El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de ordenar, como medida cautelar, levantar el velo corporativo y embargar a las cuentas de los socios y empresas integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, la cual había firmado un contrato para llevar 10.000 centros digitales para internet en zonas rurales del país.
Con esta medida, se espera que las cuatro empresas que conforman la unión devuelvan los $70.000 millones que el Ministerio de Tecnologías y de la Información le desembolsó como anticipo para un acuerdo que, poco a poco, se ha convertido en un escándalo por presunta corrupción.
Además, se podrá conocer la identidad de los socios que conforman la Unión Temporal Centros Poblados. A la fecha, se sabe que el contratista de internet rural es el resultado de la unión entre Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación; ICM Ingenieros; Intec de la Costa; y Omega Buildings Constructora. Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades deberá escarbar más información, para conocer si eventualmente los recursos públicos están inmersos en otras presuntas irregularidades.
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Fuente consultada: elespectador.com
