Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)
El asesinato de Oscar David, un joven abogado de 30 años especializado en Derecho Administrativo e hijo del líder social y veedor ciudadano Alejandro Rodríguez, dentro de su propia casa a plena luz del día, no es solo un acto vil, sino también una alerta para los líderes sociales del Departamento.
Es imperativo determinar hacia quién estaba dirigida la acción sicarial, ya que es posible que el objetivo real haya sido su padre, Alejandro Rodríguez. Alejandro no es, ni ha sido, un líder social común. En su labor como veedor ciudadano desde principios de este siglo, contribuyó a la recuperación del servicio de aseo para las Empresas Públicas de Armenia (EPA), el cual había sido entregado a Servigenerales, una poderosa empresa privada enquistada en este lucrativo negocio, manejado desde las sombras por influyentes líderes políticos. Con su dedicación y estudio, ayudó a destapar el detrimento del patrimonio de la EPA, afectado por oscuros negocios en Sucre y Buenaventura, liderados por un exgerente que obedecía órdenes de su jefe político.
Su incansable trabajo ha estado siempre orientado a la defensa de lo público. Este ha sido su norte. Alejandro es un líder reconocido por sus debates fundamentados y su participación en la preparación de cabildos abiertos, oponiéndose a procesos de privatización en el municipio de Armenia y en el Departamento.
Durante la pasada administración de José Manuel Ríos Morales, promovió debates en audiencias públicas y cabildos abiertos sobre la posible privatización de la EPA, SETTA, y cuestionó tanto el dudoso negocio como el polémico estudio de Catastro Multipropósito.
Desde finales del año pasado y a lo largo de este año, ha participado activamente en debates en el concejo municipal de Armenia, denunciando con cifras, datos y nombres las intenciones de privatización de SETTA (particularmente en lo relacionado con las foto-multas), así como los innecesarios y abusivos endeudamientos del municipio, que lejos de impulsar el desarrollo, solo contribuyen al crecimiento de los elefantes blancos y a la dilapidación de recursos que acaban en los bolsillos de una mafia política que ha dominado el poder regional en los últimos 15 años.
Su oposición en los debates y su participación como coadyuvante en demandas que han terminado en el Tribunal Administrativo del Quindío, han resultado en la nulidad de la elección del gerente de EPQ y en la no aprobación y devolución al concejo del acuerdo de las “foto-multas” por vicios de procedimiento. Sin embargo, este acuerdo está en proceso de ser revivido, con la intención de otorgar nuevas facultades al alcalde y contraer más deuda para el municipio, bajo la administración actual de James Padilla García.
La investigación de este asesinato debe llegar hasta las últimas consecuencias, no solo con la captura de los autores materiales, sino también de los autores intelectuales, los verdaderos responsables detrás de este crimen. El Departamento del Quindío no puede volver a los tiempos de Oviedo Alfaro. Hoy en día, existe una mafia política que debe ser desenmascarada por las autoridades de inteligencia encargadas de la investigación.
El asesinato de Oscar David se suma a una larga lista de personas y líderes que fueron asesinados por no quedarse callados y denunciar injusticias, o por oponerse a imposiciones. Entre ellos se encuentran: Rómel Hurtado (2010); un funcionario de la Gobernación en Montenegro (2013); César Augusto Santillano Montoya (2014); Cristian Camilo Toro Rodas, exconcejal de Quimbaya, empresario y líder político (2018); Pedro Amorocho Barragán, abogado penalista (2018); Juan Sebastián Rentería Trujillo, jurídico del Concejo de Armenia (2020); y Rubén Darío Melo, concejal de Armenia (2021).
La fiscalía y los servicios de inteligencia del Estado, tienen la palabra.
(*) Magister en Ciencias Políticas
E-mail: gerencia@bambucomunicaciones.com
