Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)
¿Quién gobierna cuando nadie da la cara?
En política regional hay preguntas que no se hacen en los debates, pero se murmuran en la calle. Preguntas incómodas, persistentes, casi obstinadas. ¿Quién manda realmente? ¿Quién decide las listas? ¿Quién pone los nombres? ¿Quién cobra después? Cuando esas preguntas empiezan a repetirse, algo profundo se está quebrando en la relación entre ciudadanía y representación.
En el caso de Cambio Radical en el Quindío, la inquietud no surge de la nada. Surge de una experiencia acumulada. De una memoria electoral que recuerda un partido con votos reales (otrora) y liderazgo visible, y observa hoy una estructura cerrada, opaca, cada vez más distante del ciudadano. No se trata solo de ideología; se trata de legitimidad.
Hubo un tiempo —no tan lejano— en que el poder de Cambio Radical se explicaba con votos. Las cifras lo dicen sin alzar la voz: crecimiento entre 2006 y 2010, un pico excepcional en 2014 con dos curules y más del 27 % de la votación, y luego una caída sostenida en 2018 y 2022. Mucho poder institucional, cada vez menos respaldo ciudadano. ¿No debería eso encender alarmas? ¿Qué tipo de partido crece en cargos mientras pierde electores?
La respuesta no es unívoca, pero las pistas son evidentes. Cuando un partido deja de disputar ideas y empieza a administrar listas; cuando la deliberación interna se reemplaza por decisiones tomadas en privado; cuando los liderazgos autónomos desaparecen y son sustituidos por figuras dóciles, previsibles, intercambiables, algo cambia en su ADN. El partido deja de ser partido y se convierte en vehículo.
Aquí aparece una figura central del ecosistema político contemporáneo: el político dócil. No confronta, no pregunta, no incomoda. No llega para representar, sino para cumplir. No decide; ejecuta. Su principal virtud es la obediencia. Su mayor defecto, también. No se vende de una sola vez; se alquila por cuotas. Cambia de discurso con facilidad porque no está atado a ninguno. Sobrevive porque no estorba.
Pero ningún político dócil opera solo. Necesita un centro de mando. Un financiador. Un poder que no aparece en el tarjetón, pero sí en las decisiones. En el Quindío, ese poder tiene una marca que muchos ciudadanos ya identifican —y rechazan—: “Totto”. No como nombre propio, sino como símbolo. Como sinónimo de chequera, control y sombra. Una marca que no inspira confianza, sino sospecha. Que no huele a política, sino a negocio.
¿Es exagerado decirlo? Tal vez. Pero en política, la percepción es un hecho. Y la percepción ciudadana es clara: los candidatos no parecen responder a un proyecto colectivo, sino a una marca privada. No actúan como representantes libres, sino como delegados condicionados. No llegan a deliberar, sino a obedecer. El que paga la orquesta escoge la música, y la música suena igual en demasiados municipios como para ser casualidad.
Aquí surge la pregunta crucial: ¿qué está votando realmente el ciudadano cuando marca esa lista? ¿Un partido? ¿Una ideología? ¿O una estructura controlada desde la sombra? Porque si los electores votan una lista cuya lealtad no está con ellos, sino con quien la financia, el acto democrático se vacía por dentro. El voto se convierte en legitimación de un poder que no se somete a las urnas.
El problema no es solo ético; es democrático. Gobernar sin exponerse puede ser rentable por un tiempo, pero gobernar sin legitimidad nunca es sostenible. Los datos lo sugieren, la calle lo murmura y la memoria electoral lo confirma: cuando el poder se ejerce sin rostro, el fastidio se acumula. Primero hay desconfianza. Luego rechazo. Finalmente, castigo silencioso.
Ese castigo no llega con discursos incendiarios ni con grandes movilizaciones. Llega de otra forma: en la urna. En el voto que se va para otro lado. En la abstención selectiva. En la decisión íntima de no seguir avalando una estructura que ya no representa. Es una forma de defensa democrática. No contra un partido en abstracto, sino contra su secuestro.
Por eso, el debate de fondo no es si Cambio Radical ganará o perderá una curul más. El debate es otro: ¿aceptará el Quindío seguir siendo dirigido por líderes en la sombra? ¿Seguirá normalizando que el dinero reemplace al voto, que la obediencia (miedo) sustituya al carácter y que las listas cerradas oculten decisiones privadas? ¿O usará el único instrumento que le queda para decir basta?
El voto castigo no es odio; es higiene democrática. No es venganza; es memoria. Es la forma más pacífica y más contundente que tiene el ciudadano para recordar que en democracia nadie manda sin responder. Que ningún financiador, por poderoso que sea, puede apropiarse indefinidamente de un partido sin pagar costos políticos. Que la sombra puede durar años, pero nunca es eterna.
Al final, no se trata de cambiar de sigla. Se trata de recuperar el sentido del voto. De defender los partidos como espacios de deliberación, no como franquicias electorales. De recordarle al poder —visible o invisible— que en democracia el último que decide no es el que paga, sino el que vota.
La pregunta queda abierta. Y la respuesta, como siempre, estará en silencio, frente a un tarjetón.
(*) Magister en Ciencias Políticas
Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
Investigador en historia política y comportamiento electoral.
E-mail: gerencia@bambucomunicaciones.com
