Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)
El Quindío, tierra de montañas y cafetales, no solo guarda historias de cosechas y paisajes verdes. También ha sido, desde su creación como departamento en 1966, un escenario donde se representa —una y otra vez— una misma obra política con distintos actores, pero con idéntico libreto: la distancia abismal entre la democracia que se escribe y la política que se ejerce. Durante casi seis décadas, hemos aprendido a vivir entre dos planos que rara vez se encuentran: el de la institucionalidad formal, reluciente en discursos, leyes y constituciones, y el de la práctica política real, tejida en los corredores sin luz de la burocracia, en los pactos no escritos y en la sombra alargada de intereses que no rinden cuentas. Como en un teatro de títeres, el escenario es público, pero las manos que mueven los hilos se esconden tras el telón.
El Quindío nació en tiempos del Frente Nacional, cuando la alternancia bipartidista se parecía más a un matrimonio forzado que a una competencia democrática. Gobernadores designados desde Bogotá, alcaldes que respondían al poder central y un reparto burocrático cuidadosamente empacado en la etiqueta de “paridad política”. En apariencia, era estabilidad institucional. En la práctica, era un poder vertical, cerrado, controlado por élites cafeteras que hacían de intermediarias entre la Casa de Nariño y la tierra quindiana. Hartlyn (1993) lo describió sin ambages: el régimen de coalición no buscaba democratizar el poder, sino blindarlo. Las instituciones eran la vitrina; los acuerdos por debajo, la verdadera maquinaria.
A finales de los ochenta y principios de los noventa, muchos creyeron que el amanecer democrático llegaba finalmente al Quindío. La elección popular de alcaldes en 1988 y la Constitución de 1991 prometían empoderar a las regiones, romper la dependencia y abrir espacio a nuevas voces. Y sí, hubo aires frescos: liderazgos locales emergieron, la ciudadanía comenzó a tener voz y la descentralización se celebró como el acto fundacional de una política más participativa. Pero pronto se vio que el ropaje era nuevo, aunque el cuerpo seguía siendo el mismo. Las redes clientelistas no desaparecieron; mutaron. Como advierte Gutiérrez Sanín (2007), la descentralización no desmontó las redes de poder; simplemente las localizó. Ahora el poder tenía acento quindiano, pero seguía escondido tras los mismos mecanismos de control político. Los pasillos municipales y departamentales se llenaron de nuevos actores, pero con viejas prácticas: favores por votos, contratos por lealtades y cargos por silencios.
Con el cambio de siglo llegaron nuevas reformas: 2003, 2011, 2015. Se habló de “fortalecimiento institucional”, de “modernización democrática”, de “sistemas de partidos racionalizados”. Pero lo que se fortaleció realmente fueron las maquinarias adaptativas, esas que saben acomodarse a cualquier nueva regla sin soltar el poder. Bejarano (2010) lo dijo con lucidez: las reformas formales no alteran necesariamente las relaciones reales de poder. En el Quindío, esta verdad se volvió paisaje: partidos que aparecen y desaparecen como bisagras al servicio de intereses ocultos, coaliciones que se arman en la penumbra y una democracia que parece más una ceremonia vacía que un ejercicio vivo de soberanía.
La etapa más reciente, marcada por el peso creciente de financiadores privados, redes de influencia y partidos de bolsillo, ha consolidado lo que Garay y Salcedo-Albarán (2010) llamaron “captura y reconfiguración cooptada del Estado”. En esta democracia quindiana de fachada, el ciudadano vota en urnas transparentes, pero las decisiones se cocinan en mesas invisibles. Se eligen alcaldes y gobernadores, pero no siempre son ellos quienes gobiernan. Las decisiones clave pasan por filtros ocultos: padrinos políticos, empresarios que financian campañas esperando contratos a cambio, alianzas que no aparecen en las rendiciones de cuentas. Lo público se vuelve botín. La representación se vuelve pantalla. Y la política se convierte en un acto de prestidigitación.
En esta trama, hay protagonistas y cómplices. Los primeros operan en la sombra; los segundos callan a plena luz. Los órganos de control —Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y Personerías— parecen, muchas veces, instituciones de oídos sordos y lengua muda: observan, reciben denuncias, pero no tocan el nervio real del poder. La impunidad no solo protege; legitima. Y la ciudadanía, acostumbrada a ver desfilar rostros distintos con comportamientos idénticos, comienza a sentir que nada cambia. La indignación se enfría, el escepticismo se vuelve costumbre y la abstención se convierte en el último refugio de la desesperanza.
Pero esta historia no está escrita en piedra. Ningún poder en la sombra resiste cuando la luz ciudadana lo alumbra. Las redes clientelistas, por profundas que parezcan, no son raíces naturales: son construcciones políticas que pueden desmontarse. Cuando la sociedad civil se organiza, cuando los medios libres incomodan, cuando los votantes dejan de ser espectadores pasivos y exigen cuentas reales, las sombras retroceden. Extirpar los gobiernos en la sombra no es tarea fácil ni inmediata. Requiere ciudadanos vigilantes, líderes éticos, instituciones firmes y, sobre todo, un cambio cultural: dejar de normalizar lo inaceptable. El Quindío no necesita héroes mesiánicos; necesita comunidades despiertas.
La historia política del Quindío no es un caso aislado: es el espejo amplificado de Colombia. Durante décadas, hemos tenido democracia en el papel y poder en la sombra. Pero toda sombra, por densa que sea, revela la existencia de una luz posible. El reto no es resignarse a mirar desde la gradería. El reto es bajar al escenario y cambiar el libreto. Porque la democracia no se defiende sola: o la habita la ciudadanía, o la ocupan quienes saben gobernar desde la oscuridad.
Toda sombra es, en el fondo, un llamado a encender la luz. Este no es un texto solo para historiadores o politólogos. Es un llamado para los habitantes del Quindío, para que no dejen su democracia en manos de otros, menos aún en manos invisibles.
Referencias
- Bejarano, Ana María (2010). Democracia y Estado de derecho en Colombia. Universidad de los Andes.
- Garay Salamanca, Luis Jorge, & Salcedo-Albarán, Eduardo. (2010). La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia. Fundación Avina.
- García Villegas, Mauricio. (2009). Normas de papel. Siglo del Hombre Editores.
- Gutiérrez Sanín, Francisco. (2007). ¿Lo que el viento se llevó? Los partidos políticos y la democracia en Colombia 1958–2002. Editorial Norma.
- Hartlyn, Jonathan. (1993). La política del régimen de coalición: El Frente Nacional en Colombia. Tercer Mundo Editores.
(*) Magister en Ciencias Políticas
Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
E-mail: gerencia@bambucomunicaciones.com
gustavo.hernandez@bambucomunicaciones.com
