La doctrina de los pesos y contrapesos, sobre la cual se fundamenta la idea del Estado constitucional, basada en el estudio de Montesquieu dedicado a la separación de poderes, sirvió de fundamento para el desarrollo de estos principios en nuestra Constitución de 1991.
Un Congreso que se elige cada 4 años, reforma la Constitución, hace las leyes, controla políticamente al presidente de la República, a los ministros, a los altos Magistrados y a otros funcionarios. A su vez, los congresistas y las leyes son controlados por las altas corporaciones judiciales. El límite fundamental es la división y la separación de cada uno de esos poderes: unos hacen las leyes, otros las aplican y otros dirimen las diferencias sobre su aplicación.
El presidente de la República, elegido cada cuatro años (Uribe rompió ese límite, se sobrepasó, lo llevó a dos periodos y quiso hacerlo o llevarlo a un tercero, si se lo hubiesen permitido), representa el Estado, gobierna, dirige la administración pública y es jefe supremo de la Fuerza Pública. Está sujeto al control político del Congreso y sus actos son controlados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En el terreno de la realidad, la práctica, la experiencia indica que siempre todo hombre que tiene poder siente inclinación a abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites o hasta dónde se lo permitan.
En teoría, se trata de un sistema de distribución jurídica y social de las funciones del Estado que permite que “el poder contrarreste el poder”. Todos los poderes deben estar sujetos a controles, no deben existir poderes omnímodos ni ilimitados.
Existen otros órganos independientes o autónomos: la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría y la Fiscalía, encargados de vigilar la conducta de los servidores del Estado, los dineros públicos, la protección de los derechos de las personas y la acusación de quienes infringen la ley ante los jueces. También estos tienen controles políticos y judiciales, y sus actos son controlados por los jueces.
En teoría, el interés general, el de la Nación, el de los ciudadanos, el interés público, prima, sobre el interés particular, el privado, el individual. En la práctica, los ciudadanos observamos en el día a día, que en esta democracia imperfecta se invierten estos principios. El interés privado, el de los particulares, prima sobre el público. Las instituciones al servicio de los negociantes, al servicio de los más vivos, al servicio de los lobistas y los lagartos.
Unos partidos políticos y unos Congresistas que los representan, dedicados a negociar al destajo. Cada ley, cada artículo, cada acto que van a aprobar tiene un precio, no el de la Nación, no el general, sino, el particular, el de ellos. Un botón basta de muestra, el actual debate de la reforma al sistema de la salud y, como ésta, las otras que se tramitan. Han quedado en evidencia, a la luz pública, los múltiples intereses que se mueven para su aprobación. Pujan, por un lado, los congresistas defensores del interés público y, por el otro, los defensores de los intereses privados de los negociantes de la salud, pues, para su aprobación en el Congreso, primero y por delante, debe estar la mermelada, la coima, para aceitar y que engrasar la voluntad del voto que deben depositar.
Los controles políticos no son lo que deben ser (lo teleológico), controles para que se cumplan las metas de los programas, los planes, las políticas públicas de un buen gobierno y para robustecer la democracia y dar buena cuenta de cumplimiento a los ciudadanos; no, por el contrario, se quedan en la miserableza de lo que son (lo ontológico), la ruindad del ser humano, el negociante, el traficante de favores; entregan o depositan el voto, por algo, o mucho, a cambio del puesto, el contrato, la coima, la mermelada. El control político es el espacio propicio para sus negocios. Espacio en el que tienen la espada de Damocles pendiendo para descargarla al funcionario que se les antoja, aplicándole el voto de censura de ser necesario. De doble vía, el funcionario corrupto, el funcionario inepto, entrega todo, contratos, puestos, coimas, si quiere mantenerse y salir indemne del debate.
Ese mismo actuar, ese mismo comportamiento, opera en los órganos de control, llamados autónomos e independientes, controlan, o no, dependiendo del favor recibido. Negocian como los Congresistas, o como los Corporados en los territorios.
“Yo te doy y que me das”, es el vulgar negocio, alimentado por la corrupción a todos los niveles y en todos los espacios.
Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)
(*) Magister en Ciencias Políticas
