Un nuevo informe publicado por el relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, encontró que hasta un 80% de los recursos minerales extraídos por empresas se encuentran en territorios indígenas.
“Para satisfacer la expansión de una economía global adicta a la extracción, los Estados y las empresas siguen llegando a regiones cada vez más remotas, en busca de metales, minerales y combustibles fósiles, dejando un legado de contaminación y vertimiento de sustancias peligrosas”, dijo Orellana ante la Asamblea General de la ONU.
“La minería, la exploración y extracción de petróleo y gas, la utilización de plaguicidas tóxicos, el vertido de desechos peligrosos y las actividades militares tienen efectos terribles en los derechos de los pueblos indígenas”, indica el informe.
La exposición a depósitos de hidrocarburos constituyen una forma de violencia ambiental, pues los ponen en situaciones riesgosas para su salud y bienestar. Por una parte, están vinculados a muertes en los pueblos originarios y, por otra, provoca que pierdan sus fuentes de alimentos y plantas medicinales, obligándolos a desplazarse.
Orellana detalló que entre el 50% y el 80% de los recursos minerales destinados a la extracción se encuentran en las tierras y territorios de los pueblos indígenas. Un dato que resalta el informe es que aproximadamente el 70 % de la producción de cobre y uranio se lleva a cabo en estos lugares.
“Las compañías de petróleo y gas continúan explorando y explotando depósitos de hidrocarburos incluso cuando el planeta enfrenta una emergencia climática. Invariablemente, esto se debe a que los Estados promueven las industrias de combustibles fósiles, a menudo en las tierras y territorios de los pueblos indígenas”, agregó Orellana.
El relator resaltó que hacer frente a esta situación es “imprescindible” para su supervivencia, su libre determinación y su autonomía cultural. “La realización efectiva de los derechos de los pueblos indígenas exige el respeto, la protección y la realización de su derecho a un entorno saludable, incluido su derecho a no estar expuestos a sustancias tóxicas y peligrosas”, concluyó.
