Por: José Gustavo Hernández Castaño
Dicen que la justicia es ciega, pero en Colombia a veces parece que también es sorda y hasta algo tartamuda. Tarda en pronunciarse, se tropieza con sus propias togas y, cuando al fin habla, provoca un eco que retumba más en los micrófonos que en los estrados. Esta vez el eco tiene nombre y apellido: un expresidente cuya sombra lleva más de dos décadas paseándose por los titulares, las portadas y, cómo no, los expedientes. No es el primer caso, y —nadie se engañe— probablemente no será el último.
El fallo en primera instancia ha caído como un trueno en medio de una tormenta que lleva años sin despejarse. Una tormenta de banderas azules y rojas, de arengas en redes sociales, de insultos empaquetados en tuits de 280 caracteres y discursos inflamados que venden la idea de que la justicia es un arma política y no una columna vertebral de la democracia. Y, sin embargo, aquí estamos: ante una decisión judicial que, guste o no, es parte de ese mecanismo que separa la vida en comunidad del simple estado de naturaleza.
La polarización política en la que vivimos desde comienzos de siglo es un teatro sin intermedio. La trama es siempre la misma: un bloque defiende al protagonista con fervor casi litúrgico; el otro, con la misma pasión, pide su cabeza en la plaza pública. En medio, la justicia intenta cruzar el escenario sin resbalarse con la sangre verbal que se derrama. El problema es que, en este país, la justicia no siempre tiene la oportunidad de terminar su papel antes de que le apaguen las luces.
Y mientras los detractores gritan que se trata de una persecución y los defensores celebran como si fuera el gol que define el campeonato, hay algo más profundo en juego: la credibilidad misma del sistema judicial. Porque, si un expresidente —con su ejército de abogados, asesores y aliados— no puede ser juzgado con garantías, ¿quién puede? Y, si lo es, ¿aguantará el sistema la presión de quienes quieren convertir cada audiencia en un mitin político?
Este caso —y los que le precedieron y los que seguramente vendrán— no debería servir para medir la popularidad de un político, sino para tomarle el pulso a nuestras instituciones. El verdadero examen es si el sistema judicial puede mantener la misma precisión en cada fallo, sin dejarse adelantar por la política ni atrasar por el miedo. Lo cierto es que este primer fallo no es una epifanía judicial ni el cierre del capítulo. Es apenas una página más en un tomo y varios volúmenes, cuyo autor parece repetirse demasiado. Y mientras el país procesa esta primera sentencia, la pregunta se asoma sola: ¿qué pasará en la segunda instancia? ¿Se confirmará, se ajustará, se derrumbará? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que el veredicto final no solo se escribirá en los despachos judiciales, sino en las calles, las plazas y las sobremesas familiares. Sea cual sea la respuesta, lo que estará a prueba no será solo un veredicto, sino la coherencia y fortaleza del sistema para sostenerse en medio de la tormenta política y mediática.
La ironía de todo esto es que, en teoría, la justicia debería ser la menos política de las instituciones, y sin embargo cada vez que pronuncia una palabra, en este caso, la temperatura política sube dos grados. Quizá porque la justicia, en Colombia, no solo dicta sentencias: también dicta titulares. Y esos titulares, más que las resoluciones, son los que moldean la opinión pública.
Así que, mientras esperamos que el carillón de la Corte vuelva a sonar en la segunda instancia, queda la pregunta flotando como un reloj sin manecillas: ¿será este otro episodio de la interminable novela política nacional o, por una vez, asistiremos a un acto donde la justicia logre imponerse al ruido, a la pólvora verbal y a la tentación de servir al poder antes que a la ley? Porque al final, lo que está en juego no es un nombre, ni un partido, ni siquiera un cargo pasado: lo que se ventila en estos estrados es la salud misma de nuestra democracia.
