Algunos militares han reconocido su culpabilidad en los falsos positivos, pero el expresidente Uribe sigue negando su responsabilidad penal, política o moral. Esto es lo que se sabe.
Hernando Llano Ángel*
Los militares rompen el silencio
“¿Quién dio la orden?” es la pregunta que se hace el país frente a la práctica horrorosa de las ejecuciones extrajudiciales, denominadas “falsos positivos”.
La respuesta habitual de las autoridades ha sido el silencio ante el dolor y la indignación de las víctimas. Por regla general los mandos militares, incluido el entonces presidente Álvaro Uribe, evaden su responsabilidad personal en estos crímenes de guerra y lesa humanidad.
Pero hace poco, en una audiencia ante la JEP, el mayor general (r) Henry William Torres reconoció su responsabilidad personal, añadiendo que su actuación se había ajustado a las órdenes recibidas del general Mario Montoya y también a las exigencias del presidente Uribe Vélez, quienes le exigían “resultados operativos”.
las acciones criminales de cientos de miembros de la Fuerza Pública fueron habituales bajo el mandato de un presidente que estaba dedicado a supervisar el desempeño de los militares, pero ese mismo presidente no se enteró de lo que pasaba a su alrededor.
Además, Orlando Rivas Tovar, director del DAS en Casanare, declaró: “Por mi actuar y por mis omisiones, la seccional Casanare se vio inmersa en un gran número de hechos y conductas que hoy reconozco que estuvieron por fuera de toda lógica”, añadiendo que “la política institucional del DAS dependía y cumplía órdenes directas de la Presidencia de la República”
La respuesta de Uribe
Álvaro Uribe ha salido a defenderse ante estas acusaciones. En primer lugar, publicó un video donde admite que “Siempre fui exigente, como la opinión pública lo percibió en los consejos comunitarios que se transmitían por televisión. Ser exigente era mi deber”. Añade que, en departamentos como Casanare, las FARC, el ELN y los paramilitares azotaban a la población civil.
Por supuesto, esta declaración produjo diversas reacciones, opiniones y análisis. Entre ellos, una columna de Rodrigo Uprimny donde aclara que no hay prueba alguna de que Uribe hubiese ordenado los falsos positivos, pero que pudo haber incurrido en responsabilidad penal de mando al ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Incluso, si no incurrió en esta responsabilidad penal, sí es evidente su responsabilidad moral y política.
Esta vez el abogado de Uribe, Jaime Granados, publicó un comunicado de rechazo a esta columna y en su cuenta de X Uribe respondió a través de un ataque personal, que la Fundación para la Libertad de Prensa calificó como una “agresión directa” contra Uprimny:
El misterio
Este episodio expone el mayor misterio gubernamental de nuestra historia reciente: las acciones criminales de cientos de miembros de la Fuerza Pública fueron habituales bajo el mandato de un presidente que estaba dedicado a supervisar el desempeño de los militares, pero ese mismo presidente no se enteró de lo que pasaba a su alrededor.
Por eso, según Uribe, la JEP es una institución que induce a los militares a decir mentiras para obtener la libertad. El hoy expresidente además revictimiza a quienes fueron ejecutados: “el diseño de la JEP estimula en aras de la libertad a reconocer incluso delitos no cometidos y facilita presentar como inocentes a quienes estaban delinquiendo”.
La responsabilidad penal
Aunque hay excepciones históricas como la de Hitler y su responsabilidad penal inocultable en el genocidio de cerca de seis millones de judíos, es casi imposible demostrar que un jefe de Estado dio órdenes de asesinar.
Por eso los debates sobre participación del gobernante en crímenes de guerra y lesa humanidad no se refieren tanto a las responsabilidades personales o penales, sino a sus responsabilidades políticas. Estos crímenes ocurrieron en Colombia bajo el gobierno de Uribe porque se trató de una práctica sistemática y generalizada en un contexto de guerra internacional o de conflicto armado interno.
La responsabilidad política
La responsabilidad política se configura en la medida que agentes estatales actúan en desarrollo de una política gubernamental.
En este caso se habría tratado de la “Seguridad Democrática” y específicamente de la Directiva 29 de 2005, firmada por el entonces ministro de defensa Camilo Ospina Bernal. La Directiva estableció una tabla de recompensas para los miembros de las Fuerzas Militares que abatieran o capturaran a integrantes de organizaciones armadas al margen de la ley.
En consecuencia, los máximos responsables políticos de los “falsos positivos” son el presidente Álvaro Uribe y su ministro de defensa, Camilo Ospina. Son los máximos responsables políticos porque así lo establece la Constitución en varios de sus artículos.
Por ejemplo, el artículo 6 consagra el principio de legalidad y responsabilidad de los funcionarios públicos por “infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en sus funciones”. Algunas ejecuciones extrajudiciales fueron el resultado de la omisión y la extralimitación, por ejemplo, cuando se exigía resultados a toda costa.
Uribe contra Uribe
En un discurso del 14 de abril de 2007 en el Consejo Comunal de Aracataca, dijo el presidente Álvaro Uribe:
“General Padilla: que critiquen lo que critiquen, que se venga el mundo encima, pero bajo mi responsabilidad política, acabe con lo que queda de las Farc, que es la hora de hacerlo. general Padilla: que se venga el mundo encima, que critiquen lo que critiquen, pero bajo mi responsabilidad política, proteja a Cali, saturando a Anchicayá y el área de influencia de comunidad rural en construcción de confianza con la Fuerza Pública. Proteja a Urabá, saturando ese corazón de montaña entre Tierradentro y Mutatá con Fuerza Pública y con comunidades rurales, cooperantes con la Fuerza Pública, recibiendo una periódica bonificación económica. Hágalo cuanto antes, general, que el proyecto de la Sierra Nevada nos respalda, porque ha mostrado que es un proyecto de recuperación”.
Más claro no canta un gallo: el presidente asume la responsabilidad política pero el expresidente se niega a asumir esa misma responsabilidad política.
Uribe se extralimita
En la orden anterior el presidente Uribe se excedió en dos respectos:
- Primero, al ordenar “acabe con lo que queda de las Farc” el presidente llama a lo que se conoce como “guerra sin cuartel”. Esta es una evidente infracción del Derecho Internacional Humanitario, ya que implica la aniquilación total del enemigo, sin respeto a los sobrevivientes que hayan entregado sus armas o se encuentren heridos.
- Segundo y más grave, vincular a la población civil al conflicto armado, como: “comunidades rurales, cooperantes con la Fuerza Pública, recibiendo una periódica bonificación económica”. Uribe desconoce así el principio de distinción en los conflictos armados internos que prohíbe vincular a la población civil con la guerra y las hostilidades.
De hecho, el desconocimiento de estos dos principios fue la columna vertebral de la “Seguridad Democrática”. Y a esto hay que sumar el punto 33 del Manifiesto Democrático donde el entonces candidato presidencial afirmó que:
“A diferencia de mis años de estudiante, hoy violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológica es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”
Cuya máxima expresión acabó siendo, paradójicamente, los falsos positivos, supuestamente cometidos en defensa del orden estatal.
Uribe y su ministro sí fueron responsables
Por todo lo anterior, la respuesta política y constitucional a la pregunta ¿Quién dio la orden? es: Álvaro Uribe Vélez como presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República (artículo 189, numeral 3, Constitución).
También su ministro de defensa Camilo Ospina Bernal, según el artículo 208 de la Constitución pues “bajo la dirección del Presidente de la República, (al ministro) le corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley”, como lo hizo al firmar la Directiva 29 de 2005 y exigir su cumplimiento.
los máximos responsables políticos de los “falsos positivos” son el presidente Álvaro Uribe y su ministro de defensa, Camilo Ospina. Son los máximos responsables políticos porque así lo establece la Constitución
El presidente y el ministro deberían responder política y moralmente ante los familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales y ante todo el país, como lo hizo voluntariamente el entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos ante la Comisión de la Verdad:
“Me queda el remordimiento, me queda el hondo pesar que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres incluidas las de Soacha perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada, lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias víctimas de este horror desde lo más profundo de mi alma”.
¿El expresidente Álvaro Uribe asumirá alguna vez su responsabilidad o seguirá evadiéndola? ¿El exministro Camilo Ospina reconocerá su directa responsabilidad política, administrativa y ética por las consecuencias de la Directiva 29 que firmó y ordenó cumplir? ¿En vez de reconocer su directa responsabilidad política y ética, el expresidente Uribe seguirá atacando a quienes lo critican con falsedades e infamias, como las dirigidas contra Rodrigo Uprimny? ¿Esperarán Uribe y Ospina el juicio de la historia o quizá la actuación de la Corte Penal Internacional, como sucede con Putin y eventualmente con Maduro?
HERNANDO LLANO
* Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, PhD Universidad Complutense de Madrid, socio de la Fundación Foro por Colombia, Capítulo Valle del Cauca. Publica en el blog: calicantopinion.blogspot.com.
Fuente: Razón Pública
