “gobernante en la sombra” figuró en el relato del triunfo. En nuestro trópico político, a veces el primer programa de gobierno consiste en buscar un buen ángulo para la cámara. El problema es que la foto no pavimenta una calle, no paga un subsidio y no reconstruye una casa.

El terremoto del 10 de agosto volvió esa diferencia dolorosamente visible. Entre anuncios de inversiones, dificultades de acceso a ayudas y reclamaciones de damnificados, la reconstrucción debe medirse por lo ejecutado y recibido, no por la longitud del discurso. Tampoco es exacto afirmar que nada se ha hecho: las medidas anunciadas y adelantadas requieren seguimiento. Pero una familia que sigue esperando una solución no puede vivir debajo de una rueda de prensa. La paciencia de los damnificados no es un recurso presupuestal ilimitado; y el entusiasmo de los aliados políticos tampoco está garantizado cuando la realidad desmiente las fotografías.

Las adhesiones al nuevo presidente no borran las rivalidades del departamento. Dos casas políticas, con sus referentes en dos edificios públicos —la Gobernación y la Alcaldía de Armenia—, volverán a disputar espacios en 2027. Podrían entenderse si sienten amenazadas sus posiciones por una tercera fuerza; podrían competir con mayor aspereza si consideran que el otro es el obstáculo. No hay una sola parroquia abelardista ni un bloque territorial inmóvil: hay intereses diferentes que mañana volverán a alinearse, enfrentarse o negociar. Los aspirantes ya asoman la cabeza, también los bufones, algunos antes de haber mostrado un programa. En esta tierra hay candidatos que anuncian su candidatura con tanta anticipación que el proyecto de gobierno termina llegando después, si es que llega.

Precisamente por eso, a 2027 no se puede llegar con el Pacto Histórico convertido en un rosario de capillas, cada una con su propio santo, sus fieles y sus particulares obediencias. Se necesitan reglas claras y democráticas para seleccionar candidatos, garantías efectivas de participación entre las distintas tendencias y una autoridad territorial legítima, reconocida y respetada por todos. Pero, sobre todo, resulta indispensable contar con una vocería política única, investida de autoridad y respaldada institucionalmente por la dirección nacional del Pacto Histórico, con capacidad real de interlocución, mediación y decisión; una figura que, sin desconocer la autonomía territorial ni la diversidad de sus integrantes, pueda arbitrar las diferencias internas, construir consensos, negociar con otras colectividades políticas y conducir la concertación de acuerdos y alianzas electorales. Una autoridad cuya legitimidad no dependa de las simpatías personales, de los padrinazgos parlamentarios ni de cuál congresista contestó primero el teléfono, sino de un mandato político e institucional explícito, con atribuciones definidas y responsabilidades verificables. No se trata de silenciar las diferencias ni de imponer una unanimidad artificial, sino de impedir que cada desacuerdo termine convertido en una nueva facción y que cada liderazgo pretenda levantar su propio altar. Porque una cosa es reconocer el pluralismo y otra muy distinta confundirlo con la fragmentación del poder. Un Frente Amplio que no sea capaz de organizar sus diferencias, establecer una conducción política legítima y garantizar el cumplimiento de sus acuerdos terminará siendo apenas una sombrilla agujereada: muy vistosa para la fotografía de la unidad, pero absolutamente inútil cuando arrecie el aguacero electoral.

La propuesta de convergencia tiene, además, un antecedente cercano. En junio de 2025, la propuesta «Una alianza plural por el Quindío» ya planteaba un acuerdo programático, estratégico y ético, con una mirada que no terminaba en la elección legislativa. Esa intuición conserva valor como invitación al debate: no unificar por sumar apellidos en una tarjeta, sino discutir qué territorio se quiere gobernar y con qué límites al ejercicio del poder. Una tercera vía que abra espacio a liberales progresistas, verdes, sectores de centro, movimientos sociales e independientes tiene sentido solamente si la ampliación es real y el acuerdo está por encima del padrino. Nadie entra gustoso a una mesa cuando advierte que las sillas ya tienen dueño.

La lección es sencilla. El Pacto demostró que podía ganar una Presidencia, disputar el Congreso y sostener millones de votos. No demostró, por eso solo, que hubiera resuelto su vida interna ni su implantación territorial. La unidad no es una misa de domingo ni el Frente Amplio una procesión de siglas. Son construcciones políticas que requieren reglas, generosidad y responsabilidad pública.

En 2027 la pregunta decisiva no será quién lleva el estandarte más grande, sino quién está dispuesto a dejar de administrar su pequeña capilla para discutir, con otros, los problemas del Quindío. Porque mientras los dirigentes pelean por el púlpito, los ciudadanos siguen esperando que alguien abra la puerta del templo y salga, por fin, a trabajar por la más amplia convergencia.

(*) Magister en Ciencias Políticas

  • Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
  • Investigador en historia política y comportamiento electoral

 

 

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