Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)
Ese trepidante movimiento, del 25 de enero de 1.999, que con la fuerza de una bravía naturaleza desplomó casas y edificios, con fiereza se ensañó derrumbando casi la totalidad de las plantas físicas de las instituciones educativas. Dos años después (2.001) aún mantenían en el suelo, como por el suelo estaban muchas edificaciones, barrios completos, y la propia ciudad.
Hacia el medio día del 1 de enero del 2.001, luego de enterarme del nombramiento como Secretario de Educación y de recibir las orientaciones del alcalde posesionado, me di a la tarea de visitar una buena parte de los cambuches donde funcionaban los colegios (entonces), en compañía de algunos miembros de mi familia y de mi entrañable amiga, Marleny Barrios.
En este recorrido, en varios colegios (cambuches), sus celadores, no se encontraban, estaban todavía celebrando el final de año y la llegada del nuevo; situación bastante irregular, que pude evidenciar, un caso a manera de ejemplo, en la escuela Jesús María Ocampo, del barrio Santander, cuando, luego de tocar y tocar, nadie salía; en cambio, de la calle apareció un señor “borracho” diciendo ser el celador, el cual, estaba celebrando con sus amigos a menos de una cuadra del colegio.
Desde el comienzo de la administración, al tiempo que se gestionaba la aceleración de la construcción de las plantas físicas de los colegios, ante las gerencias zonales de la reconstrucción, se gestionaba la propia política educativa de la nueva administración.
Los primeros días me reúno con el equipo de profesionales, jefes de dependencias de la secretaría; posteriormente, con directores de escuelas de primaria y rectores de colegios (así estaba dividido, para la época), para conocer el estado del arte de la educación en el municipio.
Luego con funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental para conocer el estado en que se encontraba la entrega de las plantas de personal docente, personal administrativo, plantas físicas e inventarios, y deudas, para terminar de concluir el proceso de certificación que por ley se adelantaba, como primer municipio que se certificaba en educación. Ya había tenido conocimiento del inicio de este proceso cuando en representación del Ministerio de Educación, me correspondió participar. Proceso que terminó de concluir un año después, o algo más.
Los llamados docentes por contrato, vinculados a través de la cooperativa de Don Emilio (ya explicitada en artículo anterior), iban llegando en el mes de marzo, abril y mayo. Un verdadero desorden administrativo, reflejado en las instituciones educativas, sobre todo en bachillerato. Situación que hubo de corregirse a partir del segundo semestre del 2.001, para garantizar un inicio, sin tantas interferencias en el 2.002 y en los años sucesivos.
Por la fuerza de la costumbre (administrativa) heredada por varios años, la vinculación de los docentes pasaba por un largo proceso, en el cual los estudiantes eran los grandes perjudicados, pues, la planta completa de los docentes se terminaba de concluir, a veces, en el mes de junio.
Las necesidades de docentes, la empezaban a pasar los rectores en febrero y a veces llegaba hasta marzo; luego se programaba la visita del equipo de directores de núcleo y supervisores para corroborar el estudio de las cargas académicas en cada colegio, por docente y por especialidad de acuerdo con las necesidades enviadas por los rectores; en el caso de sobrar uno o varios docentes, se iniciaba el proceso de negociación entre el rector, el docente, el equipo administrativo de la secretaría y en últimas con el sindicato de educadores, negociación motivada por un supuesto derecho de los docentes a no ser removidos.
Todo esto hubo de acabarse, desde una discusión que implementé en el terreno de las normas, y el teórico y filosófico de los derechos de los docentes, los derechos de los estudiantes y el más importante, el derecho fundamental a la educación que debería estar por encima de todos. Una discusión, en la cual, terminó por imponerse el derecho fundamental a la educación, como derecho que debía caer en cabeza de los estudiantes, la cual terminó por ser aceptada, a regañadientes, por un sector de docentes y un sector de la directiva sindical.
Con el proceso de certificación fue trasladado del Departamento al municipio, un equipo de supervisores. Con ellos, con los Directores de Núcleo, unido a los profesionales, jefes de las dependencias, financiera, planeación, jurídica y administrativa, conformamos un excelente equipo de acompañamiento administrativo de la Secretaría.
Con este equipo comenzamos la discusión de las normas, la discusión de los procedimientos que se venían adelantando, y la búsqueda de la solución para evitar traumatismos en el inicio del año escolar para los estudiantes y por sobre todo el respeto del derecho a la educación. Concluimos definiendo una estandarización y una parametrización para todos los colegios, que diera cuenta de las reales necesidades, la intensidad horaria por áreas del conocimiento, las cargas académicas por docente, el número de estudiantes por grupo, y por grado, y el promedio de metros cuadrados por estudiante de acuerdo al área de las aulas de clase. Todo ello orientado a una mejor planeación y a reducir al máximo la pérdida del tiempo para iniciar el proceso educativo, tan importante en la formación de los alumnos.
Otra discusión que se adelantó fue la relacionada con el calendario académico que en la práctica cada rector de colegio acomodaba a su interpretación. Se definió un único calendario para todo el municipio que respetara la normatividad establecida en la ley y en los decretos reglamentarios.
Igualmente, se introdujo el cumplimento de la jornada de los docentes para diferenciarla de la carga académica u horas de clase. Implementación de esta y otras políticas, nada fácil, porque, se había introducido, por la fuerza de la costumbre, el derecho a considerar cumplida la jornada laboral y abandonar el colegio, cuando terminaba la última clase de su carga académica. Discusión que mantuve pública con los docentes, los rectores y el sindicato de educadores.
En las reuniones de los directivos docentes (directores y rectores) se fue introduciendo una disciplina en su cumplimiento. A la primera reunión que realizamos, fueron llegando poco a poco, a destiempo, unos y otros, tiempo después de la hora citada; algunos no llegaron. Desde el comienzo manifesté mi inconformidad y señalé con precisión que había que estar presentes y a la hora citada, la asistencia a las reuniones, no era optativa, era obligatoria, por cuanto allí se trazaban, se socializaban y orientaban las políticas públicas en materia educativa, para el municipio. Causó escozor que así se hablara, que ese fuera el nuevo lenguaje. Igualmente, por escrito, se pidió explicación de las razones de la no asistencia de aquellos que no llegaron.
Para la segunda, la tercera reunión convocada, y en lo sucesivo, mejoró la asistencia y la puntualidad.
Cuando la costumbre hace ley, se torna difícil producir los cambios, por la multiplicidad de actores y factores que corresponde enfrentar. A veces, existe la tendencia a creer que el no cumplimiento de los deberes y las obligaciones, cuando se vuelve consuetudinario, se convierte en derecho adquirido. La responsabilidad y el cumplimiento de los deberes no es contraria a la existencia de los derechos. El cumplimiento de los primeros, no es violatorio, de los segundos. Con la fuerza de los argumentos, se realizó un amplio debate público.
Antes de los sucesos del terremoto de 1.999, existía una diferenciación no adecuada, diría más bien, atrevida, entre los establecimientos de primaria y los de secundaria; así mismo, entre los colegios que venían de ser departamentales y los llamados colegios nacionales. Una discriminación odiosa en lo presupuestal, en las dotaciones, en las propias plantas físicas, discriminación que el terremoto no terminó y que por el contrario me tocó vivir, replantear y reformular a partir 2.001.
Del anterior tema y de otros, en escrito ulterior, me voy a referir: 1, colegios de primera, segunda y tercera categoría (dotación de los colegios); 2, El paso de los colegios nocturnos a un solo colegio de educación de adultos, o jornada nocturna; 3, el cambio del concepto: centro docente por institución educativa; 4, la resignificación del concepto institución educativa, trascendiendo el de planta física; 5, la alimentación escolar; 6, los uniformes escolares; 7, rectores que se consideraban inamovibles; 8, las relaciones con el SUTEQ y los llamados privilegios; 9, las 40 semanas de clase, las vacaciones de comienzo y de Mitad de año; 10, el Museo interactivo de Ciencia y Tecnología (la robótica y la electrónica, los tableros inteligentes); 11, el Historial Pedagógico, académico y personal de cada estudiante; 12, los privilegios de algunos docentes y algunos administrativos y sus vínculos con la Universidad y el sector privado; 13, los Talleres de educación para el trabajo y el desarrollo; 14, las relaciones con los concejales.
(*) Magister en Ciencias Políticas
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