Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)
El poder tiene una escenografía que todos conocemos. Un presidente firma un decreto, un ministro anuncia una reforma, el Congreso aprueba una ley, una corte profiere una sentencia, un alcalde presenta un programa. Cámaras, micrófonos y titulares registran el momento y nosotros concluimos, con cierta lógica, que allí se produjo la decisión. Pero casi nunca fue así. Cuando aparece la firma, buena parte de la historia ya ocurrió. Alguien había definido el problema, seleccionado las cifras, construido el diagnóstico, descartado unas alternativas y convertido otras en soluciones posibles. Por eso, para comprender el poder, quizá ya no sea suficiente preguntar quién gobierna. Hay una pregunta anterior, menos visible y bastante más embarazosa: ¿quién piensa aquello que después los gobernantes terminan decidiendo?
En ese territorio aparecen los llamados think tanks o tanques de pensamiento. El nombre suena extraño: mitad laboratorio, mitad artefacto de guerra. Son organizaciones dedicadas a investigar problemas públicos, producir conocimiento, formular alternativas y tratar de introducirlas en la conversación política. Algunos se presentan como independientes; otros reconocen abiertamente su orientación ideológica. Los hay vinculados al mundo empresarial, a universidades, gobiernos, partidos, fundaciones y organizaciones sociales. No constituyen una especie uniforme. Precisamente allí comienza el problema.
Un tanque de pensamiento no gobierna. No firma decretos, no vota leyes, no ejecuta presupuestos. Su poder, cuando consigue tenerlo, funciona de otra manera. Puede lograr que determinado asunto entre en la agenda pública; producir la cifra que todos comienzan a repetir; formar al experto que mañana llegará a un ministerio; preparar una propuesta antes de que el gobierno descubra que la necesita; conseguir que una determinada solución aparezca como técnicamente razonable. No manda: aumenta la probabilidad de que unas ideas lleguen a quienes sí pueden mandar.
La historia ofrece ejemplos suficientes. Brookings surgió en Estados Unidos de instituciones creadas desde comienzos del siglo XX para aplicar investigación sistemática a los problemas del gobierno. Chatham House nació después de la Primera Guerra Mundial alrededor de la necesidad de estudiar profesionalmente las relaciones internacionales. RAND emergió después de la Segunda Guerra Mundial de la articulación entre científicos, industria y seguridad nacional. Décadas más tarde, Heritage comprendió otra dimensión del asunto: no bastaba producir conocimiento; había que producirlo a tiempo para que pudiera convertirse en programa político.
Las ideas, descubrimos entonces, también necesitan organización. Pero necesitan algo más: dinero.
Investigar cuesta. Hay que pagar investigadores, bases de datos, oficinas, viajes, publicaciones, comunicaciones. De allí surge otra pregunta insoslayable: ¿quién paga para que otros piensen? Preguntarlo no significa suponer que todo investigador está comprado ni que detrás de cada estudio existe un titiritero. Sería una simplificación irresponsable. Significa reconocer que la autonomía intelectual también tiene condiciones materiales.
El financiador no necesita llamar al investigador para decirle qué debe escribir. Puede existir una influencia mucho más sutil: decidir qué preguntas reciben recursos y cuáles nunca serán investigadas. Una agenda se construye también mediante silencios. Por eso la transparencia importa. No para condenar anticipadamente a quien recibe financiación privada, pública o internacional, sino para que sepamos desde dónde habla quien pretende orientar una decisión colectiva.
América Latina agrega otra historia. Aquí los centros de investigación no fueron solamente lugares desde los cuales los expertos se aproximaron al poder. En determinadas épocas también sirvieron para pensar contra el poder. Durante dictaduras y períodos de persecución universitaria, algunos centros se convirtieron en refugios de investigadores expulsados de instituciones públicas. Otros formaron economistas, sociólogos y politólogos que posteriormente participarían en las transiciones democráticas. Y mucho antes de que la expresión think tank se pusiera de moda, la CEPAL había demostrado algo formidable: una comunidad organizada de expertos podía producir conceptos —centro y periferia, desarrollo, industrialización, heterogeneidad estructural— capaces de modificar la manera como un continente pensaba sus propios problemas.
Colombia no permanece al margen. Fedesarrollo fue creado en 1970 y se convirtió en referente de investigación económica y social. La Fundación Ideas para la Paz nació en 1999 alrededor de empresarios preocupados por el conflicto armado y posteriormente amplió sus campos de trabajo. El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, constituido en 1987, interviene desde una concepción explícita sobre libertad económica, propiedad privada, Estado de derecho y mercados. Existen muchos otros centros, observatorios universitarios, fundaciones, gremios y organizaciones que producen conocimiento destinado, directa o indirectamente, a intervenir en los asuntos públicos.
Nada malo hay necesariamente en ello. Al contrario: una democracia necesita conocimiento. Sería absurdo exigir que todas las ideas procedieran del Estado o de quienes ganaron elecciones. Los gobiernos necesitan expertos; el Congreso necesita información; los medios requieren análisis; una sociedad compleja no puede resolver sus problemas únicamente con intuiciones políticas.
La dificultad comienza cuando confundimos conocimiento con neutralidad.
Toda política pública termina distribuyendo algo: recursos, derechos, obligaciones, oportunidades, costos. La evidencia puede mostrarnos consecuencias, pero difícilmente puede decidir por nosotros qué sociedad queremos construir. Detrás de una reforma tributaria, laboral, pensional, educativa, sanitaria o energética existen conocimientos técnicos, sí, pero también concepciones sobre Estado, mercado, igualdad, libertad y justicia. Presentar una de esas alternativas como la única solución “técnicamente posible” puede ser una manera muy eficaz de cerrar una discusión que continúa siendo profundamente política.
Y aparece un problema adicional: las ideas no compiten en igualdad de condiciones. Algunas tienen investigadores de tiempo completo, recursos, departamentos de comunicaciones, acceso a periodistas, capacidad para organizar grandes eventos y relaciones con quienes gobiernan. Otras sobreviven en pequeñas universidades, organizaciones sociales o comunidades que difícilmente consiguen convertir su experiencia en un documento capaz de llegar al escritorio de un ministro.
El mercado de las ideas también tiene ricos y pobres.
Por eso sostengo que el vacío de conocimiento también distribuye poder. Cuando un partido carece de equipos capaces de formular políticas; cuando un Congreso posee insuficiente capacidad técnica; cuando una burocracia pierde memoria institucional o una universidad permanece desconectada de las decisiones públicas, alguien ocupará ese espacio. Puede hacerlo una consultora, un gremio, un organismo internacional, una universidad o un tanque de pensamiento. Quien llega con el diagnóstico elaborado y la propuesta lista posee una ventaja frente a quien apenas comienza a formular la pregunta.
Esto no significa que exista una gigantesca conspiración de expertos gobernándonos desde habitaciones oscuras. Esa explicación, además de cómoda, sería intelectualmente pobre. Buena parte del poder no se oculta; simplemente está disperso. Está en la mesa técnica que pocos conocen, en el documento que circuló antes del proyecto de ley, en el investigador que pasa de una fundación a un ministerio y después regresa a la academia, en la cifra que termina convertida en titular, en la propuesta preparada durante años que encuentra de repente una oportunidad política.
La democracia necesita aprender a seguir esos rastros.
Necesitamos saber quién financia las organizaciones que pretenden intervenir sistemáticamente en los asuntos públicos; quién integra sus juntas directivas; cuáles son sus metodologías; qué conflictos de interés pueden existir; quién participa en las comisiones de expertos convocadas por los gobiernos y cómo llegan determinadas propuestas a convertirse en políticas. Transparencia no significa persecución. Significa información para que cada ciudadano pueda juzgar desde dónde habla quien intenta convencerlo.
Después de recorrer ese mundo regreso a la pregunta inicial: ¿son los tanques de pensamiento el poder detrás del poder?
A veces pueden aproximarse a esa imagen. Muchas otras veces sus propuestas fracasan, nadie las escucha o terminan archivadas. Su influencia no debe suponerse: hay que demostrarla. Pero cometeríamos otro error si observáramos únicamente el instante final de la política. Cuando el presidente firma, el Congreso vota o el ministro anuncia, estamos viendo apenas el último acto.
Quizá el triunfo más profundo de una idea ocurra mucho antes. Ocurre cuando nadie recuerda quién la produjo; cuando una palabra comienza a repetirse hasta convertirse en lenguaje común; cuando una determinada manera de entender un problema deja de parecer una interpretación y empieza a parecernos simplemente la realidad.
Entonces el poder ya no necesita ordenar.
Ha conseguido algo quizá más importante: definir el terreno sobre el cual los demás comenzarán a discutir.
(*) Magister en Ciencias Políticas
- Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
- Investigador en historia política y comportamiento electoral
