Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)

III. LA CONSTRUCCIÓN DE UN LENGUAJE COMÚN DEL PODER

Todo liderazgo político aspira a algo más que dirigir una administración. Aspira a construir una manera compartida de comprender el poder. Ningún gobierno puede sostenerse exclusivamente mediante decisiones administrativas o actos jurídicos. Necesita producir un lenguaje capaz de dotar de coherencia a la acción gubernamental, orientar el comportamiento de quienes participan en ella y ofrecer a la sociedad una representación inteligible de la autoridad. La estabilidad de un proyecto político depende, en buena medida, de su capacidad para convertir una pluralidad de individuos e instituciones en una comunidad organizada alrededor de significados compartidos. ¹

Ese proceso comienza por el lenguaje. Las palabras mediante las cuales un gobierno define sus prioridades, identifica sus aliados, caracteriza sus adversarios y representa su misión terminan configurando un universo simbólico que trasciende la comunicación cotidiana. El lenguaje no se limita a describir la realidad política; contribuye a producirla. Como señaló John L. Austin, determinados enunciados no solamente informan, sino que realizan acciones. En política, nombrar también significa organizar. ²

Esta idea adquiere una dimensión institucional en la obra de Pierre Bourdieu (2000). Para el sociólogo francés, el poder simbólico opera precisamente porque logra imponer determinadas categorías de percepción como si fueran naturales. El lenguaje oficial no solo comunica decisiones; establece clasificaciones, distribuye legitimidades y define aquello que puede ser reconocido como políticamente válido. La eficacia del poder depende, en buena medida, de la capacidad para convertir una determinada visión del mundo en sentido común.

La teoría política contemporánea ha mostrado igualmente que ninguna comunidad puede sostenerse sin un conjunto mínimo de significados compartidos. David Easton (1965), al desarrollar su teoría sistémica del poder político, observó que todo sistema requiere mecanismos permanentes de producción de apoyo y legitimidad. Esos mecanismos no se reducen a las decisiones gubernamentales; incluyen símbolos, narrativas, rituales y formas de comunicación que permiten a la comunidad identificar el sentido de la autoridad. ³

En el ámbito gubernamental este fenómeno adquiere una importancia particular. Los ministerios, departamentos administrativos, agencias estatales y organismos descentralizados poseen competencias diferenciadas y culturas organizacionales propias. Sin embargo, todos forman parte de un mismo Ejecutivo. La existencia de un lenguaje compartido facilita la coordinación administrativa, fortalece la cohesión organizacional y produce una identidad gubernamental reconocible.

No obstante, el lenguaje político nunca es neutral. Cada palabra seleccionada por un liderazgo expresa una determinada concepción del poder. Las expresiones reiteradas por un gobierno terminan jerarquizando valores, delimitando prioridades y definiendo la manera como la administración desea ser percibida. Cuando determinadas fórmulas discursivas se repiten sistemáticamente dejan de cumplir una función meramente descriptiva para convertirse en principios organizadores de la cultura institucional.

Michel Foucault (2006) ofrece una herramienta particularmente útil para comprender este proceso. Su concepto de gubernamentalidad permite observar cómo el ejercicio del poder depende de múltiples tecnologías de conducción que operan simultáneamente sobre las instituciones, los discursos y las formas de comportamiento. Gobernar no consiste únicamente en decidir; consiste también en producir determinados modos de pensar, de nombrar y de actuar. ⁴

La fuerza de un lenguaje político no depende exclusivamente de su creatividad retórica ni de su eficacia comunicativa. Su verdadero alcance aparece cuando comienza a ser reproducido espontáneamente por quienes integran la organización gubernamental. En ese momento las palabras dejan de pertenecer exclusivamente al líder y pasan a formar parte del vocabulario cotidiano del gobierno. El lenguaje presidencial comienza a transformarse en lenguaje institucional.

Este tránsito constituye uno de los fenómenos más significativos del ejercicio del poder. Las organizaciones no solo aprenden procedimientos administrativos; aprenden también maneras de hablar, formas de presentarse ante la ciudadanía y estilos específicos de representar públicamente su misión. La repetición cotidiana de determinadas expresiones termina moldeando la percepción que los propios funcionarios desarrollan acerca de la autoridad, la disciplina, la responsabilidad y el papel del Estado.

Norbert Elias (1987) mostró que los procesos históricos de larga duración producen formas relativamente estables de comportamiento colectivo. Las organizaciones desarrollan códigos compartidos que terminan siendo interiorizados por quienes participan en ellas. Aplicado al estudio del Ejecutivo, este planteamiento permite comprender cómo determinados estilos de liderazgo pueden convertirse gradualmente en hábitos institucionales. ⁵

El mismo fenómeno se observa en el plano de los gestos y de las prácticas simbólicas. Las ceremonias oficiales, las formas de saludo, la disposición de los escenarios públicos, la estética gubernamental y la representación visual del poder constituyen componentes de un lenguaje no verbal que acompaña y fortalece el discurso político. Como advirtió Clifford Geertz (2003), toda cultura política comunica tanto mediante palabras como mediante sistemas simbólicos que organizan la experiencia colectiva.

La eficacia de ese lenguaje depende de su capacidad para generar reconocimiento compartido. Los integrantes del gobierno comienzan a identificarlo como expresión de pertenencia institucional; la ciudadanía aprende a asociarlo con una determinada forma de ejercer la autoridad; los medios de comunicación contribuyen a consolidarlo como rasgo distintivo del liderazgo. De esta manera, el lenguaje deja de ser un simple instrumento de comunicación para convertirse en un mecanismo de organización política.

Resulta indispensable precisar que este fenómeno no constituye una anomalía democrática. Todos los gobiernos desarrollan identidades políticas y construyen formas propias de comunicación institucional. El pluralismo supone precisamente la posibilidad de que proyectos diferentes expresen concepciones distintas del Estado y de la sociedad. El problema constitucional no reside en la existencia de un lenguaje gubernamental, sino en la relación que dicho lenguaje establece con la pluralidad institucional propia del Estado democrático.

La tensión aparece cuando el lenguaje del liderazgo comienza a desplazar otros lenguajes igualmente legítimos dentro del sistema político. Congreso, poder judicial, organismos autónomos, entidades territoriales y órganos de control no existen para reproducir el discurso del Ejecutivo, sino para ejercer competencias propias dentro de una arquitectura institucional fundada en el equilibrio de poderes. Como recuerda Jürgen Habermas (1998), la legitimidad democrática depende precisamente de la coexistencia de múltiples espacios de producción del discurso público y no de la hegemonía de una sola narrativa política. ⁶

En consecuencia, el estudio del lenguaje político no debe limitarse al análisis de consignas o estrategias de comunicación. Su verdadero interés reside en comprender cómo organiza comportamientos, produce identidades y modela la cultura institucional del gobierno. Allí donde fortalece la coordinación administrativa respetando la autonomía de las instituciones, contribuye a la eficacia del Estado. Allí donde comienza a confundirse con el lenguaje mismo de la República, aparece una cuestión constitucional que trasciende el ámbito de la comunicación política y afecta directamente la distribución democrática del poder.

Esta reflexión proporciona el marco conceptual para comprender el caso colombiano. Lo que comienza a observarse en la transición presidencial reciente no es simplemente la aparición de nuevos símbolos o de nuevas expresiones retóricas. El fenómeno de mayor interés consiste en la rápida conformación de un lenguaje compartido que empieza a ser asumido por ministros, altos funcionarios y equipos gubernamentales como signo de identidad común. Ese proceso permite observar, casi en tiempo real, la manera como un liderazgo procura transformar un repertorio simbólico personal en el lenguaje organizador de un gobierno.

Notas al pie

1. Toda organización política necesita construir marcos compartidos de significado que permitan coordinar la acción colectiva y fortalecer la legitimidad del liderazgo.
2. Aunque Austin desarrolla esta teoría desde la filosofía del lenguaje, su noción de actos performativos resulta particularmente útil para comprender el carácter constitutivo del lenguaje político.
3. Easton incorpora la legitimidad y el apoyo político como elementos indispensables para la estabilidad de cualquier sistema político.
4. La gubernamentalidad foucaultiana permite comprender cómo el poder se ejerce simultáneamente mediante normas, discursos, prácticas administrativas y formas de subjetivación.
5. Elias demuestra que las organizaciones producen procesos de aprendizaje colectivo que terminan configurando hábitos relativamente permanentes de comportamiento institucional.
6. Habermas sostiene que la democracia constitucional requiere una esfera pública plural donde ninguna narrativa política pueda monopolizar la producción de legitimidad.

(*) Magister en Ciencias Políticas

• Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
• Investigador en historia política y comportamiento electoral