Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)
En toda democracia llega un momento en que los ciudadanos deben decidir si escuchan el ruido o escuchan su conciencia. Colombia atraviesa uno de esos momentos.
La campaña presidencial ha estado marcada por emociones intensas, discursos encendidos, promesas grandilocuentes, confrontaciones permanentes y liderazgos que despiertan adhesiones fervorosas y rechazos igualmente apasionados. No es algo nuevo. A lo largo de la historia, las sociedades han sido seducidas muchas veces por figuras capaces de dominar la escena pública, monopolizar la atención y convertir la política en un espectáculo de emociones. Sin embargo, precisamente cuando las emociones alcanzan su punto más alto es cuando más necesario se vuelve el pensamiento crítico.
Porque las elecciones no son concursos de popularidad. No son competencias de carisma. No son espectáculos diseñados para entretener. Son decisiones históricas que afectan el destino de millones de personas.
Por eso resulta indispensable mirar más allá de los reflectores.
Detrás de los gestos grandilocuentes, de las frases estridentes, de las proclamas heroicas y de la permanente búsqueda de protagonismo, los ciudadanos tienen el deber de preguntarse quién es realmente la persona que aspira a gobernarlos. La política democrática exige algo más que entusiasmo; exige examinar trayectorias, contrastar discursos, evaluar coherencias y verificar si existe correspondencia entre lo que se proclama y lo que se practica.
Y es precisamente allí donde aparece la prueba más exigente para cualquier liderazgo.
Toda candidatura construye una narrativa. Toda campaña crea símbolos. Todo dirigente intenta representar una esperanza colectiva. Pero la credibilidad de un proyecto político no depende únicamente de la fuerza de sus palabras. Depende de la coherencia entre su pasado, su presente y sus promesas de futuro.
Cuando las posiciones cambian según la coyuntura, cuando las alianzas contradicen los discursos y cuando las fronteras entre los principios y las conveniencias comienzan a desdibujarse, los ciudadanos tienen derecho a formular preguntas. No por sectarismo. No por fanatismo. No por animadversión personal. Simplemente porque la democracia exige vigilancia crítica frente a quienes solicitan nuestra confianza.
La historia enseña que los riesgos para las repúblicas no siempre provienen de enemigos visibles. Con frecuencia surgen cuando los ciudadanos renuncian a examinar rigurosamente a quienes pretenden representarlos. Ocurren cuando la emoción desplaza a la razón, cuando el espectáculo sustituye al debate y cuando la adhesión incondicional reemplaza el juicio independiente.
Por eso vale la pena reflexionar sobre las contradicciones que inevitablemente aparecen cuando una de las candidaturas se presenta como ruptura absoluta con el establecimiento mientras recibe respaldos provenientes de sectores que durante décadas han formado parte del propio establecimiento. Cuando se invoca una épica de renovación construida alrededor de la oposición entre “los nunca” y “los de siempre”, pero la realidad política muestra la presencia de viejas estructuras, antiguas maquinarias y tradicionales operadores del poder, y personajes percibidos como demasiado corruptos, surge una pregunta legítima: ¿estamos ante una transformación real de la política o simplemente ante una nueva narrativa, una cara remozada, edificada sobre los mismos cimientos de siempre?
La pregunta no es menor. Porque las palabras tienen importancia. Pero las alianzas también la tienen. Los discursos importan. Pero las trayectorias igualmente importan. Las promesas son relevantes. Pero las biografías también hablan.
Y es precisamente desde esa perspectiva que muchos ciudadanos comienzan a formular interrogantes que trascienden a un candidato específico para convertirse en preguntas sobre el país que estamos construyendo.
Me cuesta comprender cómo quienes han encontrado en la educación pública una oportunidad para transformar sus vidas, quienes han visto en el SENA una puerta de acceso al conocimiento, quienes han recibido el respaldo de programas sociales, quienes defienden la naturaleza, la cultura, la ciencia, el bienestar animal o los derechos de las poblaciones más vulnerables, pueden ignorar las implicaciones de respaldar un proyecto político que cuestiona el papel del Estado como garante de esas mismas conquistas. Porque, al final, la discusión no gira alrededor de un candidato, sino de una pregunta mucho más profunda: ¿es posible defender determinadas causas sociales, culturales, ambientales y educativas mientras se apoya simultáneamente una visión del Estado que propone reducir los instrumentos públicos que las hacen posibles?
También me resulta difícil entender cómo trabajadores, empleados públicos, contratistas, madres comunitarias, trabajadoras del ICBF, beneficiarios de programas sociales, adultos mayores que reciben apoyos del Estado, jóvenes que han accedido a becas educativas o familias que han encontrado oportunidades a través de instituciones como el SENA no se pregunten qué podría ocurrir con esos mismos programas, derechos e instituciones cuando respaldan proyectos políticos que proponen reducir el tamaño del Estado, disminuir su capacidad de intervención social o trasladar al mercado funciones que históricamente han sido asumidas por lo público. No se trata de afirmar que tales beneficios desaparecerán automáticamente, sino de formular una pregunta elemental de coherencia política: ¿por qué apoyar una visión de país que cuestiona precisamente los instrumentos estatales que han contribuido a mejorar sus condiciones de vida?
Igualmente me pregunto cómo docentes, investigadores, profesionales universitarios y ciudadanos formados en el pensamiento crítico pueden renunciar precisamente al ejercicio de las capacidades intelectuales que la educación les ayudó a desarrollar. Porque educarse no consiste en acumular títulos ni repetir conocimientos; consiste en aprender a cuestionar, contrastar evidencias, identificar contradicciones, distinguir entre hechos y opiniones, y desconfiar de las respuestas simples frente a problemas complejos. La universidad, la ciencia y el pensamiento académico enseñan que ninguna afirmación debe aceptarse únicamente por la fuerza de quien la pronuncia, por su carisma o por la intensidad de sus seguidores. Por eso resulta legítimo preguntarse cómo personas formadas para analizar críticamente la realidad pueden terminar subordinando el juicio racional a las emociones, los eslóganes, los liderazgos providenciales o las promesas que no resisten un examen riguroso de coherencia, evidencia y viabilidad.
Y me cuesta comprender cómo muchos creyentes pueden ignorar una pregunta elemental sobre la credibilidad. Porque una cosa es la evolución natural de las convicciones humanas, que suele ocurrir lentamente y a lo largo de los años, y otra muy distinta son las conversiones repentinas, las rectificaciones sucesivas y los cambios de postura que aparecen una y otra vez al ritmo de las conveniencias del momento. La fe auténtica suele arraigarse en la profundidad de la conciencia; la estrategia política, en cambio, se adapta con rapidez a las circunstancias. Por eso, cuando las posiciones sobre asuntos tan esenciales como las creencias, los valores o los principios parecen variar con tanta facilidad, la pregunta deja de ser religiosa para convertirse en una cuestión de credibilidad pública: ¿estamos ante convicciones profundas o ante una identidad política que se adapta permanentemente a las circunstancias?
Ahora analicemos. Si existe algo más preocupante que el miedo de quienes temen perder su sustento, es la conducta de quienes están dispuestos a utilizar ese miedo como herramienta política. Porque detrás de cada empleo, de cada contrato y de cada ingreso económico existe una familia, unos hijos, una historia personal y un proyecto de vida. Jugar con esas necesidades esenciales constituye una de las formas más cuestionables de ejercicio del poder. ¿qué pueden decir de ese presunto constreñimiento electoral, en la alcaldía de Armenia, Quimbaya, Montenegro, Circasia y otras?. Allí donde la estabilidad de las personas se convierte en instrumento de persuasión electoral, la política deja de apelar a la libertad de los ciudadanos y comienza a apoyarse en sus vulnerabilidades. Ninguna democracia puede considerarse plenamente sana cuando quienes poseen poder económico, administrativo o político utilizan la incertidumbre de los más débiles para orientar sus decisiones. El voto libre no solo exige ciudadanos valientes; exige también dirigentes capaces de respetar la dignidad y la autonomía de quienes dependen de ellos.
Pienso igualmente en quienes consideran que la soberanía nacional constituye uno de los patrimonios más valiosos de una República. Porque lo más importante de una nación no son sus carreteras, sus edificios o sus recursos naturales. Lo más importante es la dignidad soberana, el sentimiento de pertenencia que une a sus ciudadanos, la conciencia de compartir un destino común y la convicción de que el futuro del país debe decidirse desde el país y para el país. La patria no es una abstracción jurídica; es una comunidad de memoria, identidad, afectos y responsabilidades compartidas. Por eso, cuando una persona aspira a conducir los destinos de la nación, resulta legítimo que los ciudadanos se pregunten dónde reposan sus lealtades más profundas, cuál es su proyecto de futuro y qué significado tiene para ella la pertenencia a la comunidad nacional que pretende gobernar. Porque antes que una cuestión de pasaportes o nacionalidades, la soberanía es una cuestión de identidad, compromiso y arraigo.
Pero, por encima de todas estas discusiones, existe una reflexión aún más importante.
La decisión final no pertenece a los candidatos. No pertenece a los partidos. No pertenece a las encuestas. No pertenece a los influenciadores, a los medios de comunicación, a las maquinarias políticas ni a los estrategas electorales.
Pertenece exclusivamente a los ciudadanos. A hombres y mujeres libres llamados a decidir qué país desean construir.
Por eso este es el momento de actuar con autonomía. De apartarse por un instante del ruido de las redes sociales, de la propaganda, de los eslóganes, de las emociones inducidas y de los miedos fabricados para escuchar algo mucho más importante: la propia conciencia.
Antes de depositar el voto, tal vez valga la pena guardar silencio por un instante y formular algunas preguntas que ninguna encuesta puede responder y que ningún dirigente político puede contestar en nuestro lugar.
¿La Colombia que deseo para mis hijos y mis nietos se parece realmente al país que este proyecto político propone construir?
¿Estoy depositando mi confianza en una trayectoria de vida o en una narrativa cuidadosamente elaborada para despertar emociones?
¿Las palabras que hoy escucho guardan coherencia con los hechos que he visto o conocido a lo largo del tiempo?
¿Las convicciones que proclama este candidato parecen más fuertes que sus conveniencias?
¿Representa un compromiso profundo con Colombia o simplemente una oportunidad para alcanzar el poder?
¿Estoy actuando como ciudadano libre o como espectador de un espectáculo político cuidadosamente diseñado para seducirme?
¿Estoy votando por el país en el que quiero que vivan mis hijos o por el país del que algún día podrían verse obligados a marcharse?
El 21 de junio no se decidirá únicamente una elección. Se decidirá una parte del futuro de Colombia. Por eso, antes de marcar una casilla, piense en el país que sueña para sus hijos, en la nación que desea dejar a sus nietos y en la responsabilidad que tiene con esta tierra que compartimos.
Vote sin miedo. Vote sin presiones. Vote sin fanatismos. Vote con libertad.
Porque ese día usted no decidirá solamente por usted. Decidirá por su familia, por las generaciones que vendrán y por la patria que todos heredamos y estamos obligados a cuidar. Ninguna encuesta puede reemplazar su conciencia. Ningún dirigente puede sustituir su juicio. Su voto libre, informado y autónomo puede parecer apenas una marca sobre un papel. Pero, sumado al de millones de colombianos, tiene la capacidad de definir el rumbo de una nación entera.
(*) Magister en Ciencias Políticas
- Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
- Investigador en historia política y comportamiento electoral
