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El gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, continúa cercenando a la oposición y a las organizaciones que son críticas a su gestión. En este caso, desde el parlamento, controlado por el oficialismo, se canceló la personería jurídica a 24 organizaciones no gubernamentales, la mayoría asociaciones médicas.
Desde el Parlamento afirman que “algunas organizaciones tienen más de 10 años durmiendo el sueño de los justos, sin cumplir los requisitos de ley para continuar operando”.
Según el decreto presentado por el gobierno, los bienes de esas entidades pasan a ser propiedad del Estado, en resolución aprobada en sesión plenaria. El Legislativo tomó la decisión contra las oenegés por supuestamente “obstaculizar la labor de control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación”.
