Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)
“Las crisis políticas no siempre anuncian el fin de un gobierno. Algunas anuncian el nacimiento de un nuevo equilibrio del poder.”
La política suele engañar a quienes observan únicamente los acontecimientos. Una votación en el Congreso, una controversia entre dirigentes o la creación de un nuevo partido parecen hechos independientes, desconectados entre sí y explicables por las circunstancias del momento. Sin embargo, la historia política demuestra que los episodios coyunturales adquieren verdadero significado cuando forman parte de un proceso más profundo de reorganización del poder.
Eso parece estar ocurriendo hoy en Colombia.
La elección del presidente del Senado, la controversia entre Álvaro Uribe Vélez y Abelardo de la Espriella, así como la decisión del nuevo presidente de impulsar un partido propio, no constituyen acontecimientos aislados. Son expresiones distintas de una misma transformación: el inicio de una disputa por la reorganización del liderazgo dentro de la derecha colombiana.
Durante más de dos décadas, Álvaro Uribe Vélez ha ejercido el liderazgo político e ideológico más influyente de la derecha colombiana, hasta convertir al uribismo en su principal referente organizativo, electoral y programático. Alrededor de ese liderazgo se estructuraron partidos, coaliciones, candidaturas y buena parte del debate político nacional. La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia no significa el agotamiento automático de esa hegemonía. Pero sí inaugura, por primera vez, una competencia real por la conducción futura de ese mismo espacio político.
Este hecho posee una trascendencia que supera ampliamente las diferencias personales entre dos dirigentes. Lo que comienza a ponerse en juego no es únicamente el liderazgo de un gobierno, sino la redefinición del centro de gravedad de un sector político que durante años tuvo un referente claramente identificado. Las transiciones de liderazgo rara vez se producen mediante rupturas súbitas. Generalmente comienzan cuando aparece un nuevo actor con suficiente respaldo en las urnas y una, aparente, legitimidad política para disputar la capacidad de orientar, articular y representar un mismo universo electoral.
La elección de la Presidencia del Senado constituye la primera manifestación visible de esa nueva realidad. Muchos la interpretaron como una derrota temprana del Gobierno o como un desacuerdo pasajero dentro de la coalición oficialista. Esa lectura resulta insuficiente. Lo verdaderamente significativo fue el mensaje político contenido en la votación. El Congreso recordó que conserva autonomía frente al Ejecutivo y que el respaldo al nuevo presidente no implica renunciar a la capacidad propia de decisión. Al mismo tiempo, el uribismo dejó claro que su apoyo al Gobierno no supone la subordinación automática de su organización política al nuevo liderazgo presidencial.
Allí aparece el primer dilema.
El Centro Democrático enfrenta una tensión que pocas veces experimentan los partidos que han ejercido durante largo tiempo la conducción de un mismo sector político. Si respalda incondicionalmente al nuevo Gobierno, corre el riesgo de fortalecer un liderazgo que, en el mediano plazo, podría disputar el mismo electorado, atraer sus dirigentes territoriales y convertirse en el nuevo eje de la derecha colombiana. Pero si decide diferenciarse excesivamente del Presidente, puede ser percibido como un factor de división dentro del mismo campo político. La dificultad consiste en encontrar un punto de equilibrio entre cooperación y autonomía; entre contribuir a la gobernabilidad y preservar una identidad política propia.
Ese dilema encuentra su reflejo en el propio Presidente.
Todo liderazgo presidencial enfrenta una pregunta que trasciende el ejercicio inmediato del poder: ¿cómo transformar una victoria electoral en una organización política permanente? La historia demuestra que los presidentes pasan; los partidos permanecen. Resulta comprensible, entonces, que un mandatario aspire a construir una fuerza política capaz de garantizar la continuidad de su proyecto más allá del período constitucional.
Sin embargo, esa estrategia contiene una contradicción que pocas veces se hace explícita.
Un partido presidencial no se construye en el vacío. Necesita congresistas, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y estructuras territoriales. Pero esos dirigentes ya pertenecen a otros partidos. En consecuencia, el fortalecimiento del nuevo partido presidencial depende, en buena medida, de atraer precisamente a quienes hoy integran la coalición que sostiene la gobernabilidad del Gobierno.
Aquí aparece la verdadera paradoja del poder.
Mientras el Presidente intenta consolidar la organización política que garantice la continuidad de su proyecto, puede comenzar a debilitar la coalición parlamentaria que necesita para gobernar. Cada dirigente que migra hacia el nuevo partido fortalece el liderazgo presidencial, pero reduce simultáneamente la cohesión de los partidos aliados. Lo que inicialmente era una relación de cooperación puede transformarse gradualmente en una relación de competencia.
La gobernabilidad deja entonces de depender únicamente de las coincidencias ideológicas. Empieza a depender de los incentivos políticos de quienes integran la coalición. Un partido que percibe amenazada su supervivencia difícilmente respaldará sin reservas el crecimiento de una organización que aspira a ocupar su mismo espacio electoral. El problema ya no consiste en aprobar una reforma o respaldar un proyecto de ley. Consiste en decidir si cada victoria del Gobierno fortalece también a un futuro competidor.
Este fenómeno conduce al tercer dilema, probablemente el más importante de todos.
Abelardo de la Espriella llegó al poder mediante un liderazgo profundamente personalista, narcisista. Su campaña giró alrededor de su figura, de su capacidad para conectar directamente con amplios sectores ciudadanos y de un discurso extremo que privilegia la autoridad, la seguridad y la decisión política. Ese estilo de liderazgo no constituye, por sí mismo, un problema para una democracia constitucional. La historia ofrece numerosos ejemplos de presidentes con fuerte legitimidad personal que gobernaron respetando plenamente el orden institucional.
La cuestión decisiva no es, por tanto, la existencia de un liderazgo fuerte. Lo problemático es cómo reaccionará ese liderazgo cuando las instituciones ejerzan los controles que la Constitución les asigna.
Toda democracia madura se sostiene sobre un delicado equilibrio entre legitimidad electoral y límites institucionales. El Presidente gobierna porque obtuvo el “respaldo mayoritario de los ciudadanos”. Pero el Congreso conserva autonomía para legislar y ejercer control político; la justicia mantiene independencia para interpretar la Constitución; los organismos de control cumplen funciones propias; y la sociedad conserva el derecho a cuestionar las decisiones del poder. Ninguna victoria electoral elimina esos contrapesos. Por el contrario, es precisamente su existencia la que distingue una democracia constitucional de un gobierno sustentado exclusivamente en la voluntad de la mayoría.
Bajo esta perspectiva, la elección del presidente del Senado adquiere un significado distinto. No representa únicamente una controversia política. Constituye una expresión concreta del funcionamiento de los frenos y contrapesos propios del sistema democrático. Un Congreso que conserva capacidad para adoptar decisiones independientes fortalece la institucionalidad, aun cuando ello genere tensiones con el Ejecutivo. La prueba de un liderazgo democrático no consiste en obtener siempre el respaldo de las instituciones, sino en aceptar su autonomía cuando sus decisiones no coinciden con las preferencias del Gobierno.
Los tres dilemas convergen finalmente en una sola pregunta: ¿cómo administrar la transición del poder sin afectar la gobernabilidad democrática?
La respuesta dependerá menos de la intensidad de las controversias públicas que de la capacidad de los principales actores para comprender la naturaleza del momento histórico que atraviesa el país. El uribismo deberá decidir hasta dónde acompaña al nuevo Gobierno sin diluir su identidad política. El Presidente tendrá que definir si prioriza la consolidación de un partido propio o la estabilidad de la coalición que hace posible su agenda legislativa. Y las instituciones estarán llamadas a preservar el equilibrio constitucional frente a un liderazgo que dispone de una legitimidad electoral significativa y de una fuerte conexión con la opinión pública.
Quizá la mayor enseñanza de este momento político sea que las verdaderas transformaciones del poder no comienzan cuando cambia un gobierno. Comienzan cuando cambia el lugar desde el cual se ejerce el liderazgo. Colombia parece encontrarse precisamente en ese punto de inflexión. Lo que hoy observamos no es simplemente el inicio de una nueva administración presidencial. Es el comienzo de una disputa por la reorganización del poder dentro de un mismo espacio político, cuyos resultados definirán no solo la estabilidad del actual gobierno, sino también la configuración futura del sistema de partidos y la calidad de la democracia colombiana.
Las próximas decisiones del Ejecutivo, del Congreso y de los partidos dirán si esa transición se resuelve mediante acuerdos capaces de fortalecer las instituciones o si, por el contrario, abre una etapa de competencia permanente entre quienes comparten buena parte de una misma visión política, pero disputan la conducción del mismo proyecto histórico. En esa respuesta se juega mucho más que la suerte de un gobierno: se juega el nuevo equilibrio del poder en Colombia.
(*) Magister en Ciencias Políticas
- Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
- Investigador en historia política y comportamiento electoral
