Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)
El terremoto del 10 de agosto duró apenas unos segundos. Suficientes para que la tierra volviera a recordarnos quién manda cuando decide sacudirse, para abrir paredes, averiar edificios, sacar familias a la calle, destruir patrimonios levantados durante toda una vida y devolvernos, a quienes vivimos aquel fatídico 25 de enero de 1999, imágenes que creíamos enterradas debajo de los escombros de la memoria. Después vino lo que siempre llega con la tragedia: miedo, incertidumbre, ingenieros mirando grietas, organismos de socorro corriendo, vecinos ayudando, llamadas preguntando si estamos bien, familias contemplando aquello que hasta la víspera llamaban hogar. Y apareció también esa Colombia solidaria que tantas veces emerge cuando todo parece venirse abajo. Pero pasado el primer estremecimiento comienza otra historia. Mientras unos lloran, otros hacen cuentas.
Muchas son cuentas necesarias. La familia calcula cuánto perdió; el ingeniero, cuánto cuesta reparar; el Estado, cuánto tendrá que invertir; la aseguradora, cuánto reconocer; el constructor, cuánto material necesitará. Hasta ahí vamos bien. El problema es que Colombia tiene suficiente experiencia para saber que detrás de una calamidad suelen aparecer otras calculadoras: las de quienes se frotan las manos, encuentran contratos entre los escombros, negocios donde otros ven ruinas y oportunidades particulares donde debería existir una responsabilidad colectiva.
El Gobierno Nacional calcula inicialmente alrededor de 30 billones de pesos para la reconstrucción, aproximadamente 24,5 billones en edificaciones y 5,5 billones en infraestructura. Treinta billones. Es mucha plata. Alcanza para levantar viviendas, colegios, hospitales, vías, puentes y acueductos; también, para qué nos decimos mentiras, es suficiente para despertar apetitos.
Y esos recursos no llegarán a un territorio administrativamente virgen. El terremoto encontró problemas que venían de antes, algunos tan repetidos que hemos terminado normalizándolos. Armenia ofrece un buen ejemplo. En 2024 llegó al Concejo una solicitud de empréstito por $200.000 millones; el proyecto fue devuelto, posteriormente apareció una autorización cercana a $176.078 millones y el acuerdo terminó declarado inválido por el Tribunal Administrativo del Quindío debido a problemas jurídicos relacionados con las facultades otorgadas al alcalde. En mayo de 2026 el Concejo autorizó otro empréstito por $100.000 millones, con 14 votos positivos y cinco negativos. Endeudarse no es pecado; las ciudades utilizan crédito para financiar infraestructura y una deuda responsable puede ser una buena herramienta. Lo que cuesta entender es otra cosa: simultáneamente, la propia Alcaldía celebraba haber alcanzado dos años antes de lo previsto la meta de recaudar un billón de pesos, mientras el presupuesto municipal para 2026 rondaba también el billón: aproximadamente $983.266 millones.
Entonces cualquiera se rasca la cabeza. Recaudamos más, aumentamos presupuesto, hacemos adiciones, recibimos transferencias, pedimos prestado, volvemos a pedir prestado y la plata nunca alcanza. ¿Dónde está el roto del bolsillo? En cualquier hogar colombiano, si suben los ingresos y aun así toca volver al banco, alguien termina sentándose en la mesa con lápiz y papel.
Con el Estado debería suceder igual. Naturalmente, no toda insuficiencia presupuestal significa corrupción; existen necesidades acumuladas, inflación, obras costosas, mantenimiento represado y obligaciones crecientes. Pero tampoco nos hagamos los de la vista gorda: conocemos los sobrecostos, las obras eternas, las adiciones que engordan contratos, la mala administración y la corrupción. El problema de un barril sin fondo no siempre es que le echemos poca agua; a veces está lleno de agujeros. Y antes de seguir vaciando baldes dentro convendría mirar por dónde se sale el agua y quién tiene puesto el balde debajo.
Ahora llega el terremoto y, con él, la urgencia manifiesta y los recursos extraordinarios. La emergencia exige velocidad; ninguna familia puede esperar los tiempos parsimoniosos de la burocracia mientras su vivienda amenaza con venirse abajo. Pero rapidez no significa patente de corso. Si los procedimientos se acortan, la vigilancia debería alargarse. Ya conocemos la película y no precisamente porque nos la hayan contado. Después del terremoto de 1999, el FOREC permitió reconstruir buena parte del Eje Cafetero y sería mezquino desconocer sus logros, pero también hubo cuestionamientos fiscales e irregularidades. Providencia dejó otra lección: años después de los huracanes, la propia UNGRD se negó a recibir tres obras cuyos contratos superaban $30.500 millones, después de haberse desembolsado más de $26.400 millones, debido a graves deficiencias constructivas. Y después vinieron los famosos carrotanques de La Guajira: cuarenta vehículos destinados a llevar agua a comunidades sedientas, alrededor de los cuales la Procuraduría formuló cargos por presuntos sobrecostos superiores a $16.000 millones. Agua para quienes tenían sed y un río de plata corriendo por otro lado. Ya nos mordió el perro; no nos pidan ahora que no miremos cuando escuchamos ladrar.
También aparece la política de la fotografía. Los gobernantes tienen que recorrer los barrios, acompañar a los damnificados, ponerse al frente; para eso fueron elegidos. Lo reprochable sería esconderse. Otra cosa ocurre cuando comienza a borrarse la línea entre presencia institucional y pose: casco, chaleco, abrazo, damnificado, cámara, video, red social, otro abrazo, otra publicación. El dolor también puede convertirse en escenografía política. Y aquí tenemos una fotografía para guardar: el gobernador y los doce alcaldes aparentemente unidos, hombro con hombro, haciendo un SOS al Gobierno Nacional. Bonita imagen. Reconfortante incluso. Pero una fotografía congela un segundo, acomoda protagonistas, busca el mejor ángulo y deja muchas cosas fuera del encuadre.
La verdad verdadera parece bastante menos bucólica. El terremoto no borró de un sacudón las diferencias acumuladas durante casi tres años entre Gobernación y alcaldes, algunas suficientemente profundas para que se hablara públicamente del famoso G-8. Y ya se perciben nuevas grietas: deseos de protagonismo, disputas por vocerías, interés por controlar la interlocución con Bogotá, afán por aparecer como gestor de recursos. Nada extraño hay en defender al municipio propio; para eso está un alcalde. Otra cosa es cuando comienza la carrera por saber quién consigue más, quién anuncia primero, quién entrega, quién aparece más y quién logra quedarse con la mejor tajada de reconocimiento político. Hoy todos caben en la fotografía. Esperemos unos meses, cuando comiencen a circular en serio los recursos y haya que decidir quién administra, quién contrata, quién ejecuta y quién corta la cinta. Ahí sabremos si la tragedia los unió de verdad o simplemente los reunió para posar.
Porque hay algo que nadie quiere mencionar demasiado fuerte entre los escombros: 2027 ya comenzó. Basta mirar alrededor. Personajes cada vez más activos, reuniones, visitas, declaraciones, fotografías, redes sociales repentinamente hiperactivas, dirigentes que aparecen hasta en la sopa. Unos miran hacia la Gobernación, otros hacia las alcaldías; algunos todavía no dicen que son candidatos, pero caminan, hablan, sonríen y posan como si ya estuvieran en campaña. No necesitan anunciarlo. En política hay silencios que hacen bastante ruido.
Y la pelea más sabrosa muchas veces ni siquiera ocurre entre partidos, sino dentro de la propia casa. Varios aspirando a la misma candidatura, buscando el mismo aval, tratando de mostrar quién tiene más gente, quién consigue más recursos, quién aparece más en medios, quién logra acercarse al jefe, quién puede presentarse llegado el momento diciendo: “yo soy el que gana”. Después vendrá la bendición. ¿Quién pondrá la mano sobre la cabeza del escogido? ¿El partido, las bases, un directorio, los ciudadanos o algún personaje que, sin ocupar cargo público, conserva la llave de la puerta? Ahí empieza a asomarse un viejo conocido de estas columnas, el intermediario financiador de camapañas: el poder en la sombra.
Los contratos dirán quién firma. Eso es fácil. Más difícil será saber quién manda. ¿Quién recomienda? ¿Quién llama? ¿Quién acerca al contratista? ¿Quién dice este sí y aquel no? ¿Quién no aparece jamás en SECOP pero, curiosamente, ronda las grandes decisiones? En política, como en el teatro, no siempre quien recibe los aplausos es quien mueve el telón. No afirmo que alguien esté haciendo hoy semejante cosa con los recursos del terremoto. Eso habrá que verlo. Pero cuando aparezcan los grandes contratos convendrá mirar nombres, empresas, interventorías, constructores, proveedores y coincidencias. ¿Serán los mismos de siempre? ¿Aparecerán viejos conocidos con traje nuevo? ¿Quién terminará ganando? El poder verdaderamente eficaz no siempre necesita firmar; a veces le basta con conseguir que otro firme. Esa es la maravilla de gobernar desde la sombra: mandar sin tener que responder.
Y todo esto ocurre cuando faltan poco más de doce meses para elegir gobernador, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Sería de una ingenuidad enternecedora imaginar partidos dormidos, aspirantes de vacaciones y financiadores mirando para otro lado mientras por el territorio circularán multimillonarios recursos de reconstrucción. No estoy afirmando que esos dineros vayan a financiar campañas. No demos semejante salto. Pero una reconstrucción produce mucho más que cemento: produce contratos, empleos, proveedores, transportadores, organizaciones comunitarias, líderes barriales, beneficiarios y, sobre todo, visibilidad. Una vivienda pública puede terminar convertida en “la casa que nosotros conseguimos”; un subsidio, en “la ayudita que le gestionamos”; una vía, en “la obra que trajo nuestro grupo”. Es el viejo truco: el derecho se disfraza de favor, el favor se vuelve gratitud y algún vivo espera que la gratitud, llegado octubre, encuentre el camino hacia la urna.
El terremoto duró segundos; la emergencia durará meses y la reconstrucción, años. Veremos seguramente ciudadanos ayudando, empresas donando, profesionales ofreciendo sus conocimientos y funcionarios trabajando honestamente. No metamos a todos en el mismo costal. Pero tampoco seamos bobos. Mientras unos lloran, otros hacen cuentas, otros se frotan las manos. El límite se atraviesa cuando alguien comienza a calcular cuánto puede sacar, cuando el dolor se convierte en negocio, la emergencia en atajo, el damnificado en cliente, los escombros en tarima y la reconstrucción del Quindío en la construcción de una candidatura.
Miremos, entonces, sin prejuicios, pero sin vendas. Al pan, pan y al vino, vino. Si las cosas se hacen bien, habrá que reconocerlo; si comienzan a oler mal, habrá que decirlo. Estos recursos no son del alcalde, del gobernador, del Presidente, del político de turno ni del contratista. Son públicos y moralmente pertenecen primero a quienes perdieron su techo, su patrimonio y su tranquilidad. Que nadie convierta sus lágrimas en caja menor, que nadie use sus ruinas como escenografía electoral y que dentro de cinco o, diez años no tengan que venir fiscales, procuradores, contralores y jueces a explicarnos lo que hoy todavía podemos evitar. Porque robarle al Estado siempre será miserable; hacer fortuna, construir poder o cosechar votos metiendo la mano entre los escombros de quienes acaban de perderlo todo es todavía peor. El nombre, por ahora, que se lo ponga cada lector.
(*) Magister en Ciencias Políticas
- Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
- Investigador en historia política y comportamiento electoral
