DEMASIADAS COINCIDENCIAS EN EL QUINDÍO
Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)
La actualización del catastro multipropósito en el Quindío era necesaria. Los avalúos estaban rezagados, el territorio requería ordenamiento y las finanzas municipales pedían fortalecimiento. Nadie serio discute eso. El problema no es la modernización. El problema es el contexto político en el que ocurre, la forma como se ejecuta, los elevados avalúos y las consecuencias que está generando.
Hoy el debate dejó de ser técnico. Es político, social y profundamente inquietante.
En el departamento, un partido —Cambio Radical— controla 9 de los 12 municipios. Hasta allí, un dato electoral. Pero la percepción ciudadana va más allá: ese partido estaría fuertemente influenciado por un financiador que no ocupa cargos públicos, que nunca ha sido concejal ni diputado ni congresista, pero que —según múltiples voces— decide, orienta y articula el poder territorial.
El nombre que circula es el de César Augusto Pareja Giraldo, conocido como “Toto”. La narrativa pública que lo rodea es conocida: un pasado humilde, oficios varios antes del año 2000, un vínculo cercano con las administraciones departamentales 2004 a 2010, compañero permanente con la entonces gobernadora del departamento, 2011-2015, durante este periodo un crecimiento patrimonial acelerado. Desde entonces (2011-2026) el control efectivo del partido C.R. en la región.
No se trata de juzgar orígenes sociales ni trayectorias personales. Se trata de preguntar por el poder.
- ¿Cómo alguien sin trayectoria electoral formal termina siendo señalado como el verdadero articulador político de nueve municipios?
- ¿Cómo de un momento a otro se convierte en financiador de campañas?
- ¿De dónde provienen los recursos que permiten financiar campañas a Congreso, alcaldías y corporaciones públicas?
- ¿Cómo ese financiador se convierte en el eje de decisiones estratégicas?
- ¿Existe trazabilidad clara y pública de esos dineros con los cuales financia?
La percepción es que hay una estructura organizada al servicio del partido C.R. y del control presupuestal territorial. Una estructura que, según denuncias ciudadanas, podría tener características de concierto para delinquir si llegaran a probarse coordinaciones ilícitas. No afirmamos eso. Lo que se afirma es que la sospecha existe, circula y crece.
Y aquí es donde el catastro entra en escena.
En Armenia, Calarcá, Montenegro, Quimbaya y Filandia —municipios políticamente alineados— la actualización catastral y predial fue contratada con la misma entidad: MASORA.
Demasiadas coincidencias, dicen los ciudadanos.
El mismo operador técnico en varios municipios bajo el mismo eje político.
El mismo estudio que fundamenta incrementos desbordados del impuesto.
El mismo contexto de expansión presupuestal.
¿Hubo pluralidad real de oferentes?
¿Se garantizó estrictamente la selección objetiva?
¿Las condiciones contractuales fueron idénticas?
¿Existe independencia técnica absoluta?
¿O hay algo que la ciudadanía no está viendo?
Por todo lo anterior se formula una pregunta legítima:
¿hay algo debajo de la mesa?
Mientras estas preguntas se multiplican, las denuncias concretas son demoledoras en los 5 municipios. Por ejemplo, en Montenegro:
- “Un recibo que pasó de 11 millones a 31 millones.”
- “Una finca que pagaba 287 mil y ahora debe pagar 10,5 millones.”
- “Un apartamento de 97 metros que aparece con 252 metros.”
- “Un predio rural reavaluado de 189 millones a 1.854 millones en pocos años.”
- “una propiedad en Estrato 1 que pasó de 55 mil a 237 mil pesos.”
No son cifras técnicas. Son historias reales que hoy circulan en memoriales y denuncias públicas. Hay firmas recogidas. Hay inconformidad organizada. Hay agricultores preguntándose cómo pagarán impuestos que superan la rentabilidad de la tierra. Hay ciudadanos preguntándose: ¿será que nos tocará vender la propiedad (lo poquito que tenemos), ya que, no tenemos con qué pagar? Hay ciudadanos recordando: ¿cuál es el interés de las alcaldías pidiendo facultades para embargar?
Los ciudadanos de Armenia, Calarcá, Montenegro, Quimbaya y Filandia se están haciendo preguntas que nadie ha respondido con claridad:
- ¿Cómo justifican los alcaldes incrementos que en algunos casos duplican, triplican y muchísimo más, el impuesto?
- ¿Se garantizó absoluta transparencia en la contratación y en la metodología del avalúo?
- ¿Puede asegurarse que el mayor recaudo tendrá una destinación estrictamente social y verificable?
- ¿Existe total separación entre el presupuesto público y cualquier interés político o personal a futuro?
Si los avalúos estuvieron congelados por años, el ajuste debió ser gradual. La gradualidad es un principio de justicia social. No puede descargarse en un solo año el rezago acumulado durante una década. Cuando el incremento es del doble, del triple o más, el debate deja de ser técnico y se convierte en crisis de legitimidad.
Y entonces la pregunta cambia de tono:
¿el mayor recaudo financiará inversión social verificable o ampliará redes de contratación ya consolidadas?
Porque en paralelo, la percepción es que esa misma estructura política —cada vez más concentrada y extendida— influye o controla entidades estratégicas como EPQ, NEPSA, EMCA, la CRQ e incluso tendría incidencia relevante en la Universidad del Quindío. Cuando el poder se acumula en tantos frentes, la pregunta no es menor. Demasiadas coincidencias, vuelve a decir la ciudadanía.
Cuando el poder se concentra, cuando los contratos se repiten, cuando el mismo operador técnico aparece en varios municipios, cuando el partido dominante (CR) está asociado a un financiador señalado como “gobernante en la sombra”, la confianza se erosiona.
Y surge una pregunta aún más incómoda:
¿las autoridades de control —Fiscalía, Procuraduría, Contraloría— qué tienen para decir?
¿Han investigado? ¿Han auditado? ¿O también existe la percepción de cooptación?
No se acusa. Se pregunta. Pero en democracia, las preguntas insistentes son síntoma de desconfianza.
Mientras tanto, el recibo llega. Y no llega al financiador. No llega al contratista. Llega al agricultor, al pequeño propietario, al adulto mayor, al estrato 1.
Cuando el ciudadano siente que el aumento fue exagerado, que no hubo gradualidad ni enfoque social, que las coincidencias contractuales son demasiadas y que las respuestas oficiales son insuficientes, el conflicto deja de ser administrativo. Se vuelve político.
Las denuncias y memoriales son el primer paso.
El segundo, en democracia, es el voto. El voto castigo.
Responsabilidad de los gobernantes nominales que firmaron.
Responsabilidad del partido que orienta.
Responsabilidad de quien decide, el gobernante en la sombra.
La actualización del catastro pudo ser una oportunidad para fortalecer la equidad territorial. Pero si en la percepción ciudadana se convierte en aumento desbordado, concentración de contratos y poder político opaco, el efecto no será modernización. Será veredicto.
El recibo llega cada año.
El juicio ciudadano llega el día de elecciones.
Y cuando la desconfianza se acumula, el voto deja de ser trámite.
Se convierte en sanción: VOTO CASTIGO.
(*) Magister en Ciencias Políticas
- Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
- Investigador en historia política y comportamiento electoral.
