Balance de los principales indicadores sociales, económicos, fiscales y de seguridad del período 2022-2026 y de la población efectivamente beneficiada por las políticas públicas.
Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)
El próximo 21 de junio, los ciudadanos de Colombia acudirán nuevamente a las urnas para tomar una de las decisiones más trascendentales para el futuro inmediato de la República. Más allá de las campañas, de las emociones políticas y de las legítimas diferencias ideológicas, los electores tendrán ante sí una pregunta fundamental: ¿consideran que los resultados alcanzados durante los últimos cuatro años justifican la continuidad de una determinada orientación política o, por el contrario, estiman conveniente abrir otro rumbo para el país? La respuesta corresponde exclusivamente a la ciudadanía. Por ello, antes de emitir un juicio, resulta pertinente examinar con serenidad los principales indicadores sociales, económicos, fiscales, institucionales y de seguridad que permiten evaluar objetivamente la gestión gubernamental del período 2022-2026 y el impacto real que sus políticas tuvieron sobre millones de colombianos.
La evaluación de un gobierno democrático exige separar las controversias políticas de la evidencia empírica. Los gobiernos pueden ser juzgados por sus discursos, sus promesas o sus confrontaciones públicas, pero también por la evolución de los indicadores que reflejan las condiciones de vida de la población. Desde esta perspectiva, el balance del gobierno de Gustavo Petro presenta una realidad compleja: avances sociales de gran magnitud, resultados económicos heterogéneos, estabilidad externa razonable y desafíos persistentes en materia fiscal y de seguridad.
Los indicadores sociales constituyen probablemente el aspecto más favorable del período. La pobreza monetaria descendió de 36,6 % en 2022 a cerca de 28 % en 2025, una reducción de 8,6 puntos porcentuales que equivale aproximadamente a cuatro millones de personas que dejaron de encontrarse por debajo de la línea oficial de pobreza. La pobreza multidimensional cayó de 12,9 % a 9,9 %, situándose por primera vez por debajo del umbral del 10 %, mientras la desigualdad, medida mediante el coeficiente de Gini, pasó de 0,556 a 0,531. Paralelamente, el desempleo descendió de niveles cercanos al 11,2 % hasta alrededor del 8,8 %, uno de los registros más bajos observados en las últimas décadas.
A estos resultados agregados se sumó una amplia expansión de la protección social. Los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA alcanzaron de manera recurrente a cerca de tres millones de hogares. Considerando un tamaño promedio de hogar de 3,3 personas, estas transferencias impactaron directa o indirectamente entre nueve y diez millones de colombianos. En términos demográficos, ello equivale a cerca de una quinta parte de la población nacional.
La protección económica de los adultos mayores experimentó una expansión igualmente significativa. El programa Colombia Mayor pasó de beneficiar aproximadamente 1,7 millones de personas en 2022 a cerca de tres millones al finalizar el período. Adicionalmente, la reforma pensional creó un Pilar Solidario destinado a beneficiar, durante su implementación, a entre 2,5 y 3 millones de adultos mayores que históricamente habían permanecido excluidos de cualquier ingreso pensional.
El ingreso laboral también registró transformaciones relevantes. El salario mínimo pasó de $1.000.000 en 2022 a $1.750.905 en 2026, un incremento nominal acumulado cercano al 75 %. Con el auxilio de transporte, el ingreso total asociado al salario mínimo alcanzó los dos millones de pesos mensuales. Aunque el debate sobre sus efectos económicos continúa abierto, millones de trabajadores colombianos experimentaron una mejora sustancial en sus ingresos nominales durante el período.
La educación constituyó otro de los pilares de la intervención social. La gratuidad en la educación superior pública benefició anualmente entre 700.000 y 900.000 estudiantes de menores ingresos, acumulando más de tres millones de matrículas financiadas por el Estado durante el cuatrienio. Paralelamente, Renta Joven apoyó a cerca de 160.000 estudiantes por año mediante transferencias orientadas a reducir la deserción educativa. Los aprendices del SENA continuaron accediendo gratuitamente a procesos de formación que alcanzan alrededor de ocho millones de participaciones anuales, mientras se fortalecieron los apoyos de sostenimiento y los contratos de aprendizaje.
El gobierno también extendió mecanismos de reconocimiento económico a grupos históricamente invisibilizados. Más de 400.000 jóvenes prestaron servicio militar bajo un esquema de bonificación significativamente superior al existente en años anteriores. Miles de estudiantes de medicina comenzaron a recibir apoyo económico durante el internado hospitalario. Igualmente, alrededor de 76.000 madres comunitarias y madres FAMI se beneficiaron de procesos de formalización, reconocimiento laboral y fortalecimiento de ingresos.
La primera infancia continuó siendo objeto de atención prioritaria. Los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atendieron anualmente entre 1,7 y 2 millones de niños y niñas mediante servicios de nutrición, cuidado y desarrollo integral. En términos acumulados, ello representa más de nueve millones de atenciones durante el período.
En materia de salud, el balance presenta mayores matices. Colombia mantuvo una cobertura de aseguramiento cercana a la universalidad y conservó indicadores relativamente favorables en mortalidad infantil y esperanza de vida. Sin embargo, las dificultades en la entrega de medicamentos, las tensiones financieras del sistema y la controversia política alrededor de la reforma a la salud convirtieron este sector en uno de los principales focos de debate nacional.
La economía, por su parte, mostró resultados heterogéneos. La inflación descendió significativamente respecto a los niveles observados al inicio del gobierno, pero el crecimiento económico experimentó una desaceleración importante frente al período posterior a la pandemia. La inversión privada mostró comportamientos mixtos y algunos sectores enfrentaron dificultades considerables. El caso más evidente fue la vivienda, donde se registraron reducciones en las ventas de vivienda nueva, menor iniciación de proyectos y una desaceleración general de la actividad constructora.
La infraestructura presentó avances moderados. Continuó la ejecución de proyectos viales heredados de administraciones anteriores, mientras se impulsaron iniciativas ferroviarias, educativas, hospitalarias y de saneamiento básico. Sin embargo, diversos actores territoriales señalaron retrasos en la ejecución de algunas obras estratégicas y una menor velocidad de inversión frente a las expectativas iniciales.
Uno de los sectores con mejor desempeño fue el turismo. Colombia pasó de recibir aproximadamente 4,7 millones de visitantes internacionales en 2022 a cerca de 6,5 millones en 2025, un incremento superior al 38 %. Las divisas generadas por el sector aumentaron de alrededor de US$7.700 millones a más de US$11.000 millones, consolidando al turismo como una de las principales fuentes de ingresos externos del país.
En comercio exterior, los resultados fueron intermedios. Se observaron avances en algunas exportaciones agroindustriales y manufactureras, aunque la economía continuó dependiendo significativamente de los productos minero-energéticos para la generación de divisas. Las importaciones disminuyeron durante la desaceleración económica y posteriormente iniciaron una recuperación gradual.
Desde la perspectiva cambiaria y financiera, los resultados fueron mejores de lo que muchos analistas anticipaban al inicio del gobierno. No se produjo una crisis cambiaria ni una fuga masiva de capitales. Las reservas internacionales permanecieron en niveles elevados, las remesas alcanzaron máximos históricos y el país mantuvo acceso a los mercados internacionales de financiamiento.
Las mayores preocupaciones económicas se concentraron en las finanzas públicas. El déficit fiscal se ubicó alrededor del 6 % del PIB y la deuda pública permaneció cercana al 60 % del producto interno bruto. Estas cifras alimentaron el debate sobre la sostenibilidad futura de los avances sociales alcanzados y sobre la capacidad del Estado para financiarlos sin comprometer la estabilidad macroeconómica.
Finalmente, la seguridad constituye probablemente el aspecto más problemático del balance. Aunque algunos indicadores delictivos mostraron mejoras parciales y la tasa de homicidios se mantuvo relativamente estable, el aumento del secuestro, la expansión territorial de grupos armados ilegales y la persistencia de la violencia contra líderes sociales impidieron que los avances observados en otros campos se tradujeran en una percepción equivalente de seguridad ciudadana.
En conjunto, la evidencia disponible permite concluir que el gobierno Petro desplegó una de las estrategias de intervención social de mayor cobertura poblacional observadas en Colombia durante las últimas décadas. Millones de hogares beneficiados por transferencias monetarias, cerca de tres millones de adultos mayores protegidos por programas de ingreso básico, cientos de miles de estudiantes apoyados por la gratuidad educativa, millones de niños atendidos por programas de primera infancia y millones de trabajadores favorecidos por los incrementos salariales constituyen una realidad estadísticamente verificable. Al mismo tiempo, la seguridad, la sostenibilidad fiscal, la vivienda y el crecimiento económico moderado dejaron desafíos relevantes para el futuro.
En una democracia, las cifras no votan, los gobiernos no se perpetúan y las oposiciones no triunfan por decreto. Son los ciudadanos quienes, en ejercicio de su libertad y de su soberanía, valoran los resultados, ponderan los aciertos y los errores, comparan las alternativas disponibles y toman una decisión en conciencia. El 21 de junio, cada colombiano tendrá en sus manos una responsabilidad que trasciende las preferencias partidistas: decidir el rumbo que seguirá la nación durante los próximos cuatro años.
Será el voto libre, informado y responsable de millones de ciudadanos el que determine si el país opta por respaldar el camino recorrido, corregirlo, profundizarlo o emprender uno distinto. Como ocurre en toda democracia auténtica, la última palabra no la tendrán los gobiernos, los candidatos ni los analistas, sino la voluntad soberana del pueblo colombiano expresada en las urnas.
(*) Magister en Ciencias Políticas
- Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
- Investigador en historia política y comportamiento electoral
