Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)
Colombia tiene una habilidad que merece figurar en el inventario de sus riquezas nacionales: convertir las tragedias en ceremonias, las calamidades en discursos y las promesas en monumentos de papel. Aquí, cuando la tierra tiembla, apenas se desploman las casas, inmediatamente se levantan las tarimas. Llegan las cámaras, aparecen los chalecos institucionales, florecen los micrófonos y comienza esa curiosa competencia por demostrar quién estuvo primero, quién abrazó más damnificados y quién consiguió la fotografía más conmovedora.
El terremoto del 10 de agosto dejó algo más que escombros. Según el balance oficial del 28 de agosto, 406.963 personas damnificadas, 196.614 familias, 331 muertos, 4.449 heridos y 152 desaparecidos. También 33.395 viviendas destruidas y 187.852 averiadas. Son números que deberían quitarles el sueño a quienes gobiernan. Pero, como suele ocurrir, las estadísticas tienen la desventaja de no llorar frente a las cámaras.
En 496 municipios de 16 departamentos quedó escrita una geografía del dolor. Allí, mientras los funcionarios hablan de recuperación, las familias preguntan por comida, por el arriendo, los niños por su escuela y los enfermos por el hospital. Porque una cosa es reconstruir el país desde el escritorio y otra muy distinta hacerlo desde los escombros o una colchoneta prestada.
El inventario material tampoco cabe en un eslogan: 3.925 centros educativos, 388 establecimientos de salud, 472 vías, 77 puentes vehiculares, nueve peatonales y 125 acueductos afectados. No significa que todos estén destruidos ni que todos requieran levantarse desde los cimientos. Significa algo igualmente grave: que la normalidad se interrumpió y que devolverla requiere diagnósticos, dinero, ingenieros, contratos vigilados y tiempo. Sobre todo, tiempo; ese recurso que al Gobierno le parece administrable y a una familia sin techo le resulta insoportable.
En el Quindío, la tragedia se lee en los municipios y no únicamente en las ruedas de prensa. La propuesta departamental de recuperación calculó necesidades cercanas a 3,293 billones de pesos. Repito: necesidades propuestas, no plata depositada en la cuenta de la Gobernación. Todavía no contamos con una cifra departamental única, pública y conciliada de damnificados y viviendas destruidas que permita escribirla sin riesgo de engañar al lector. Esa ausencia, a dos meses del sismo, también merece una explicación oficial. ¿Cuántos son, dónde están y qué solución concreta tiene asignada cada familia?
Y entonces llegó la cosecha de decretos. El 1171 declaró la situación de desastre; el 1261 abrió la emergencia económica; el 1348 la modificó; el 1379 creó el Fondo Milagro; el 1412 adicionó 624.656 millones de pesos al presupuesto; el 1414 habilitó medidas extraordinarias con regalías. A este paso, los folios del Diario Oficial terminarán necesitando refuerzo estructural. No niego la utilidad de las normas: sin reglas tampoco hay reconstrucción. Pero un decreto no pega un ladrillo, una firma no instala un techo y un artículo transitorio no devuelve las clases a un colegio inhabitable.
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunció que el Fondo Milagro comenzaría a operar el 7 de octubre con un capital inicial de un billón de pesos. El nombre es formidable: Milagro. Ojalá su administración tenga menos de prodigio y más de contabilidad. Porque el milagro verdadero será que cada peso tenga procedencia, destino, ejecutor, fecha y resultado. La primera adición de 624.656 millones y el capital inicial anunciado del Fondo no deben sumarse alegremente como si fueran bolsas independientes: antes hay que comprobar su composición. En la contabilidad pública, como en la tienda del barrio, dos veces el mismo billete no compran dos mercados.
La reconstrucción nacional se ha calculado inicialmente en alrededor de 30 billones de pesos; una evaluación rápida de daños económicos directos a estructuras habló de 42,1 billones. No es una contradicción que se resuelva escogiendo la cifra más espectacular para el titular: son conceptos distintos. Lo que sí sería escandaloso es que, entre una estimación y otra, el damnificado no sepa si tendrá casa el próximo mes, el próximo año o en la próxima campaña electoral.
La solidaridad privada ha puesto cifras sobre la mesa. La información documental consultada, recoge compromisos anunciados de 220.000 millones de pesos de ProPacífico y empresas del Valle; 200.000 millones de ProAntioquia y sus aportantes; 200.000 millones de Luis Carlos Sarmiento y Fanny Gutiérrez; 150.000 millones de Jaime Gilinski y Raquel Kardonski; 110.000 millones del Grupo Bolívar y Davivienda; y 100.000 millones atribuidos a David Vélez y Mariel Reyes. La ANDI reportó una movilización colectiva de 218.230 millones, entre dinero y especie. Son anuncios y balances de iniciativas distintas: pueden solaparse y no equivalen, por sí mismos, a giros auditados. Sumarlo todo para fabricar una montaña de generosidad sería hacerle trampa hasta a la aritmética.
En la cooperación internacional también hubo ofrecimientos: 26,5 millones de dólares atribuidos a Estados Unidos; 10 millones a Emiratos Árabes Unidos; dos millones a Japón; un millón a Corea del Sur y otro a China. A ello se agregan aportes anunciados en euros, francos suizos, coronas noruegas y cargamentos humanitarios. Cada donación merece gratitud; cada peso, dólar o caja, una trazabilidad. El agradecimiento no exime de preguntar cuánto llegó, quién lo recibió, a cuál cuenta se consignó, a qué municipio fue, a manos de qué familia quedó, o en cuál bolsillo terminó.
La primera dama participa en la campaña solidaria mediante la Fundación Colombia Luz y Sonrisas. Su constitución y patrimonio inicial reportado de diez millones de pesos son asuntos distintos del recaudo posterior. Fedepalma anunció 670 millones para canalizar conjuntamente por esa fundación y El Minuto de Dios, sin desagregar públicamente la porción de cada una. La fundación exhibe un amplio directorio de aliados, pero ser aliado no equivale a ser donante, ni figurar en una página equivale a entregar dinero. La pregunta no tiene misterio ni veneno: ¿cuánto recibió exactamente, de quién, cuánto gastó y a quién benefició? La transparencia no es una descortesía con la solidaridad; es su mejor defensa.
Mientras tanto, el Gobierno nacional recorre territorios, preside reuniones y anuncia soluciones. Es su obligación estar presente; sería peor la ausencia. Lo que merece examen es la tentación de convertir cada visita en una escenografía de campaña permanente. Alrededor del Presidente aparecen ministros, asesores, cámaras, gobernadores y alcaldes. No faltará quien busque el ángulo conveniente para salir en la fotografía: cerca del poder, con gesto preocupado y la esperanza de que la imagen sirva para recordar que estuvo allí. Una foto no es un pecado. El problema comienza cuando el álbum crece más rápido que las obras.
Los alcaldes y gobernadores tampoco son convidados de piedra. Algunos tendrán que gestionar con insistencia legítima; otros podrán sucumbir a la vieja costumbre de calcular cuánto les tocará administrar, qué contrato tendrá sello local y qué inauguración podrá llevar su nombre. No atribuyo esa conducta a una persona sin pruebas. Señalo un riesgo histórico de nuestra política: donde hay emergencia y presupuesto extraordinario, siempre aparecen quienes confunden la reconstrucción del territorio con la reconstrucción de su propia carrera, y los cambios en los saldos de su chequera.
En los barrios y veredas, entretanto, no hay tiempo para esos juegos de espejos. Una escuela clausurada no se reemplaza con una fotografía de la ministra de Educación; un salón improvisado puede servir unos días, no convertirse en condena pedagógica. Un hospital con servicios trasladados o atendidos en carpas necesita seguridad estructural, equipos, personal y una solución definitiva. Una vía interrumpida no solo incomoda al conductor: encarece el alimento, aísla al productor, retrasa la ambulancia. El desastre tiene una segunda vida, más silenciosa: la de sus consecuencias acumuladas.
La UNGRD informó que destinó 42.754 millones de pesos para el primer mes del apoyo económico temporal de vivienda, dentro de un esquema previsto de tres meses. También reportó el inicio de pagos por más de 3.324 millones en Chocó. Esas medidas cuentan y deben reconocerse. Pero destinar no siempre significa pagar a todos, y pagar tres meses de alojamiento no equivale a reconstruir una casa. Hay que preguntar cuántos hogares efectivamente cobraron, cuántos quedaron por fuera y qué sucederá cuando termine la ayuda transitoria.
Y hay un detalle que no debería extraviarse entre discursos: el 7 de octubre la UNGRD informó que el Plan de Acción Específico nacional estaba en versión preliminar y pendiente de aprobación. Es decir, la maquinaria normativa avanzaba mientras el gran mapa de prioridades aún debía completar su trámite. Nada de esto prueba por sí solo negligencia ni mala fe; sí demuestra que el país necesita resultados públicos, verificables y desagregados, no solamente calendarios de anuncios.
En el lenguaje político, el espejo retrovisor es un artefacto maravilloso. Permite recordar, culpar, comparar, señalar al antecesor y encontrar siempre un culpable con fecha de vencimiento electoral. Pero el conductor que atraviesa una carretera rota mirando exclusivamente hacia atrás termina estrellándose con el siguiente derrumbe. El Gobierno de ADLE tiene derecho a examinar las responsabilidades heredadas; no tiene derecho a convertirlas en sustituto de las suyas. La ciudadanía no eligió un archivista de agravios: necesita un conductor que mire por el panorámico.
Quizás haya llegado la hora de cambiar las preguntas en los consejos de ministros:
Menos: ¿cuántas visitas hicimos? Más: ¿cuántas familias recuperaron una vivienda segura?
Menos: ¿cuánto anunciamos? Más: ¿cuánto se giró, contrató y entregó?
Menos: ¿quién salió en la foto? Más: ¿quién responde por la escuela que sigue cerrada, el hospital que aún improvisa y el puente que continúa ausente?
Porque, al final, la tierra tembló una mañana de agosto, pero la espera sigue temblando todos los días. El país no necesita que el poder se retrate frente a las ruinas. Necesita que, cuando regrese la cámara, las ruinas ya no estén. Y que las familias puedan decir, sin libreto, sin aplausos y sin maestro de ceremonias: por fin llegamos a casa.
(*) Magister en Ciencias Políticas
- Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
- Investigador en historia política y comportamiento electoral
