Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)
No toda dominación se ejerce con violencia. Algunas se ejercen con contratos de tres meses.
En Armenia, capital del Quindío, el debate político suele concentrarse en nombres, partidos y disputas visibles. Pero mientras la política se escenifica en la superficie, el poder real opera en silencio a través de un mecanismo tan legal como profundamente injusto: la contratación masiva por prestación de servicios.
Los datos oficiales de la contratación pública de 2024 y 2025 no describen una anomalía administrativa. Revelan algo más serio: un modelo de gobierno que se sostiene sobre la precarización deliberada del trabajo y la administración sistemática de la necesidad.
El dato que desnuda el sistema
En 2024, la Alcaldía de Armenia celebró 4.616 contratos de prestación de servicios, por un valor cercano a $177 mil millones. En 2025, el número prácticamente se mantiene (4.612 contratos), pero el valor contratado se dispara hasta $322 mil millones.
El número no cambia. El dinero sí.
Más del 97 % de los contratos de la parte central del municipio corresponden a esta modalidad. La prestación de servicios dejó de ser un mecanismo excepcional para convertirse en la columna vertebral del funcionamiento estatal. La administración local no se estructura sobre plantas estables ni institucionalidad fuerte, sino sobre miles de contratos temporales que se renuevan periódicamente.
Esto no es un problema de eficiencia. Es una arquitectura del poder.
Gobernar aprovechándose de la necesidad
Este modelo se sostiene sobre una verdad incómoda: el aprovechamiento consciente de la necesidad laboral de técnicos, tecnólogos y profesionales que hacen funcionar la ciudad.
Ingenieros, abogados, comunicadores, trabajadores sociales, gestores culturales, médicos, profesionales de la salud y del deporte no son tratados como servidores públicos con derechos, sino como necesitados recurrentes, sujetos a la renovación trimestral de su contrato. Personas que entienden, sin que nadie lo diga explícitamente, que su continuidad depende menos de su capacidad que de su docilidad.
Aquí se aplica con crudeza una lógica conocida en los pasillos del poder: “Es mejor tener necesitados que agradecidos.”
Contratos de tres meses: la humillación normalizada
La precarización no es solo económica. Es simbólica y moral.
Los contratos de uno, dos o tres meses se convierten en la regla. No por razones técnicas, sino como mecanismo de control. Cada renovación es una prueba silenciosa de obediencia. Cada firma recuerda quién decide y quién depende.
Se exige compromiso, resultados y lealtad institucional, mientras se niega el derecho mínimo a la estabilidad laboral, burlando el espíritu constitucional sin violar formalmente la ley. No hay carrera administrativa. No hay protección. No hay posibilidad real de disentir.
No es improvisación. Es diseño.
Un sistema, no entidades aisladas
Cuando se observa la contratación de las entidades descentralizadas, el cuadro se completa. EPA, REDSALUD, IMDERA, CORPOCULTURA y EDUA no actúan como islas, sino como engranajes funcionales del mismo sistema.
- EPA concentra recursos y operación urbana.
- REDSALUD multiplica contratos pequeños y dependencias laborales.
- IMDERA expande redes contractuales de alta capilaridad territorial.
- CORPOCULTURA precariza el trabajo cultural, multiplicando contratos, pero reduciendo drásticamente su valor.
- EDUA legitima técnicamente decisiones ya tomadas.
Cada entidad cumple una función distinta, pero todas responden a la misma lógica: muchas personas contratadas, contratos frágiles, alta dependencia y baja autonomía. La prestación de servicios se convierte así en una forma de biopolítica administrativa: no gobierna leyes, gobierna vidas laborales.
Clientelas, concejales y docilidad
Este sistema no solo produce obediencia individual. Produce gobernabilidad política.
La contratación se usa para:
- mantener clientelas de partidos cooptados,
- distribuir cuotas contractuales como mecanismo de control,
- garantizar docilidad en el Concejo,
- neutralizar el control político real sin necesidad de confrontación.
No se compra el voto con sobres. Se administra la necesidad con contratos.
Es una forma disfrazada, sofisticada y socialmente devastadora de corrupción: legal en su forma, corrosiva en sus efectos.
El poder que no firma, pero decide
En este contexto cobra sentido la percepción ciudadana —cada vez más extendida— de que Armenia no tiene un solo alcalde. Hay un alcalde nominal, elegido en las urnas, que ejecuta. Y hay un alcalde real, un financiador político que no aparece en los documentos, no firma contratos, pero ordena el sistema que los hace posibles.
El poder no siempre necesita figurar. Le basta con organizar la dependencia.
En Armenia no se gobierna con leyes: se gobierna con contratos.
Y cuando el poder se acostumbra a administrar la necesidad, olvida algo esencial: la dignidad está por encima de todo; es lo primero.
Los contratos de tres meses no solo precarizan el trabajo de técnicos, tecnólogos y profesionales; agotan su dignidad. Y cuando la dignidad se agota, no hay miedo que alcance. Llega el silencio, llega la memoria y llega el momento de castigar.
La imposición de exigir el voto por las listas del financiador —el mismo que humilla con la inestabilidad laboral— termina produciendo el efecto contrario al buscado. La precarización no compra lealtad; fabrica voto castigo.
Porque quien trabaja humillado puede callar un tiempo. Pero cuando vota, recuerda.
Y en política, no hay sistema más frágil que aquel que confunde la necesidad con obediencia y olvida que la dignidad siempre vota. y, cuando vota, castiga.
(*) Magister en Ciencias Políticas
- Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
- Investigador en historia política y comportamiento electoral.
