Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)
La semana pasada dejé abierta una pregunta en esta columna: ¿El libro de la verdad? Los signos de interrogación no estaban allí por simple recurso de título. Si un gobierno decide poner la palabra «verdad» en la portada de un documento público, eleva la apuesta. Ya no basta con contar una historia convincente, acumular cifras que impresionen o poner denuncias sobre la mesa. La verdad, precisamente porque se presenta como verdad, tiene que resistir preguntas, contrastes y pruebas.
Por eso me acerqué al documento sin hacer fila detrás de quienes ya lo habían condenado ni acomodarme entre quienes lo recibieron como una revelación. Quise hacer el ejercicio a partir de aquella figura que Estanislao Zuleta recupera de Nietzsche en Sobre la lectura: el camello, el león y el niño. Primero cargué con el texto, tratando de entender qué decía y qué contenía, sin atravesarme todavía en su camino. Después solté al león: pregunté, dudé, confronté cifras, palabras y afirmaciones. Finalmente apareció el niño, quizá el momento más difícil: desprenderme tanto de quien acusa como de quien se defiende para construir mi propia lectura. Parece sencillo. No lo fue. Mucho menos en un país donde tenemos la mala costumbre de escoger primero la orilla y después buscar los argumentos para no movernos de ella.
Comencé, pues, como camello. A cargar.
El Libro de la Verdad es un documento de 135 páginas elaborado por el equipo del gobierno de Abelardo De la Espriella a partir de información, documentos e informes recopilados durante el proceso de transición con el gobierno saliente de Gustavo Petro, y del trabajo realizado posteriormente por los equipos encargados de su revisión. Su contenido fue organizado alrededor de 22 sectores de la administración pública y contó con la participación del denominado Equipo Élite Anticorrupción. El documento registra 126 asuntos recibidos y analizados durante ese proceso, de los cuales 59 fueron priorizados dentro del balance sectorial. A ellos se agregan 23 casos identificados por el Equipo Élite y remitidos a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Así se conforman los 82 asuntos presentados: 59 correspondientes al examen sectorial y 23 trasladados a los organismos competentes. El propio gobierno entrante denominó posteriormente aquel proceso «empalme unilateral».
Los 59 no son 59 casos de corrupción. Allí se reúnen asuntos fiscales, presupuestales, contractuales, tecnológicos, administrativos y de funcionamiento institucional. Los otros 23 tienen naturaleza diferente: fueron identificados como posibles hechos irregulares y puestos en conocimiento de los organismos encargados de establecer si existe responsabilidad fiscal, disciplinaria o penal. El propio presidente De la Espriella, al entregar el documento, señaló que no corresponde al Ejecutivo establecer esas responsabilidades.
El libro organiza además lo encontrado mediante nueve expresiones que denomina comportamientos críticos: «destrucción del rigor técnico», «colapso de la capacidad tecnológica», «opacidad y distorsión de la información pública», «parálisis operativa», «captura contractual y concentración del poder operativo», «expansión del riesgo litigioso», «pérdida del control territorial frente a economías criminales», «fragmentación del Estado y fracaso de la conducción estratégica» y «capacidad fiscal restringida».
Hasta ahí cargué. Sin aplausos y sin pedradas.
Después solté al león.
Y la primera dentellada cayó sobre la manera como fue construido el libro. Lo ocurrido entre los dos gobiernos estuvo lejos de ser aquel empalme ordenado que uno imagina cuando una administración entrega las llaves a la siguiente. Hubo interrupciones, diferencias y un proceso que el propio nuevo gobierno terminó calificando de unilateral. De inmediato apareció una pregunta que no es menor: ¿hasta dónde la información obtenida en esas condiciones permite pasar de informes parciales y hallazgos sectoriales a una caracterización general de cuatro años de gobierno?
Otra pregunta apareció detrás de los números. Si fueron recibidos y analizados 126 asuntos y terminaron priorizados 59, ¿cómo llegaron esos 126?, ¿quién estableció los criterios?, ¿por qué quedaron 59?, ¿qué ocurrió con los demás? No estoy diciendo que los escogidos sean falsos. Es otra cosa. Puedo recorrer una ciudad y tomar cincuenta fotografías absolutamente verdaderas de huecos, basuras, fachadas derruidas y semáforos dañados. Ninguna fotografía miente. Pero si después armo un álbum y digo “esta es la ciudad”, el problema ya no está en la autenticidad de las fotografías, sino en la representatividad del álbum.
Con los 23 casos ocurre algo diferente. Si existen indicios serios de corrupción, que se investiguen hasta donde haya que llegar y que responda quien tenga que responder. Pero remitir un caso no es probarlo; denunciar no es condenar; sospechar no es demostrar. Para eso existen Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, jueces, pruebas, contradicción, defensa y debido proceso.
El león encontró también palabras que merecen dientes.
“Colapso”, “destrucción”, “captura”, “fracaso”. Son palabras mayores. Si hubo captura contractual, quiero saber quién capturó, qué capturó, mediante cuáles mecanismos y quién se benefició. Si hubo colapso tecnológico, habrá que establecer dónde comenzó, cuándo ocurrió y qué consecuencias produjo. Si se destruyó el rigor técnico, tendrán que aparecer las evidencias que permitan distinguir entre una deficiencia, un deterioro y una destrucción. Los adjetivos hacen ruido; las pruebas hacen historia.
Y apareció otro problema, quizá más delicado: meterlo todo en el mismo costal.
Durante el gobierno Petro hubo hechos de corrupción que no pueden esconderse detrás de eufemismos. El caso de la UNGRD está ahí. La justicia ha establecido responsabilidades concretas dentro de aquel entramado; en abril de 2025, por ejemplo, fue aprobado el preacuerdo mediante el cual Sneyder Pinilla aceptó responsabilidad por concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. Negar que durante esos cuatro años existieron episodios graves de corrupción sería tapar el sol con un dedo.
Pero una cosa es demostrar que hubo corrupción dentro de un gobierno; otra, demostrar que la corrupción define al gobierno.
Esa frontera no puede borrarse. En la misma canasta del Libro de la Verdad aparecen posibles hechos de corrupción junto a deficiencias administrativas, baja ejecución presupuestal, contratación, problemas tecnológicos, restricciones fiscales y resultados discutibles de políticas públicas. No son la misma cosa ni pueden medirse con la misma vara. Una política puede fracasar sin ser corrupta; una entidad puede administrar mal sin que alguien se haya robado un peso; una decisión puede ser equivocada sin constituir delito. La corrupción hay que llamarla por su nombre, investigarla y sancionarla donde aparezca. Pero extender su sombra sobre todo aquello que funcionó mal sería otra manera de deformar la realidad. Al pan, pan y al vino, vino.
Tampoco basta con lanzar una cifra y dejarla caminando sola. Si se habla de cientos de miles de contratos y de «nómina paralela», necesito saber cuántos existían antes de Petro, cuánto costaban y cómo evolucionaron. Si hubo deterioro fiscal, pongamos las series completas sobre la mesa. Si determinados sistemas tecnológicos colapsaron, habrá que establecer cuándo fueron contratados, desde cuándo venían fallando y qué ocurrió durante esos cuatro años. Una cifra puede ser cierta y, sin contexto, terminar contando una historia equivocada.
Pero al león hay que dejarlo suelto. No vale amarrarlo cuando voltea la cabeza hacia la otra orilla.
Quienes defendieron al gobierno Petro tampoco pueden despachar el libro con la palabra “propaganda” y asunto concluido. Si una cifra es falsa, muéstrese la correcta. Si un contrato cuestionado fue correctamente ejecutado, que aparezcan los documentos. Si una deuda tiene explicación, explíquese. Si una política que hoy se presenta como fracaso produjo resultados, pongamos los indicadores sobre la mesa. La intención política de quien acusa puede ser evidente, discutible o incluso reprochable, pero no convierte automáticamente en falso el hecho denunciado. Así como una denuncia no demuestra culpabilidad, denunciar persecución tampoco demuestra inocencia.
Ahí terminé de escuchar al león.
Y apareció el niño.
Fue entonces cuando encontré el asunto que más me inquieta: el Libro de la Verdad puede contener muchos hechos verdaderos y, sin embargo, no constituir la verdad completa sobre el gobierno Petro.
No es un juego de palabras.
Un inventario de anomalías no equivale a un balance integral de gobierno. Los 82 asuntos pueden terminar sustentados, uno por uno, y aun así no representar por sí solos cuatro años de administración. Para hacer ese balance habría que mirar qué recibió Petro, qué prometió, con cuáles recursos contó, cuáles restricciones enfrentó, qué decisiones tomó, qué mejoró, qué empeoró y qué dejó. Lo bueno no borra lo malo, pero lo malo tampoco puede hacer desaparecer todo lo demás. Una colección de fotografías verdaderas no necesariamente constituye el retrato completo.
Terminé entonces separando aquello que el debate político suele revolver hasta volverlo irreconocible: el hecho verificable, su soporte documental, la eventual responsabilidad administrativa o jurídica, el contexto histórico y la interpretación política que se construye sobre todo ello. Cinco planos distintos. Solo después de recorrerlos encuentro intelectualmente serio sacar conclusiones. Así se evitan dos trampas que marchan en direcciones contrarias, pero se parecen como dos gotas de agua: convertir el Libro de la Verdad en sentencia anticipada o convertir cualquier crítica al libro en absolución anticipada.
Y allí encontré algo que inicialmente no estaba buscando.
El Libro de la Verdad fue escrito para decirnos cómo recibió De la Espriella el Estado que dejó Petro. Pero, con el paso del tiempo, terminará diciéndonos mucho más sobre De la Espriella que sobre Petro.
Todo presidente tiene derecho a abrir los cajones cuando llega. Más que derecho: obligación. Debe mirar las cuentas, levantar las alfombras, revisar los contratos y contarle al país qué encontró. Lo que no puede hacer es gobernar cuatro años con la cabeza metida dentro del cajón.
Ese será el verdadero examen.
Hoy resulta legítimo decir: “esto recibimos”. Mañana habrá que explicar: “esto hicimos”. Y pasado mañana ninguna de las dos frases será suficiente: habrá que mostrar resultados.
La herencia explica el punto de partida, pero no puede convertirse indefinidamente en explicación del camino recorrido. Su peso disminuye con cada día que pasa; la responsabilidad propia, en cambio, aumenta. Esa regla valía para Petro y deberá valer exactamente igual para De la Espriella. Llegará un momento en que ya no será suficiente señalar hacia atrás. Las palabras “Petro nos dejó” comenzarán a perder fuerza y la pregunta será otra: ¿usted qué hizo?
Por eso guardaría muy bien este Libro de la Verdad. No para enterrarlo. Tampoco para convertirlo en biblia. Para volver a abrirlo dentro de cuatro años.
Entonces podremos poner dos fotografías sobre la mesa: la del país que De la Espriella dice haber recibido y la del país que entregue. Podremos revisar qué corrigió, qué dejó igual, qué mejoró y, también, qué empeoró. Y el libro que hoy sirve para mirar hacia atrás se convertirá, paradójicamente, en una vara para medir hacia adelante.
Tal vez esa sea la mejor cosecha que me dejó el niño.
No escoger entre la verdad de quienes denuncian y la verdad de quienes se defienden. No buscar tampoco una cómoda mitad de camino. La objetividad no consiste en darle un poquito de razón a cada uno. Consiste en exigirles a todos la misma prueba.
Caso por caso. Cifra por cifra. Documento por documento.
Si hubo corrupción, que caiga quien tenga que caer. Si hubo mentira, que se descubra venga de donde venga. Si hubo mala administración, que se mida. Si hubo una política equivocada, que se evalúe. Y si detrás de una acusación lo que existe es simplemente una diferencia ideológica, que no nos vendan gato por liebre.
La semana pasada pregunté: ¿El libro de la verdad?
Después de leerlo, la pregunta cambió.
Ya no me interesa tanto saber quién dice tener la verdad. Me interesa saber quién puede demostrarla.
Porque en política las palabras vuelan, los discursos envejecen, los gobiernos pasan y los culpables de ayer dejan de servir para explicar los problemas de mañana.
Los hechos, en cambio, quedan.
Y hechos son.
(*) Magister en Ciencias Políticas
- Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
- Investigador en historia política y comportamiento electoral
