Por: José Gustavo Hernández Castaño
Radiografía de un entramado que no necesita ocultarse
El negocio perfecto no es el que se oculta. Es el que logra parecer normal.
Respire hondo. Mire alrededor. Y hágase una pregunta que, más que incómoda, resulta metodológicamente inevitable:
¿lo que observamos en la política territorial es competencia democrática… o la expresión de una estructura más profunda de organización del poder?
La respuesta no puede construirse desde la ingenuidad. Requiere teoría.
Porque lo que empieza a evidenciarse en el Quindío no es un fenómeno aislado, ni una suma de coincidencias personales. Es, más bien, lo que la tradición clásica de la ciencia política ha descrito con precisión: la tendencia de toda democracia a ser atravesada —y en ocasiones capturada— por minorías organizadas que concentran capacidad de decisión. Ya lo advertía Gaetano Mosca: toda sociedad, incluso la más democrática, termina estructurándose en torno a una élite que gobierna. Y Robert Michels lo llevaría más lejos: la organización misma de la política conduce inevitablemente a la concentración del poder.
Pero en el Quindío, esa lógica parece adquirir una forma específica: un entramado de poder en la sombra.
No se trata de una afirmación ligera. Es una hipótesis construida a partir de patrones observables: trayectorias que se repiten, nombres que circulan, posiciones que rotan sin perder influencia. Es, en términos de Michel Foucault, una evidencia de que el poder no reside únicamente en las instituciones formales, sino que circula en redes, se reproduce en relaciones y se consolida en prácticas.
Mire los nombres. No para condenar, sino para analizar.
En el ámbito regional, la familia Pareja Giraldo aparece de manera recurrente en distintos niveles de la vida pública: César Augusto Pareja Giraldo, mencionado en diversos espacios políticos como, financiador de campañas, articulador político, gobernante en la sombra; Andrés Mauricio Pareja Giraldo; Duberney Pareja Giraldo, alcalde de Filandia; Gloria Patricia Pareja, con presencia en entidades como la Lotería del Quindío, la Gobernación y la Asamblea; así como otros nombres vinculados en diferentes momentos a entidades como CRQ, EPQ, EPA y Planeación Armenia.
¿Es esto irregular? No necesariamente.
¿Es irrelevante? En absoluto.
Porque cuando las trayectorias familiares y políticas convergen de manera reiterada en espacios de decisión, lo que emerge no es una anomalía, sino un patrón estructural de acumulación de capital político y administrativo.
Ese patrón no se agota en lo local. Se articula verticalmente. Figuras como John Edgar Pérez Rojas o Atilano Alonso Giraldo permiten observar cómo las redes territoriales encuentran proyección en el nivel nacional, configurando lo que podría entenderse como un sistema de intermediación política multinivel.
Y entonces la pregunta deja de ser quién gobierna… y pasa a ser cómo se gobierna realmente.
Porque cuando se desciende nuevamente al nivel municipal —Armenia, Calarcá, Circasia, Montenegro, Quimbaya, Filandia, Salento— aparecen trayectorias políticas que, sin ser idénticas, parecen moverse dentro de un mismo ecosistema de relaciones.
¿Existe una coordinación estructural?
¿O estamos ante una convergencia funcional propia de sistemas políticos altamente interdependientes?
La teoría no obliga a responder de inmediato. Pero sí exige formular la pregunta.
Y es aquí donde la categoría de poder en la sombra adquiere sentido analítico.
No como conspiración.
Sino como forma de organización.
Un poder que no necesita ocupar siempre el cargo visible para incidir en las decisiones. Un poder que se expresa en la circulación de actores entre entidades, en la persistencia de ciertas trayectorias, en la capacidad de influir más allá de los periodos electorales.
La llamada “puerta giratoria” —ampliamente documentada en estudios comparados— aparece en el territorio como un mecanismo de continuidad: nombres que transitan entre concejos, gobernaciones, entidades descentralizadas y administraciones municipales.
¿Implica esto irregularidad? No.
Pero sí plantea una pregunta central en la obra de Guillermo O’Donnell:
¿qué ocurre cuando las instituciones formales conviven con lógicas informales que condicionan su funcionamiento?
Porque el problema no es la existencia de redes.
El problema es cuando esas redes se vuelven estructurantes del sistema político.
Y aquí emerge la hipótesis más incómoda —y, precisamente por ello, más necesaria—:
¿hasta qué punto la financiación de campañas, la ocupación de posiciones administrativas y la asignación de recursos públicos pueden estar operando dentro de un mismo sistema de incentivos políticos?
No es una acusación.
Es una línea de investigación.
Pero es una línea que, cuando se ignora, produce efectos concretos:
- diluye la competencia ideológica
- convierte a los partidos en vehículos funcionales
- normaliza la rotación sin alternancia real
- y, sobre todo, transforma la percepción ciudadana
Porque el ciudadano, enfrentado a estas dinámicas, empieza a resignarse.
Empieza a pensar que la política es, inevitablemente, un juego cerrado.
Y en ese momento, el entramado —si existe— deja de necesitar legitimarse. Se naturaliza.
Ese es el punto crítico.
No la existencia del poder en la sombra, sino su normalización cultural.
Sin embargo, toda estructura de poder tiene un límite: la conciencia de quienes la observan.
Cuando el ciudadano deja de ver nombres aislados y empieza a identificar patrones, el entramado pierde su principal ventaja: la invisibilidad.
Porque el poder en la sombra no se sostiene solo en lo que hace, sino en lo que logra que no se vea.
La pregunta final no es retórica. Es política en el sentido más profundo del término:
¿queremos una democracia que funcione únicamente en su dimensión formal… o estamos dispuestos a comprender —y eventualmente transformar— las lógicas reales que la estructuran?
Porque el problema no es que existan entramados.
El problema es que operen sin ser objeto de análisis, debate y control ciudadano. El problema es que un hecho irregular se normalice. El problema es que, los órganos de control no actúen.
(*) Magister en Ciencias Políticas
- Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
- Investigador en historia política y comportamiento electoral.
