Por: José Gustavo Hernández Castaño

Hablar de ciudadanía hoy es adentrarse en uno de los conceptos más controvertidos y polisemánticos, tan antiguo como dinámico, cuya historia ha sido tejida por múltiples lenguajes filosóficos, disputas ideológicas, transformaciones políticas y tensiones sociales. Lejos de ser un término cerrado, la ciudadanía es un constructo en constante reconfiguración, tanto en el plano normativo como en su manifestación empírica. En el marco de sociedades cada vez más complejas, desiguales y diversas, su definición, aplicación y contenido práctico se tornan cruciales para pensar la democracia, el Estado, la inclusión y los derechos.

En su genealogía y evolución conceptual la ciudadanía hunde sus raíces en la civitas romana y la polis griega. En Roma, el término civis designaba al miembro reconocido de una comunidad jurídica, con deberes y privilegios claramente establecidos. En Grecia, Aristóteles concebía al polites como aquel que participaba activamente en la deliberación y la acción pública, considerando la ciudadanía inseparable de la virtud cívica (Aristóteles, 1994).

En la modernidad, el concepto fue redefinido por el contractualismo político. Para autores como Hobbes, Locke y Rousseau, la ciudadanía emergía como resultado del pacto racional que funda el orden político. Hobbes (1651) enfatizó la obediencia al soberano como condición para la seguridad, mientras que Locke (1689) introdujo la noción de derechos naturales y límites al poder estatal. Rousseau (1762), por su parte, vinculó la ciudadanía con la voluntad general y la participación directa.

En la filosofía kantiana, la ciudadanía se relaciona con la autonomía moral y el imperativo categórico, fundando una visión universalista del derecho. Hegel la inscribirá en la racionalidad del Estado ético, concebido como la culminación del espíritu objetivo (Hegel, 1821).

La tradición liberal, consolidada en el siglo XIX, entiende la ciudadanía como un estatus legal que otorga derechos individuales a los miembros de una nación. Thomas H. Marshall (1949) propuso una secuencia evolutiva de la ciudadanía: primero los derechos civiles, luego los políticos y finalmente los sociales. Esta perspectiva prioriza la libertad negativa, la protección de la esfera privada y el respeto por las normas comunes.

Por otro lado, el republicanismo destaca el carácter activo de la ciudadanía. Como señala Pettit (1997), la libertad no se limita a la no-interferencia, sino que implica la no-dominación, es decir, vivir sin estar sujeto al arbitrio de otros. Desde esta visión, la ciudadanía no es solo derecho sino deber: exige participación deliberativa, compromiso con el bien común y virtudes cívicas (Viroli, 2003).

El comunitarismo, representado por autores como Charles Taylor, Michael Sandel y Michael Walzer, cuestiona la neutralidad liberal. Afirman que la identidad del ciudadano está anclada en tradiciones, lenguajes y prácticas compartidas. La ciudadanía se define por los lazos comunitarios y los valores culturales que moldean nuestras comprensiones de justicia (Taylor, 1993; Sandel, 1996; Walzer, 1983).

Las transformaciones globales de las últimas décadas —crisis del Estado-nación, migraciones, exclusión estructural, globalización económica— han revitalizado la discusión sobre la ciudadanía desde enfoques integrales. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) propuso en su informe de 2004 una visión de ciudadanía que no se limite al ámbito jurídico-político, sino que abarque también dimensiones económicas, sociales y culturales.

En este marco, el Informe sobre la Calidad de la Ciudadanía en México (INE, 2015) plantea tres niveles de ciudadanía: minimalista, intermedia y maximalista. Esta visión ha sido retomada en estudios realizados en Colombia, donde se reconoce la necesidad de construir una ciudadanía desde abajo, como plantea Dagnino (2005), que supere la lógica vertical y limitada de inclusión formal. En este sentido, la ciudadanía es también un proceso de subjetivación política y de lucha por el reconocimiento.

Autores como Putnam (2000), Benedicto y Morán (2002) y Hoskins (2006) han destacado la relación entre ciudadanía activa y capital social. Esta última se define como el conjunto de redes, normas y valores que facilitan la cooperación y la acción colectiva. El capital social puede tener una forma estructural (instituciones, asociaciones) o cognitiva (valores, confianza, reciprocidad).

La ciudadanía activa se manifiesta en la participación no electoral, en la vida comunitaria, en la vigilancia ciudadana, en la expresión de opiniones políticas y en la movilización social. En Colombia, el enfoque de calidad de la ciudadanía (Encuesta 2017) considera dimensiones como el acceso a la justicia, la participación política, la vida comunitaria, los valores democráticos y la relación con el Estado.

En contextos marcados por la desigualdad estructural, la exclusión social, la desafección política y la crisis de representación, la ciudadanía no puede limitarse a un enunciado jurídico ni a una ritualidad electoral. Debe entenderse como una práctica situada, diversa, conflictiva y transformadora, que articule derechos, deberes, reconocimiento y agencia colectiva. Concebir la ciudadanía como una realidad por construir es también un llamado ético y político a democratizar la democracia misma.

Referencias

• Aristóteles. (1994). Política. Gredos.
• Benedicto, J., & Morán, M. L. (2002). Aprendiendo a ser ciudadanos: Experiencias de educación para la ciudadanía en Europa. Instituto de la Juventud.
• Dagnino, E. (2005). Citizenship: a perverse confluence. Development in Practice, 17(4–5), 549–556.
• Hegel, G. W. F. (2004). Principios de la filosofía del derecho. FCE. (Original de 1821).
• Hobbes, T. (2017). Leviatán. Alianza Editorial. (Original de 1651).
• Hoskins, B. (2006). Towards an active citizenship for democracy. European Commission.
• (2015). Informe sobre la calidad de la ciudadanía en México. Ciudad de México.
• Locke, J. (2007). Segundo tratado sobre el gobierno civil. Alianza. (Original de 1689).
• Marshall, T. H. (2009). Ciudadanía y clase social. Alianza. (Original de 1949).
• Mouffe, C. (1999). El retorno de lo político. Paidós.
• (2004). La democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos.
• Pettit, P. (1997). Republicanismo: una teoría sobre la libertad y el gobierno. Editorial: Paidós Ibérica (Colección Estado y Sociedad)
• Putnam, R. D. (2003). *Solo en la bolera: El colapso y el resurgimiento de la comunidad norteamericana*. Galaxia Gutenberg.
• Restrepo, D. (2005). Educación ciudadana: una pedagogía para la democracia. Ministerio de Educación Nacional.
• Restrepo, D. (2006). Ciudadanía y democracia en la escuela. MEN–Universidad Nacional.
• Rousseau, J. J. (2010). El contrato social. Losada. (Original de 1762).
• Sandel, M. J. (2011). Justicia: ¿Hacemos lo que debemos? Debate.
• Taylor, C. (1993). El multiculturalismo y la política del reconocimiento. Fondo de Cultura Económica.
• Viroli, M. (2003). Republicanismo. Paidós.

Walzer, M. (1995). Esferas de justicia: una defensa del pluralismo