Democracia, delitos electorales y silencios incómodos
Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)
En campaña todo parece normal. Las calles se llenan de colores, las avenidas se transforman en pasillos publicitarios, los municipios cubiertos de vallas, pendones, afiches. Reuniones políticas, camisetas nuevas, refrigerios abundantes, logística impecable. Una maquinaria que no descansa. Una presencia que no se oculta. Pero hay un punto en que la abundancia deja de ser entusiasmo democrático y empieza a convertirse en una pregunta jurídica y moral: ¿quién paga todo eso?
Porque en elecciones a Cámara existen topes de gasto fijados por el Consejo Nacional Electoral. No son sugerencias, son límites obligatorios. Están diseñados para garantizar igualdad en la competencia. Entonces, cuando el despliegue es desbordado, cuando la publicidad es omnipresente y sostenida, cuando el volumen visible supera cualquier parámetro razonable, la discusión deja de ser estética. Se vuelve legal. ¿Está todo dentro del tope autorizado? ¿Coincide lo que vemos en la calle con lo que se reporta en los libros contables? ¿Cada valla, cada evento, cada brigada está debidamente registrado?
Si la inversión real supera lo permitido y no se reporta, podría configurarse el delito de violación de topes o límites de gastos de campaña. Si los recursos provienen de fuentes prohibidas, podría configurarse el delito de financiación de campañas con fuentes prohibidas. Si el dinero es ocultado o no se declara adecuadamente, podría hablarse de omisión de información del aportante. No son conceptos abstractos. Son figuras penales vigentes.
Pero la pregunta más delicada es otra: ¿de dónde salen los recursos? Si el candidato no asume directamente el costo real del despliegue, ¿quién lo hace? ¿Un financiador poderoso? ¿Un grupo económico con expectativa de retorno? ¿Contratistas interesados en futuras adjudicaciones? ¿Recursos que, directa o indirectamente, terminan saliendo del erario?
Si recursos públicos terminan financiando propaganda electoral, la conducta podría trascender el ámbito electoral y convertirse en peculado por apropiación o peculado por aplicación oficial diferente, además de configurar financiación con fuente prohibida. Si contratos se direccionan para extraer recursos que luego retornan a la campaña, podría hablarse de interés indebido en la celebración de contratos. Y si existe una estructura organizada para ejecutar estas prácticas, podría configurarse incluso concierto para delinquir.
Nada de esto es automático. Requiere pruebas. Pero las preguntas son legítimas.
Hay otro escenario más silencioso y más inquietante: el de los contratistas y trabajadores con vínculos precarios. ¿Qué ocurre cuando a personas con contratos temporales se les exige entregar listas de diez, veinte o treinta potenciales votantes? ¿Cuando deben asistir obligatoriamente a reuniones políticas? ¿Cuando se les sugiere aportar parte de su contrato para financiar actos o logística? ¿Cuando la alternativa implícita es la no renovación del contrato?
Si alguien es obligado o presionado para votar por determinado candidato o para conseguir votos, podría configurarse el delito de constreñimiento al sufragante. Si un servidor público exige aportes económicos aprovechando su posición, podría configurarse concusión. Si esos aportes provienen de recursos públicos, el problema vuelve al terreno del peculado y de la financiación con fuentes prohibidas.
La línea es clara: la libertad del voto no puede estar condicionada por el miedo a perder el empleo.
En departamentos pequeños, como el Quindío, donde tres curules concentran toda la representación ante el Congreso, el poder financiero puede inclinar la balanza. Si una misma estructura controla alcaldías, maneja contratación y articula listas partidistas, el riesgo sistémico aumenta. La campaña deja de ser debate de ideas y se convierte en operación territorial permanente. Y cuando la política se transforma en inversión, la pregunta inevitable es: ¿qué se espera recibir después?
Porque nadie invierte sumas desproporcionadas sin esperar retorno. Si la financiación es excesiva, si la publicidad es ostentosa, si la estructura es costosa, ¿cuál será la compensación? ¿Gestión legislativa independiente o recuperación estratégica de lo invertido? ¿Representación ciudadana o continuidad de redes contractuales?
Aquí no se trata de rumores. Se trata de control institucional. La Fiscalía General de la Nación es la encargada de investigar los delitos penales como la financiación ilegal, el constreñimiento al sufragante, el peculado o el concierto para delinquir. El Consejo Nacional Electoral (CNE) controla los topes y la financiación de campañas. La Procuraduría General de la Nación vigila disciplinariamente a los servidores públicos. La Contraloría General de la República ejerce control fiscal sobre el uso de los recursos públicos. Y existe un mecanismo interinstitucional llamado Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL), que articula varias entidades del Estado para recibir y canalizar denuncias sobre irregularidades electorales.
Las instituciones existen. Los mecanismos están previstos. Pero también existe la responsabilidad ciudadana.
Y entonces, cuando el ruido de la campaña se apaga por un instante, la pregunta vuelve con más fuerza: ¿de dónde sale todo ese dinero? Porque por el exceso publicitario los conoceréis. Por la ostentación los conoceréis. Cuando la propaganda es desmesurada y sostenida, algo exige explicación.
¿Quién paga realmente? ¿El candidato con recursos debidamente reportados? ¿Un financiador poderoso? ¿Un gobernante en la sombra que no aparece en el tarjetón pero sí en las decisiones? Y si alguien invierte tanto, ¿de dónde sacará para reponer la financiación? ¿Cuál será el retorno esperado? ¿Acaso el propio erario de los municipios que controla terminará siendo la fuente de compensación?
El viejo refrán popular resuena con crudeza: “del mismo cuero salen las correas”. Si el cuero es el presupuesto público, si la piel es la contratación municipal, si la materia prima es el dinero de todos, entonces las correas —la propaganda, la logística, la maquinaria— no son gratuitas. Las pagamos nosotros.
Y ahí la reflexión deja de ser retórica. Se convierte en decisión. Porque cada voto no solo elige un nombre; valida o cuestiona una estructura. La democracia no se mide por el tamaño de la valla, sino por la transparencia de la cuenta y la libertad del sufragio.
Tal vez, en medio de tantas vallas, la verdadera señal no sea el rostro que aparece en ellas, sino la pregunta que queda flotando detrás: ¿quién paga y para qué?
Y, sin embargo, frente a cualquier estructura, frente a cualquier exceso, frente a cualquier presión, hay un poder que no puede ser comprado ni amenazado: el voto libre. Ese poder soberano que cada ciudadano ejerce en silencio, solo frente al tarjetón, sin supervisores, sin chantajes, sin intermediarios. Allí no manda el financiador, ni el gobernante en la sombra, ni la valla más grande. Allí manda la conciencia. Y ese poder ciudadano puede castigar el día de elecciones: no votando por quienes obligan, no votando por quienes amenazan, no votando por quienes convierten el erario en herramienta electoral. El voto castigo no es revancha; es defensa de la dignidad democrática. Es el recordatorio de que, al final, ninguna maquinaria es más fuerte que la voluntad libre de un pueblo que decide no arrodillarse.
(*) Magister en Ciencias Políticas
- Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
- Investigador en historia política y comportamiento electoral.
