Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)
Se posesionó el nuevo Presidente y quedaron demasiados símbolos sobre la mesa: el saludo militar; la pose de autoridad que por momentos bordea el personalismo; el “Firmes por la Patria»”, nacido como consigna electoral y ahora llevado al lenguaje del gobierno; el tigre, convertido en representación de fuerza, mando y capacidad de “morder”; el desplazamiento del centro ceremonial hacia Cali y, después del acto constitucional ante el Congreso, la decisión de pronunciar su discurso presidencial desde una guarnición militar; además de una presencia religiosa particularmente visible dentro de la ceremonia. Vistos por separado, cada uno de estos elementos puede tener una explicación; observados en conjunto, adquieren otra dimensión. No parecen hechos aislados, sino la prolongación de una estética y una narrativa construidas durante la campaña, como si la victoria electoral no hubiera terminado de establecer la frontera entre el candidato que buscaba conquistar el poder y el Presidente que ahora debe ejercerlo.
Podría decirse que no hay nada extraño en ello. Un Presidente recién elegido conserva inevitablemente algo del candidato que fue hasta hace apenas unas semanas, pero precisamente ahí comienza mi inquietud. Una cosa es conservar una identidad política y otra gobernar prolongando la campaña. La Presidencia obliga a realizar una transición que no es solamente jurídica ni protocolaria: quien hasta ayer necesitaba símbolos para conquistar el poder, desde ahora necesita decisiones para ejercerlo.
El lugar escogido para el discurso tampoco es un detalle menor. De la Espriella había solicitado inicialmente al Congreso autorización para posesionarse en un cuartel militar, una pretensión que generó controversia antes del 7 de agosto. Finalmente, la toma de posesión constitucional se realizó ante el Congreso, aunque, no en su recinto habitual y, su discurso presidencial tuvo como escenario posterior el Batallón Pichincha, en Cali. La diferencia debe quedar clara, pero políticamente el simbolismo permanece: el nuevo Presidente quiso que una instalación militar ocupara un lugar excepcional en el comienzo de su gobierno. Tampoco fue accidental la reiteración de referencias religiosas ni la participación visible de distintas expresiones de fe. Cada elemento puede justificarse separadamente; mi pregunta surge cuando se observan todos juntos: ¿estamos simplemente frente al estilo personal del nuevo mandatario o ante la intención de convertir los símbolos de una campaña victoriosa en una cultura del poder?
La pregunta importa porque los símbolos presidenciales ayudan a definir cómo quiere ser percibido quien gobierna. El tigre no fue escogido durante la campaña para representar deliberación, negociación o prudencia. Representó fuerza, autoridad, capacidad de imponerse y de “morder”. A su alrededor se cultivó una imagen de mando, firmeza y mano dura que encontró en el saludo militar y en el “Firmes por la Patria” una misma construcción simbólica. Cuando después de ganar permanecen el tigre, el saludo, la retórica de firmeza, la proximidad con lo militar y la exaltación del mando, ya no estamos observando solamente recursos de propaganda electoral. Estamos ante símbolos que comienzan a trasladarse desde la campaña hacia el ejercicio del gobierno.
Y allí conviene poner cuidado, no porque la autoridad sea incompatible con la democracia. Un Estado sin autoridad termina siendo un Estado incapaz de garantizar derechos. Tampoco porque un Presidente no pueda tener una personalidad fuerte o utilizar símbolos con los cuales se identifica. El problema comienza cuando autoridad y personalismo se confunden, cuando firmeza empieza a significar que cualquier discrepancia es debilidad y cuando el liderazgo termina construyéndose alrededor de la figura del gobernante antes que de la fortaleza de las instituciones. Un Presidente fuerte y unas instituciones fuertes pueden coexistir; un Presidente que necesita instituciones débiles para parecer fuerte es otra cosa.
Pero hubo algo más en este comienzo que me produjo inquietud. Al escuchar el discurso encontré nuevamente una característica casi inevitable de los gobiernos que comienzan: la necesidad de explicar los problemas recibidos. El nuevo Presidente hizo reiteradas referencias críticas a las dificultades que encuentra y a las responsabilidades de quienes lo antecedieron, al mismo tiempo que formulaba numerosos compromisos sobre aquello que su gobierno pretende cambiar. Y aquí aparece una vieja costumbre de nuestra política: cada gobierno que llega descubre que la casa estaba peor de lo que imaginaba o, dicho de una manera bastante más colombiana, encuentra la “olla raspada”.
Cambian los presidentes, los partidos, las ideologías y las circunstancias, pero la olla reaparece puntualmente cada cuatro años. A veces es fiscal; otras, administrativa, social, institucional o política. Siempre existe alguna explicación para demostrar que aquello recibido era mucho peor de lo que podía conocerse desde afuera. Y puede ser verdad. Un nuevo gobierno puede encontrar unas finanzas deterioradas, instituciones debilitadas, problemas de seguridad agravados, compromisos presupuestales difíciles de atender, proyectos inconclusos o situaciones administrativas desconocidas por la opinión pública. Tiene derecho a decirlo; más todavía, tiene la obligación de hacerlo. Pero debe demostrarlo, porque existe una diferencia enorme entre hacer un inventario y construir una coartada. El inventario tiene cifras, fechas, responsabilidades identificables y problemas verificables; la coartada tiene culpables. El primero permite establecer desde dónde comienza un gobierno; la segunda permite explicar anticipadamente por qué podrían incumplirse sus promesas.
Precisamente por eso el discurso de posesión me dejó, por momentos, la sensación de seguir escuchando al candidato. Muchas promesas, muchos anuncios, mucho por transformar. Quizá demasiado futuro para un hombre que acababa de comenzar a administrar el presente. Una posesión presidencial debe contener, naturalmente, una visión del país que se pretende construir; para eso también se elige un Presidente. Pero debería marcar una ruptura fundamental: la campaña terminó. Y terminar una campaña no significa abandonar las convicciones con las cuales se llegó al poder, sino comprender que cambió la naturaleza de la responsabilidad.
Hasta el día anterior podía prometer; desde ahora tiene que escoger. El candidato habla del país que quiere; el Presidente gobierna el país que encuentra. Durante la campaña puede anunciar más seguridad, más empleo, más inversión, mejor salud, mejor educación, menos corrupción, menos burocracia y mayor crecimiento. Una vez en la Presidencia aparece la parte menos emocionante del poder: decidir cuánto cuesta, de dónde saldrá el dinero, qué puede hacerse primero, qué deberá esperar, qué aprobará el Congreso, qué impedirán las normas y qué promesas tendrán que modificarse porque la realidad resultó diferente. Ahí comienza la verdadera distancia entre decir y hacer.
Esa distancia será especialmente importante para un Presidente elegido después de una campaña profundamente polarizada. Una elección produce un ganador, pero no elimina a quienes votaron por el derrotado. Esos ciudadanos siguen viviendo aquí, pagan impuestos, trabajan, producen, estudian y quedan sometidos a las decisiones del mismo gobierno. Una mayoría electoral entrega legitimidad para ejercer el poder, pero no convierte a quienes perdieron en ciudadanos políticamente irrelevantes. Por eso ganar una elección y gobernar un país son cosas distintas: las urnas entregan poder; la autoridad habrá que construirla.
De la Espriella puede continuar hablándole fundamentalmente a quienes lo llevaron a la Presidencia, conservando las fronteras, los símbolos y las emociones de la campaña, o puede comenzar a construir algo bastante más difícil: una Presidencia capaz de gobernar también para quienes votaron contra él. No tiene que renunciar a su programa, pues para eso fue elegido; tiene que abandonar la campaña. Y deberá hacerlo también respecto del gobierno que acaba de terminar. Puede mostrar lo que recibió, denunciar lo que encuentre mal y explicar las dificultades que enfrenta. Si existen problemas fiscales, que publique las cifras; si encuentra irregularidades, que actúen los organismos correspondientes; si existen compromisos presupuestales que condicionan el futuro, que los colombianos los conozcan. Lo que no puede hacer ningún gobierno es convertir durante cuatro años al antecesor en explicación permanente del presente.
Un Presidente no escoge el país que recibe: gobierna el que le entregan. Precisamente porque había problemas pidió el voto para resolverlos; porque consideraba insuficiente lo realizado por quienes gobernaban ofreció hacerlo mejor; y porque millones de ciudadanos creyeron que podía hacerlo le entregaron el poder. Desde ese instante comenzó a correr otro reloj.
Hay una expresión popular que probablemente diga más sobre esto que muchas páginas de teoría política: “las palabras se las lleva el viento”. Las palabras pasan, los discursos se archivan, los titulares desaparecen y las promesas sobreviven algún tiempo en la memoria hasta que alguien decide confrontarlas con la realidad. Los hechos son diferentes: son tangibles, se pueden medir, comparar, discutir y, sobre todo, tienen consecuencias sobre la vida de las personas. Hechos son.
Por eso todos los presuntos males y los inmensos problemas heredados del gobierno anterior no deben convertirse en justificación de lo que no pueda hacerse. Deben ser el punto desde el cual se proyecte el país que este gobierno pretende entregar cuatro años después. Y cuatro años son 1.460 días. No son tantos. El primer día buena parte de los problemas todavía pertenece al gobierno anterior: hay presupuestos comprometidos, decisiones en ejecución, funcionarios que apenas comienzan a cambiar y políticas cuyos efectos vienen de atrás. Pero cada día que pase modificará esa relación; habrá cada vez menos pasado ajeno y más presente propio.
Después de cien días todavía será razonable hablar extensamente de la herencia. Al cumplirse un año habrá que comenzar a mostrar resultados. Después de dos, resultará mucho más difícil seguir explicando el presente por lo que hicieron otros. Y cuando llegue el día 1.460, la pregunta habrá cambiado definitivamente. Ya no será qué recibió, sino qué hizo con lo que recibió.
Entonces habrá que mirar qué ocurrió con la seguridad, las finanzas públicas, el empleo, la inversión, la pobreza, la salud, la educación y las instituciones. Habrá que establecer qué mejoró, qué permaneció igual y qué empeoró; tendremos que poner las promesas pronunciadas durante la campaña y reiteradas al comenzar el gobierno al lado de los resultados obtenidos. También tendremos que reconocer lo que haya salido bien, incluso quienes hoy desconfían del nuevo Presidente, y señalar lo que haya salido mal, incluso quienes hoy celebran su llegada al poder. Esa es la regla democrática.
Si encontró la olla raspada, veremos cómo la entrega. Si recibió problemas, veremos cuáles resolvió. Si prometió transformaciones, veremos cuáles realizó. El nuevo Presidente dispone desde ahora de 1.460 días y, aunque parecen muchos, en el ejercicio del poder pasan demasiado rápido. Después vendrá el balance y entonces ya no será juzgado por la fuerza de su saludo, por la imagen del tigre, por la solemnidad de una guarnición militar, por la contundencia de una consigna, por las promesas de una posesión ni por todo aquello que pueda atribuirle al gobierno anterior. Será juzgado por sus decisiones, por sus aciertos y equivocaciones, por aquello que corrigió y aquello que dejó deteriorar; pero, sobre todo, será juzgado por lo que hizo o, dejó de hacer.
Para entonces, las palabras se las habrá llevado el viento. Quedarán los hechos.
(*) Magister en Ciencias Políticas
- Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
- Investigador en historia política y comportamiento electoral
