Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)
En política, las decisiones no caen del cielo. Se construyen en mesas, se acuerdan en pasillos, se consolidan en estructuras. Y cuando determinadas fichas se mueven en silencio, el tablero completo merece ser observado.
En el Quindío, a pocos días de elegirse los tres Representantes a la Cámara, una inclusión dejó de ser trámite partidista para convertirse en símbolo. La presencia de Óscar Leonardo Marín Barbosa en la lista de Cambio Radical —hecho público y reportado por medios regionales— no puede analizarse como simple formalidad administrativa. Ocurre bajo la sombra de un debate nacional que todavía no se disipa.
El país ha sido testigo de la controversia que rodea el nombre de Jhon Mauricio Marín en relación con la crisis del modelo de salud del magisterio, la Fiduprevisora y el FOMAG. La investigación periodística “El laberinto…” de W Radio —reconocida con el Premio Simón Bolívar 2025— expuso hipótesis, testimonios y cuestionamientos sobre el manejo de recursos del sistema. La Procuraduría informó pliego de cargos y llamado a juicio disciplinario por presuntas irregularidades en la implementación del nuevo modelo. Son actuaciones en curso. No sentencias. Pero en democracia la legitimidad política no espera a que el martillo judicial golpee la mesa; se construye o se erosiona en el terreno de la confianza pública.
Y es precisamente cuando esa confianza está bajo tensión que una ficha se ubica estratégicamente en el tablero regional.
La pregunta no es personal. Es estructural:
¿qué se negoció para que esa pieza ocupara ese lugar?
En el Quindío no se desconoce quién mueve las palancas internas de Cambio Radical, quién articula respaldos, define alineamientos y ordena disciplina territorial. La política local no opera por azar; opera por acuerdos. Por eso la inquietud no es caprichosa ni malintencionada: ¿hubo una negociación interna que garantizara esa inclusión?, ¿se intercambiaron apoyos políticos por posiciones estratégicas?, ¿se aseguraron estructuras territoriales a cambio de lealtades?
Si no hubo negociación, la transparencia la despeja.
Si la hubo, la explicación la legitima.
Lo único que debilita la democracia es la penumbra.
Pero el debate no se agota en una candidatura.
En distintos círculos políticos se menciona —como percepción extendida— la existencia de un grupo de profesionales quindianos radicados en Bogotá que, a lo largo de varios gobiernos, han ocupado posiciones en entidades del orden nacional: el Fondo Nacional del Ahorro, la Fiduprevisora, la Cancillería, el FOMAG, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo, entre otras. Ascender en la administración pública no es reprochable; lo cuestionable sería que ese ascenso respondiera a la consolidación de una red de influencia política con efectos territoriales.
No es una afirmación penal. Es una hipótesis política que circula y que, en democracia, merece respuesta.
Cuando los mismos entornos aparecen vinculados a nodos estratégicos del Estado y, simultáneamente, emergen movimientos electorales asociados a esas órbitas de poder, la ciudadanía tiene derecho a preguntar si existe convergencia entre burocracia nacional y operación política local. No para condenar sin pruebas, sino para exigir claridad antes de delegar representación.
La democracia no cae por un solo acto; se desgasta por sedimentación. Sedimentación de silencios. Sedimentación de acuerdos que no se explican. Sedimentación de coincidencias que, al repetirse, dejan de parecer casuales. Sedimentación de prácticas contractuales cuestionadas públicamente —como acuerdos interadministrativos y contratación directa a través de figuras como “AlDesarrollo” y “MASORA”— que alimentan la percepción de concentración y discrecionalidad. En ese punto el problema deja de ser estrictamente jurídico y se vuelve simbólico: la representación empieza a confundirse con transacción, la lista con blindaje, la estructura con muralla. Y cuando la muralla se percibe más alta que la transparencia, la confianza se resquebraja.
En ese momento emerge la figura que algunos minimizan hasta que resulta decisiva: el veedor ciudadano. No importa si marcha solo; importa que su existencia revela que hay inquietud pública. Cuando ciudadanos documentan y formulan hipótesis sobre posibles cruces entre burocracia, contratación y operación electoral, la respuesta no puede ser el descrédito automático. La respuesta debe ser documentación, trazabilidad, explicación.
La carga de la claridad recae en quien aspira al poder.
En el Quindío no se disputa únicamente una curul; se disputa el modelo de ejercicio del poder. Se disputa si las decisiones se negocian entre pocos o se exponen ante todos. Se disputa si la política se administra como círculo cerrado o como casa con ventanas abiertas.
Frente a ese dilema, el ciudadano conserva una herramienta silenciosa pero contundente: EL VOTO CASTIGO.
El voto no es adhesión inercial; es examen. No es obediencia; es balance. No es resignación; es afirmación de dignidad política.
Ya no se trata solamente de explicar cómo se configuró una lista. Se trata de algo más profundo: de rechazar cualquier práctica política que se construya en la penumbra, cualquier acuerdo sellado por debajo de la mesa, cualquier negociación que utilice el poder público como moneda de intercambio.
La democracia no se defiende pidiendo versiones edulcoradas; se defiende censurando la opacidad. Porque cuando la política empieza a oler a transacción oculta, cuando los acuerdos se negocian lejos de la luz pública y las decisiones estratégicas parecen responder a pactos internos antes que, a deliberación abierta, lo que está en juego no es una candidatura: es la decencia del ejercicio del poder.
Frente a eso, la respuesta democrática no es el ruido ni la furia. Es la memoria. Memoria al momento de votar. Memoria frente a las coincidencias reiteradas. Memoria ante las preguntas que nunca obtuvieron respuesta.
No por rabia.
No por revancha.
Sino por dignidad política.
Porque el voto no es complacencia; es límite. Y cuando la política se aparta de la transparencia, el ciudadano tiene el deber de recordarle dónde está la frontera.
Porque en democracia el poder no se hereda ni se camufla: se legitima.
Y cuando la legitimidad se vuelve frágil, el veredicto no lo dicta una estructura ni una mesa de negociación.
Lo dicta el ciudadano, en silencio, dentro de la urna: VOTO CASTIGO.
(*) Magister en Ciencias Políticas
- Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
- Investigador en historia política y comportamiento electoral.
