Según la ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC), que se encarga de recoger datos de confinamiento de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en el país —6 años después de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)— hay más de 100.000 personas confinadas de manera forzada a raíz de la violencia del conflicto armado.
Debido a esta situación, la ONG extendió un llamado al Gobierno nacional y a los grupos armados para que cesen la práctica que somete al confinamiento a las comunidades enteras en sus casas o territorios. «Pedimos al Gobierno colombiano y a los actores armados no estatales que acuerden una paz duradera que beneficie a las poblaciones vulnerables afectadas por estas inhumanas restricciones de movilidad», comentó el director interino del NRC en Colombia, Juan Gabriel Wells.
Los grupos armados, de acuerdo con lo que indica el NCR, «utilizan los confinamientos forzados como estrategia para ejercer el control sobre comunidades y territorios aislados que a menudo se utilizan para actividades ilícitas. Por eso, más de 2.6 millones de personas han visto restringidos sus movimientos solo durante 2022, siendo las comunidades indígenas y afrocolombianas algunas de las más afectadas».
El Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM) a la implementación de las recomendaciones para la no repetición del conflicto armado ratificó «su compromiso con el Acuerdo y, para ello, con velar por el cumplimiento de las recomendaciones del Informe final de la Comisión en pro de los derechos de las víctimas, por una Colombia donde haya garantías de vida plena para todas las personas».
Fuente: laorejaroja.com
