Señor Contralor, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, este segundo escrito dirigido a la opinión pública, pero, a usted en particular y, de manera manifiesta, para recabar sobre la importancia de los órganos de control en un Estado Social de Derecho, sobre todo, y muy especialmente, el que usted dirige, por su misión y su visión, registradas en la página web de la Contraloría General de la República, las cuales transcribo literalmente (1):
“Ejercer el control y vigilancia fiscal a los recursos públicos de forma oportuna, independiente y efectiva, garantizando la participación activa de la ciudadanía y la articulación regional, con base en el conocimiento y la tecnología, que contribuya al desarrollo sostenible y al cumplimiento de los fines esenciales del Estado”. (Misión)
“En el 2022, la Contraloría General de la República, será reconocida a nivel nacional e internacional como un órgano de control y vigilancia fiscal líder, moderno y efectivo, con un enfoque preventivo y un control fiscal participativo y oportuno, que contribuya al buen manejo de los recursos públicos, y que genere una mejora en la gestión del Estado y calidad de vida de los colombianos”. (Visión)
Unido a ellas (misión-visión), su expresa manifestación de luchar denodadamente contra la corrupción, cuando se postuló para ser elegido en tan alta dignidad del Estado.
Los estudios y las investigaciones sobre la corrupción en Colombia, han reportado la escandalosa cifra de cerca de 60 billones de pesos anuales, que se van como coimas, mermeladas y sobornos en todas las entidades públicas del Estado Colombiano (no se escapa ninguna); así lo registra el más importante estudio y la más documentada investigación realizada por la Universidad Externado de Colombia, bajo la Dirección de su Rector, el exmagistrado de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, publicada en 4 tomos y, cuyas investigaciones, reflexionan sobre las causas y las consecuencias de la corrupción en diversos sectores como la educación, la salud, los servicios públicos, el medio ambiente y la propiedad intelectual. Los investigadores coinciden en que estas van más allá de la suma aritmética de los montos de defraudación al Estado. En efecto, la corrupción tiene implicaciones más graves como la violación de derechos fundamentales, ineficiencias en la ejecución de las políticas públicas y la erosión de la legitimidad del Estado. Examinan no solo cómo y hasta qué punto el Estado ha sido capturado por la corrupción sino también las herramientas que se deben desarrollar para erradicar este mal endémico y el flagelo más desestabilizador y perturbador que carcome a la Nación.
Unos funcionarios corruptos que por años se han hecho “los de las gafas”, que ni ven ni oyen, ni pasa nada en las entidades que auditan o controlan, en su clientelar actitud del “todo tapen”, no pueden ser los que continúen sirviéndole a usted, y a la Contraloría, en su lucha contra la corrupción, que es también la nuestra. Primero lo primero señor Contralor, “hay que limpiar la casa”, como decían los abuelos.
Los Congresistas tienen su clientela en las entidades del Estado para que cumplan su función, la de ellos (no las de la contraloría), la de su grupo político, la del “tapen, tapen” en las entidades que deben controlar y donde está otro subalterno suyo (del político corrupto), otro de la misma clientela, que se presta para sobornar o chantajear, en su política del “tapen, tapen”, para que la corrupción siga igual.
Una señora del Quindío, que se desempeñó o desempeña como delegada para el sector ambiente de la Contraloría, experta en las artes de la lagartería, quien “no da puntada sin dedal”, para la época de la elección del Contralor, fungió por estos lares como la promotora y organizadora de los contactos con los nuevos congresistas, amarrando los votos para la candidata del momento, María Fernanda Rangel, posiblemente todavía ahí, o promovida a otro puesto, unida a todo este engranaje corrupto se alimenta y alimentan de otros funcionarios al servicio de las clientelas de los Congresistas Sandra Bibiana Aristizabal “liberal” y John Edgar Pérez de Cambio Radical, ambos interesados en colocar a sus recomendados, los abogados, Elizabeth Cardona, Oscar Arbeláez y Diego Luis Vigoya, en las Contralorías Provinciales del Departamento del Quindío, para que hagan su oficio: no controlar, como debe serlo, sino tapar como lo ha sido la práctica inveterada en dicho organismo, tal como lo denuncié en mi columna del 6 de noviembre del año en curso.
¡Algo tiene!, ¡algo hay!, ¡algo se mueve!, en el municipio de Quimbaya, pues los recomendados para las Contralorías Provinciales, han sido políticos de Quimbaya, unidos a otros exalcaldes como el Representante “perea” y, a otros altos funcionarios, que son la mayoría en las altas posiciones del municipio de Armenia. Las entidades públicas del municipio de Armenia fueron cooptadas por los Quimbayunos, como si se tratara de una traslación política y administrativa, Armenia Gobernada por Quimbaya y Quimbaya y Armenia, al servicio del soberano, TOTO, el iletrado.
Y todos los anteriores preparando el camino para otro exalcalde Quimbayuno, Jaime Andrés Pérez Cotrino “LUCAS”, como se hace llamar, quien es su próximo candidato a la gobernación del Quindío.
curiosamente a todos, les gusta que los llamen por sus alias: “perea”, “toto”, “lucas”, etc.
Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)
(*) Magister en Ciencias Políticas
E-mail: gerencia@bambucomunicaciones.com
gustavo.hernandez@bambucomunicaciones.com
