Balance de los cien días del gobierno ADLE
Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)
Prometió un gobierno de los “nunca” y abrió las puertas a numerosos “de siempre”. Tal vez el milagro consistía precisamente en eso: bautizar con nombre nuevo a la vieja política, darle una mano de pintura al edificio y anunciar que acababan de inaugurar la República. El lema parecía un desafío a las maquinarias; la nómina terminó exhibiendo antiguos ministros, congresistas, alcaldes, gobernadores y allegados de las casas regionales. No todo funcionario veterano es clientelista, ni todo recién llegado es virtuoso. Pero si se ofrece una ruptura, no se puede presentar la continuidad como si fuese el descubrimiento de América.
Ahí están Elsa Noguera, exalcaldesa de Barranquilla y exgobernadora del Atlántico, nombrada en Transporte, con su trayectoria política junto al grupo Char; Mauricio Gómez Amín, antiguo senador liberal ligado políticamente a ese entorno, en Comercio; Alejandro Ordóñez, antiguo procurador, con militancia conservadora, en Interior; Miguel Gómez Martínez, de una familia de arraigada historia política en la ortodoxia conservadora, en Hacienda; y Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en Deporte. La familia Araújo también aparece en puestos nacionales y diplomáticos. Parentesco no es delito; experiencia pública tampoco. Pero llamar a eso el gobierno de “los nunca” exige una imaginación que ni los mejores novelistas del realismo mágico se habrían atrevido a pedir prestada.
El poder tiene sus trucos. Cambia de sombrero, no necesariamente de cabeza. Y mientras la retórica electoral repartía certificados de pureza, las redes de influencia conocían perfectamente el camino hacia los despachos. No basta con demostrar quién conoce a quién: hay que seguir quién nombró, quién decide, quién contrata y quién recibe. Esas son las cuentas que separan el relato de la anatomía del poder.
En seguridad y paz, la puesta en escena encontró uniforme, boina, botas, saludo marcial y pistola al cinto. Antes de posesionarse, ADLE lanzó ultimátums de diez días a organizaciones armadas. Después llegaron videos con cámaras múltiples, música y frases pronunciadas con la solemnidad de quien cree que el enemigo se desmovilizará por agotamiento auditivo. Hasta se difundió la imagen de una bomba firmada por el mandatario. Hay algo de paradoja: el jefe civil de la Fuerza Pública parece empeñado en interpretar al soldado principal de su propia película.
Y hubo una escena que desbordó la metáfora. Tras la Operación Azarías, el presidente difundió imágenes mientras caminaba junto a bolsas que contenían cadáveres de personas abatidas, nunca se supo si de guerrilleros o policías. La defensora del Pueblo objetó que los cuerpos terminaran convertidos en escenografía de una declaración pública. Fue una crítica pertinente a la dignidad humana, que no depende de que el muerto haya sido enemigo.
El 12 de noviembre, el registro periodístico acumulaba 43 policías y militares asesinados durante el nuevo gobierno y 219 heridos. Detrás de esos números no hay figurantes, sino familias y comunidades que pagan la factura. Los reportes sobre el periodo del 7 de agosto al 5 de noviembre registraron 339 hechos de terrorismo, 131 casos de reclutamiento de menores y 21.482 personas confinadas, mientras 10.622 personas figuraban como desplazadas. Son cifras de la propia ventana gubernamental.
¿Qué se necesita entonces? Menos duelo de micrófonos y más capacidad de proteger la escuela rural, impedir la extorsión, perseguir las finanzas ilegales, investigar judicialmente y permanecer donde el grupo armado retroceda. La paz no es una capitulación, pero tampoco una coreografía de fusiles. Un presidente puede firmar cuantas bombas quiera para la fotografía; ninguna lleva incorporada una fiscalía, un hospital, un maestro o una ruta segura para que el campesino saque su cosecha.
También regresaron, como sombras de campaña, las controversias por su antigua relación profesional con jefes paramilitares, David Murcia Guzmán y Álex Saab. Las relaciones de abogado y cliente y algunas operaciones documentales pertenecen al expediente público; no está probado que toda acusación repetida sea verdad, ni es serio afirmar que ninguna fue respondida. Justamente por eso debe exigirse una explicación documental completa, no una condena de plaza pública ni una absolución por aplausómetro.
Y las burlas circularon: “filipichín”, “showman”, “superhéroe”, “quemagatos” y otras etiquetas. No todas son expresiones verificadas de los caricaturistas o columnistas a quienes suelen atribuírselas, y una etiqueta no prueba una imputación. Pero la caricatura acierta cuando señala un problema real: el gobernante que dedica tanta energía a fabricar su personaje corre el riesgo de confundir la simpatía de las cámaras con el consentimiento de los ciudadanos. Ni el apodo sustituye la prueba ni la pose sustituye la gestión.
Tres días después de la posesión llegó el terremoto. Y ahí el espectáculo se encontró con la ruina de verdad: el consolidado oficial de octubre registró 778.281 personas afectadas, 358 fallecidas, 4.238 heridas y 98 desaparecidas; 255.079 viviendas averiadas o destruidas, de ellas 51.778 completamente destruidas; 5.309 sedes educativas afectadas y 547 necesitadas de reconstrucción total. La tragedia no era un decorado para una visita oficial: había hogares sin techo, aulas sin paredes, negocios sin clientes y pueblos enteros haciendo cuentas con los escombros.
El precio anunciado de la desgracia también fue mudando de vestido: primero se habló de unos 30 billones de pesos; luego de 42,1 billones en daños directos; después de 44,65 billones en daños y pérdidas y finalmente de 58,29 billones para el plan plurianual. La opacidad aparece cuando se enuncian como si fueran una sola bolsa de dinero que ya estuviera disponible. Los nombres de las columnas contables importan, sobre todo cuando las familias necesitan saber de cuál cuenta saldrá su casa.
El Fondo Milagro nació con título de estampita y obligaciones de entidad pública. Tenía aprobados 624.656 millones de pesos para intervenciones urgentes y reportó apenas 7.440 millones en procesos contractuales, cerca del 1,19 % de ese monto. No significa que el resto se lo hayan robado ni que esos contratos ya estuvieran pagados. Significa algo bastante molesto para la propaganda: la distancia entre lo aprobado, lo tramitado, lo desembolsado y lo construido todavía requería explicaciones comprensibles, verificables y públicas. La contratación excepcional puede ser legal; la excepcionalidad no puede servir de contraseña para que los ciudadanos dejen de preguntar, ni patente de corso para los corruptos, ni para la impunidad.
La fundación vinculada a la primera dama declaró recaudos por 54.589 millones de pesos. La DIAN confirmó su inscripción en el régimen tributario correspondiente. Nada de eso certifica, por sí solo, escuelas reconstruidas ni hospitales funcionando: exige conocer donantes, proyectos, desembolsos, beneficiarios y auditorías. Lo contrario sería pedirles a los damnificados que sustituyan la contabilidad por un acto de fe. Y a la fe, como al cemento, no conviene echarle más agua de la cuenta.
Una ceremonia de entrega de nueve viviendas merece respeto por las nueve familias que hoy tienen una puerta para cerrar y un techo para dormir. Pero una alegría individual no es un balance nacional. La cámara enfoca las llaves, los abrazos, al ministro, al gerente y acaso el beso oportuno; fuera de cámara quedan miles que esperan, las escuelas por reparar y los centros de salud que todavía necesitan funcionar. Para quien lo perdió todo, la foto es recuerdo; la vivienda es supervivencia. Nadie construye un municipio con una colección de inauguraciones.
Mientras tanto, el espejo retrovisor sigue ocupando buena parte del parabrisas. ADLE señala los problemas heredados del gobierno de Gustavo Petro; varios de ellos pueden ser reales y merecen auditoría. Pero cuando la denuncia del antecesor se convierte en actividad principal, la oposición puede terminar gobernando desde la Presidencia. La responsabilidad se recibe con la banda presidencial, no después de terminar el inventario de culpas. El pasado explica el punto de partida; no paga la escuela nueva, no protege al policía de hoy, no devuelve el empleo y no reconstruye el puente.
No se trata de pedir milagros en cien días. Se trata, precisamente, de no vender milagros como si ya hubieran ocurrido. Hay ayudas, decisiones y algunas entregas reales; deben reconocerse sin convertirlas en epopeya. El ciudadano no necesita un presidente rodeado de cámaras para sentirse acompañado, sino una administración rodeada de controles para saber dónde va cada peso. Colombia puede conservar la esperanza sin comprar el libreto del espectáculo: porque del dicho al hecho hay mucho trecho, y entre una bomba firmada y una vereda en paz cabe todavía todo el tamaño del Estado que hace falta.
Tal vez el balance sea este: “los nunca” se encontraron con “los de siempre”; la seguridad y la paz se vistieron de camuflado; y la reconstrucción fue bautizada Milagro antes de que llegaran las cuentas completas. Pero al país no lo levantan los nombres ingeniosos ni las botas lustrosas. Lo levantan los hechos. Cuando se apagan las cámaras, la patria sigue allí, preguntando por sus muertos, sus aulas, sus casas y su dinero. Y esa pregunta, señor presidente, no se contesta con otra fotografía.
ADLE parece empeñado en convertir sus consignas en una especie de catecismo político de obligatoria repetición: “Firmes por la patria”, “Bienvenidos a la patria milagro” y “¡Viva Cristo Rey!”. Tres frases que, de tanto pronunciarlas, parecieran destinadas a sustituir los resultados por la fe, la gestión por la consigna y la rendición de cuentas por el fervor. Como si bastara invocar la patria para protegerla, proclamar el milagro para reconstruirla y apelar al cielo para resolver los problemas de la tierra. La repetición busca instalar esas expresiones en el imaginario colectivo, hasta volverlas parte del paisaje político nacional. Pero, como decían los abuelos, obras son amores y no buenas razones. Porque la patria no se levanta a punta de estribillos, los milagros no aparecen por decreto y la fe, por respetable que sea, no exonera al gobernante de responder por sus actos. Una cosa es creer en Dios y otra muy distinta pretender que Dios termine haciendo el trabajo del Gobierno.
(*) Magister en Ciencias Políticas
- Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
- Investigador en historia política y comportamiento electoral
